Fiscalía indaga por convenios entre Gobernación del Valle del Cauca y ERT

En la lupa $11.000 millones ejecutados por el gobierno Abadía, al parecer, sin cumplir los requisitos legales.

A la complicada situación de Juan Carlos Abadía, quien fue destituido por la Procuraduría y sancionado por la Contraloría (por los mismos hechos que comprometen al gobernador Héctor Useche), se suma otra investigación por corrupción.Se trata de una serie de convenios interadministrativos por un valor que supera los $11.000 millones firmados por la Gobernación del Valle y la Empresa Regional de Telecomunicaciones, ERT.La Fiscalía General designó una unidad especial anticorrupción que visitó Cali hace dos semanas para recoger pruebas sobre dichos negocios realizados durante el año 2009 y cuyo objeto, en su mayoría, hace referencia a la prestación de servicios de comunicación, publicidad y mercadeo para “implementar mecanismos de participación ciudadana con el propósito de vincular a la comunidad vallecaucana con el gobierno departamental”.De acuerdo con uno de los testimonios conocido por este diario, “los contratos carecen de soportes que certifiquen las labores realizadas y comprobantes de los productos difundidos por los medios de comunicación”.El País presenta una síntesis con los más graves cuestionamientos que el órgano investigador halló en su visita.Convenio #253Firmado el 16 de marzo de 2009 con el objeto de adquirir equipos entre ellos una cámara de video, un equipo de sonido, Wi-Fi, computador portátil y video beam; crear seis puntos fijos de redes inalámbricas metropolitanas en el Valle, diseñar el gobierno digital (un website con chat y twitter para el gobernador) y estrategias de comunicación apoyadas con las TIC. Los interventores eran Hugo Salas, jefe de Prensa, y Mellemberg Cardona de Telemática. El convenio se dividió en varios contratos que son cuestionados por la Fiscalía por “falta de soportes, informes de interventoría y ejecución”.El mayor enredo es por la compra de tres pantallas Led por valor de $960 millones que se hizo con B&T Trading, la misma empresa que vendió la pantalla del estadio Pascual Guerrero. “De las tres, los investigadores encontraron una en Jamundí, promocionando publicidad de particulares sin autorización de la Gobernación, y la otra la declararon perdida, pues ningún funcionario del Departamento o de la ERT supo decir dónde estaba”.Tampoco tiene soportes la pauta publicitaria contratada con Luis Guillermo Buitrago de RCN y Andrés Pinzón de Caracol, por valor de $765 millones cada una; sin soporte e informes de interventoría también se encuentran el pago por $525 millones a favor de Guillermo Lombana, a quien se le contrató para que diseñara un estrategia de medios que le permita a la ERT atraer entidades oficiales del orden nacional, departamental o municipal para vender sus bienes y servicios, así como el pago de $924 millones a Silvia Patricia López, exgerente de Telepacífico, a quien se le encargó una estrategia con el mismo objeto de la anterior contratada con Lombana.Convenio #268Firmado el 30 de marzo de 2009 con el objeto de prestar servicios de telecomunicaciones para contribuir a la gestión de la Casa del Valle (Bogotá) en su propósito de posicionar a nivel nacional e internacional el Departamento. Para cumplir esta meta se requería: adquirir equipos de audio, computador portátil, TV plasma, skyline, video beam, zona wi-fi, show room portátil y adecuar un carro valla. También se debían desarrollar servicios para el website y aplicar estrategias de comunicación usando las TIC.A la empresa Brands Colombia le pagaron $674 millones por “implementar una serie de ayudas domóticas, automatizar las luces y dotar la Casa del Valle con alarmas, sistema regulado de energía, etc.“En un peritaje se encontraron goteras, filtraciones en las paredes y el piso hundido, además, no están todos los equipos y no hay inventario, no tienen marcas reconocidas”, dice la Fiscalía.Convenio #269Firmado el 31 de marzo de 2009 con el fin de actualizar los equipos de la Oficina de Comunicaciones, herramienta fundamental para cumplir con su misión de informar en tiempo real a la población en general, dentro y fuera del territorio vallecaucano, las actividades y programas del gobierno.Como interventores fueron nombrados Hugo Salas, jefe de Prensa, y Mellemberg Cardona, de Telemática. El alcance del convenio requería un inventario de los equipos para identificar cuáles se necesitaba renovar, así como los estudios y diseños para adecuar e instalar la planta física donde se ubicaría un estudio de radio, una emisora y un canal virtual de televisión. “Todo el convenio y los subcontratos carecen de soportes y facturas de venta. Mención especial merece la remodelación de la Oficina de Comunicaciones, obra de la que no se anexan los planos con las especificaciones básicas del mejoramiento, tampoco aparecen los planos eléctricos de las adecuaciones que se realizaron en dicho espacio. Tampoco están los soportes detallados del costo de los materiales y la mano de obra.Faltan las facturas de los equipos que se supone compraron y lo que es más grave, según los peritos, dichos elementos no tiene marcas reconocibles, por lo que pueden haber sido comprados en el mercado negro o traídos de contrabando”, concluye.Convenio #189Firmado el 2 de febrero de 2009 para incrementar los niveles de gestión y comunicación entre la comunidad y la Gobernación a través del uso de TIC.“A cuenta de este convenio se realizó una costosa contratación con medios locales por asesorías para planes de medios, difusión publicitaria de cuñas, etc., pero sin una sola constancia sobre las labores que supuestamente se realizaron”, dice el informe en poder de la Fiscalía.Varios de los contratos que se generan a partir del convenio dan vida a los E-Buses, unidades móviles que se debían desplazar a 65 consejos comunitarios junto al gobernador Abadía. “Llama la atención un contrato por $725 millones con la empresa Imperio Temporales para la administración del personal que designe la ERT para las distintas áreas del proyecto”, reza el informe. Y otro por $120 millones con Elean Bautista para la elaboración de pasacalles digitales y tarimas en los consejos comunitarios, “contrato totalmente inconsistente del que no se puede determinar su ejecución”.Convenio #269Firmado el 31 de marzo de 2009 con el fin de actualizar los equipos de la Oficina de Comunicaciones, herramienta fundamental para cumplir con su misión de informar en tiempo real a la población en general, dentro y fuera del territorio vallecaucano, las actividades y programas del gobierno.Como interventores fueron nombrados Hugo Salas, jefe de Prensa, y Mellemberg Cardona, de Telemática. El alcance del convenio requería un inventario de los equipos para identificar cuáles se necesitaba renovar, así como los estudios y diseños para adecuar e instalar la planta física donde se ubicaría un estudio de radio, una emisora y un canal virtual de televisión. “Todo el convenio y los subcontratos carecen de soportes y facturas de venta. Mención especial merece la remodelación de la Oficina de Comunicaciones, obra de la que no se anexan los planos con las especificaciones básicas del mejoramiento, tampoco aparecen los planos eléctricos de las adecuaciones que se realizaron en dicho espacio. Tampoco están los soportes detallados del costo de los materiales y la mano de obra.Faltan las facturas de los equipos que se supone compraron y lo que es más grave, según los peritos, dichos elementos no tiene marcas reconocibles, por lo que pueden haber sido comprados en el mercado negro o traídos de contrabando”, concluye.