Federación Colombiana de Municipios y los alcaldes solicitan al Gobierno soluciones ante impacto de avalúos y rechazan señalamientos

Ante el creciente inconformismo ciudadano por el aumento en los avalúos catastrales y su impacto en distintas regiones del país, la Federación Colombiana de Municipios, junto a alcaldes y alcaldesas, planteó una serie de medidas para enfrentar la situación y pidió al Gobierno nacional asumir su responsabilidad.

A través de un comunicado oficial, los mandatarios locales propusieron “implementar de manera inmediata en todo el territorio nacional la Resolución 0384 de 2026 del IGAC, con un cronograma claro hasta el 30 de junio de 2026, que permita revisar de forma regionalizada los casos atípicos derivados del cálculo automático de avalúos en el marco del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023″.

Asimismo, sugirieron que en los municipios donde no se hayan incorporado las bases catastrales actualizadas antes del 31 de diciembre de 2025, la entrada en vigencia de los nuevos valores se aplace hasta el 1 de enero de 2027. Para ello, anunciaron que solicitarán formalmente al IGAC la certificación de las fechas en las que se integraron estos ajustes en cada territorio.

“Es fundamental que el país entienda que esta situación no es atribuible a los alcaldes. Los incrementos del avalúo catastral que hoy generan inconformidad ciudadana responden directamente a la implementación del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno nacional, una medida que fue definida desde el nivel central y que hoy está teniendo impactos profundos en los municipios”, se lee en la misiva.

De igual forma, en el comunicado resaltaron que “los alcaldes han actuado conforme a la ley”, por lo que no tienen la competencia para modificar estos valores de manera discrecional.

En ese sentido, hicieron un llamado al gobierno del presidente Gustavo Petro para que promueva soluciones concretas que permitan atender la crisis.

“Hacemos un llamado firme al Gobierno nacional, en cabeza del presidente de la República, a no seguir evadiendo su responsabilidad señalando a los mandatarios locales y a detener la desinformación y la estigmatización injustificada. Colombia necesita soluciones, no acusaciones ni amenazas sin sentido”, añadieron.

También advirtieron sobre la necesidad de abrir espacios de diálogo entre el Ejecutivo y los territorios, especialmente para revisar los incrementos que están afectando a pequeños propietarios y zonas rurales.

Para concluir, los mandatarios locales subrayaron que están dispuestos a trabajar de manera conjunta en una salida “técnica, concertada y responsable”, con el objetivo de evitar mayores afectaciones económicas a las familias y mitigar el impacto social en los municipios.