Presuntos errores en la actualización de predios en Dapa desataron jornada de bloqueos; comunidad se pronuncia y exige frenar cobros

La jornada de protestas que terminó afectando la movilidad en la vía Cali–Yumbo este 9 de abril tiene un trasfondo más profundo de lo que inicialmente se conocía.

Un documento firmado y una entrevista de El País, a uno de los afectados por comunidades rurales de Dapa deja en evidencia las razones que motivaron el bloqueo y detallan una serie de solicitudes dirigidas a las autoridades frente al catastro multipropósito.

Desde tempranas horas, habitantes de distintos sectores del corregimiento decidieron concentrarse de manera pacífica, alegando afectaciones económicas derivadas de la actualización catastral. La manifestación coincidió con el paro nacional convocado en varias regiones del país por motivos similares.

El comunicado, suscrito por familias de zonas como El Rincón, Yumbillo, La Olga, Alto Dapa y otras veredas, sostiene que la decisión se tomó en ejercicio de derechos constitucionales.

Según el documento, la protesta responde a los impactos negativos generados por la implementación del modelo de Catastro Multipropósito, respaldado por la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 2057 de 2025 del IGAC.

Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con presuntos errores en la actualización de los predios. Los firmantes aseguran que se habrían establecido áreas y usos que no corresponden con la realidad, lo que derivó en incrementos significativos en el impuesto predial.

Esta situación, indican, resulta aún más crítica debido a las restricciones ambientales existentes en zonas como la Reserva Forestal La Elvira.

Además, el documento advierte que estos cambios han generado una inequidad que impacta directamente la sostenibilidad económica de los hogares rurales. Los habitantes aseguran que, pese a los impuestos que pagan, no perciben un retorno en inversión para el desarrollo de sus territorios.

Frente a este panorama, la comunidad elevó cuatro solicitudes concretas a las autoridades. La primera exige la revisión de la Resolución 2057 en su aplicación territorial, con el fin de garantizar criterios de equidad y realidad económica. También piden suspender temporalmente los efectos económicos derivados de la actualización catastral mientras se corrigen los errores técnicos detectados.

Otro de los puntos clave es la solicitud de frenar de inmediato los cobros asociados al no pago del impuesto predial de 2026, incluyendo intereses moratorios, procesos coactivos o posibles embargos. Según el documento, estas medidas se estarían aplicando sobre bases que consideran incorrectas.

Adicionalmente, los firmantes solicitan mantener beneficios como el descuento por pronto pago, sin que esto implique renunciar al derecho de reclamar o solicitar devoluciones por valores pagados en exceso.

En la conversación sostenida con este medio, el residente también plantea la necesidad de una revisión estructural del modelo de catastro multipropósito, con participación activa de la comunidad y un enfoque diferencial para las zonas rurales. Esta propuesta busca corregir lo que consideran fallas de fondo en la implementación del sistema.

Finalmente, los habitantes reiteran que la movilización no tiene fines políticos y que su objetivo es abrir espacios de diálogo con entidades como la Alcaldía, el IGAC y la Gobernación. La comunidad insiste en que la protesta es legítima y orientada a encontrar soluciones institucionales frente a una situación que califican como desproporcionada.