Exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, exige a Gustavo Petro revertir decisión que elimina esquema clave de seguridad para firmantes de paz

Rodrigo Londoño, conocido como anteriormente como alias Timochenko, le exigió públicamente al presidente Gustavo Petro revertir la decisión de eliminar la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, instancia creada tras el Acuerdo de Paz de La Habana para garantizar la seguridad de los firmantes.

El reclamo se da en un contexto de alta sensibilidad, marcado por el asesinato de casi 500 excombatientes desde la firma del acuerdo.

En un mensaje directo al Mandatario, Londoño recuerda que tanto él como Petro participaron en procesos de paz con el Estado colombiano y subraya que la seguridad de los firmantes es uno de los pilares fundamentales de esos compromisos.

Según afirma, la eliminación de esta subdirección genera incertidumbre y alarma, especialmente en territorios donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

Durante una publicación compartida en su cuenta de X, Londoño señala que en La Habana se acordó la creación de una entidad especializada adscrita a la UNP, regida por los principios de confianza y exclusividad, diseñada específicamente para proteger a quienes dejaron las armas.

A su juicio, el reciente decreto del Gobierno que elimina esta dependencia contradice lo pactado y pone en riesgo a una población que sigue siendo objetivo de amenazas.

El excomandante advierte que los grupos armados continúan presionando a los firmantes del acuerdo y asegura que existen ofertas económicas para asesinar excombatientes, dependiendo de su nivel de experiencia dentro de la antigua guerrilla.

“No es fácil este momento”, recalca, al tiempo que cuestiona que decisiones institucionales se adopten sin considerar el impacto directo sobre la vida de quienes firmaron la paz.

Mientras se desarrolla esta controversia, el nombre de Rodrigo Londoño vuelve al centro del debate internacional. El abogado colombiano Juan Carlos Portilla Jaimes presentó una solicitud ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que se emitan órdenes de detención contra Londoño y otros excomandantes de las Farc, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Portilla argumenta que las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son “manifiestamente inadecuadas” y no cumplen con los estándares internacionales de proporcionalidad y disuasión.

Según el jurista, existe una asimetría entre el trato judicial recibido por excomandantes guerrilleros y el aplicado a miembros de las Fuerzas Militares condenados a largas penas de prisión.

En su solicitud, el abogado sostiene que los acuerdos firmados en 2016 no satisfacen los estándares del derecho penal internacional y afirma que los máximos responsables de crímenes atroces deberían enfrentar penas privativas de la libertad. “La justicia restaurativa no puede sustituir la cárcel”, asegura.