Colombia
Procuraduría destituyó e inhabilitó por ocho años a Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa
La decisión, en primera instancia, se relaciona con el presunto desconocimiento del régimen de incompatibilidades.
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21 de nov de 2026, 12:36 a. m.
Actualizado el 21 de nov de 2026, 12:43 a. m.
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La Procuraduría Distrital de Juzgamiento sancionó con destitución e inhabilidad general por ocho años a Carlos Julián Caicedo Cano, esposo del expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por desempeñar simultáneamente un cargo como asesor del Invías y un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, de Medellín, en el año 2023.
La decisión, adoptada el 13 de noviembre de 2026 en primera instancia, concluyó que Caicedo Cano ejerció simultáneamente como asesor de la entidad estatal y, a su vez, mantuvo un contrato de prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo, desconociendo el “régimen de incompatibilidades aplicable a los servidores públicos”.
En ese sentido, en el fallo de primera instancia, el órgano de control estableció que Caicedo Cano prestó sus servicios como contratista independiente apoyando diversos equipos en la institución universitaria desde enero de 2023, y en ese mismo mes se posesionó en el Invías como asesor del despacho del director de esa entidad.
De acuerdo con el Ministerio Público, dada la investigación y las pruebas, fue posible corroborar que se cumplieron los “presupuestos de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, de conformidad con las consideraciones expuestas”.

El proceso judicial comenzó luego de una publicación del medio La Silla Vacía, del 7 de junio de 2023, que advirtió sobre posibles irregularidades en los vínculos laborales y contractuales de Caicedo Cano con ambas instituciones.
Según el expediente, para ese momento ocupaba el cargo de asesor, código 1020, grado 08, en la Dirección General del Invías, mientras tenía vigente el contrato con la universidad.

La Procuraduría abrió una indagación previa el 14 de junio de 2023 y, posteriormente, el 9 de noviembre de ese año ordenó iniciar la investigación disciplinaria. El proceso avanzó hasta la formulación de cargos, el 4 de junio de 2025.
Aunque la defensa de Caicedo Cano presentó como pruebas una carta de renuncia al cargo dentro de la universidad, la Procuraduría determinó que se había fechado seis días después de posesionado, por lo que estableció que:
“El contrato fue suscrito antes de la posesión en el Invías; la defensa aportó la documentación relacionada con una renuncia presentada el 30 de enero de 2023 y las acreditaciones de actuaciones posteriores dirigidas a finalizar la relación contractual y restituir los honorarios recibidos. Pero esas circunstancias no desvirtúan la responsabilidad disciplinaria ni disminuyen la modalidad de culpabilidad establecida”, se lee en el documento.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la falta del investigado como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Cabe recordar que el fallo de primera instancia puede ser apelado por el investigado.
*Con información de Colprensa.

Comunicadora social con experiencia en comunicación organizacional, creación de contenido digital y redacción periodística y corporativa.
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