En un hecho insólito, familia de niña abusada debió asumir el rol de la Fiscalía; esta es la historia

Lo único peor que pudo experimentar la familia de Y.P Jaramillo, una menor de 16 años de edad del municipio de Miranda (Cauca), víctima del delito de acceso carnal violento el pasado 24 de marzo, fue el desprecio, dicen, con que la Fiscalía, la Oficina de la Mujer y la Sijin tomaron el caso.

Tanto así, que ante la falta de respuesta de las entidades terminaron los familiares, con guantes, en el lugar de los hechos recogiendo y poniendo en una bolsa muestras de fluidos corporales que aún permanecían en el sitio y embalando artesanalmente las prendas de vestir de la niña para que se hicieran las pruebas forenses.

Pruebas que entregaron en el hospital del municipio y que semanas después de haberse registrado el caso de abuso, aún seguían en el centro médico a la espera de que la Fiscalía Seccional Primera de Miranda diera la orden de ir a recogerlas.

“El día que le pasó eso a la niña, la mandamos a comprar un medicamento porque yo estaba muy enferma. Mi hijo llegó de trabajar y le dijo que fuera a la droguería por unas pastas. Ese día era festivo y como las droguerías cercanas estaban cerradas, se fue en la moto con el sobrinito de 3 años de edad para comprarlas”, relata la madre de la menor abusada.

“Ella compró el medicamento y en el momento en que fue a hacer el retorno en la vía, se le subió un hombre atrás en la moto y la obligó a conducir hacia Florida (Valle), pasando el puente, y al llegar al restaurante El Colibrí la metió por un callejón oscuro como a las 7:20 de la noche”, agrega la madre.

De acuerdo con su relato, “la niña regresó a la casa llorando, deshecha; yo me paré enferma como estaba a preguntarle qué le había pasado; lo que me imaginé fue que se había accidentado y le había pasado algo al niño. Al ver que no me decía nada le hablé duro y fue cuando me dijo ‘mami, me violaron’”.

“Ahí salió el hermano que estaba acostado, sin camisa y así salió como loco a buscar a ese hombre; en ese momentico con la gritería salió mucha gente de por acá y se sumaron para ir hasta ese lugar, pero no encontraron a nadie”, recuerda.

“Ella lo que hizo fue abrazar al niño mientras el hombre abusaba de ella, nunca lo soltó, y el niño inocente de lo que pasaba lo único que le decía era ‘tía, te amo’, mientras ella lloraba”.

Drama en segundo acto

Lo que vino luego fue el traslado de la niña hasta el hospital del municipio para iniciar la ruta de atención, pero ninguna autoridad respondió al protocolo.

“Lo primero, es que se supone que era un ‘código fucsia’, pero el portero del hospital le decía a todo el que llegaba que no lo podían atender porque había un caso de violación. Luego se llamó a las autoridades y nadie llegó; fue gracias a que una líder del municipio insistió, que como a la hora y media apareció un policía”, señala la madre.

“Yo fui la primera respondiente de la niña porque me llamaron y fui a hacerle acompañamiento para entablar la ruta”, dijo Martha Cecilia Valencia, presidenta de la Asociación de Juntas Comunales del Municipio, Asocomunal. “Desde el ingreso al hospital intentamos custodiarle a la niña la privacidad, el nombre, y en diez minutos, por alguien del hospital, la gente se dio cuenta y empezaron los comentarios”.

“La primera revictimización de la menor fue esa; la misma comunidad en audios decía que había una niña abusada en el hospital; no decían el nombre, pero sí el de la mamá. Inclusive, en un audio decían que la habían tirado de una camioneta y que la encontraron en una cuneta”, dice la Presidenta de Asocomunal.

Pero en el hospital nunca les avisaron que el kit de atención hospitalaria no estaba completo ni contaban con el personal idóneo para atender el caso de la niña, quien debió esperar hasta el otro día para que la viera un sicólogo porque la del hospital, no vive en el municipio.

“Al otro día yo estaba atendiendo un caso en Mondomo y llamé a la mamá y me dice que personas de la Sijín, que nunca aparecieron, le dijeron como a las 2:00 p.m. que estaban atendiendo el caso de unos muchachos asesinados y por eso no habían podido brindarle la atención a ella”, asegura Valencia.

“Luego en la noche le pregunté por qué no habían dado de alta a la niña si ya tenía que estar en la casa, y resulta que se acababan de dar cuenta que los retrovirales no estaban completos y que estaban esperando que alguien en una ambulancia los trajera (el agresor no utilizó preservativo). Más de 24 horas después”, indicó la líder social.

Agregó que el único que apareció el día del caso fue un policía que solo llegó a poner en duda lo que la niña manifestaba. “De la Oficina de la Mujer tampoco aparecieron y como a los tres días por redes sociales le pusieron un mensaje a la mamá diciendo que si necesitaba apoyo, le dejaban los contactos para que los buscara”.

Dos semanas después de la agresión sexual, la comunidad de Miranda salió masivamente a las calles a protestar ante la desidia con la que consideraban que se había abordado el caso.

Pese a lo ocurrido, la misma institución educativa en la que estudia la niña se negó a acompañar la marcha con el argumento de que se hiciera en horas de la tarde para no perder clase.

“Eso me pareció una vulneración más a los derechos de la niña porque siento que en esos momentos de vulnerabilidad se necesita el apoyo de todos; máxime, cuando en un audio que circuló decían que a otra niña habían intentado cogerla en ese mismo lugar”, indicó la Presidenta de Asocomunal.

Sin embargo, la marcha se hizo y tuvo parada en cada una de las sedes de las entidades comprometidas con el controversial manejo dado al caso.

“En cada parada les decían a los manifestantes el papel de cada entidad, lo que debían hacer y lo que no hicieron en el caso de la niña, y eso no les gustó y la manera de expresarlo fue no investigar y dejar que el caso quede impune”, indicó una comerciante del municipio.

Nadie da la cara

Ante los señalamientos contra la Fiscalía y la Sijín en Miranda, El País intentó consultar la versión de las autoridades y ninguna supo responder por este caso.

El comandante de la Sijín, el subintendente Blanco, solo indicó que “Esa información no la entregamos nosotros; la coordinación la hace la Fiscalía Seccional Primera de Miranda y el doctor es el que le va a dar, si está autorizado para ello, toda la información que reposa en el expediente, pero me siento insultado aquí en mi propia oficina que diga que no hicimos nada. Y no te autorizo que coloques nada de lo que he dicho”.

No obstante, indicó que “nosotros no hacemos un paso sin que el Fiscal nos lo autorice; ‘Blanco (intendente), judiciales, Sijín Miranda, hagan esto, hagan esto y hagan esto. Y nosotros le rendimos un informe a él y él toma decisiones basado en eso y por eso es quien sabe claramente cómo va esa investigación”.

“Una semana después de lo ocurrido, me llamó un médico y me dijo, ‘señora Patricia, usted sabe cuándo van a venir a recoger los exámenes en custodia’ y le dije que no tenía ni idea. Entonces fui a la Sijín a decirle al comandante cuándo iban a ir, y se enojó conmigo que porque el médico me llamó a eso”, señala la mamá de la menor.

Al solicitar información en la Fiscalía sobre el caso, pidieron los datos de lo que estábamos buscando para que la secretaria fuera preparando la información, pero minutos después el encargado de seguridad indicó que el fiscal había salido y que esa información hay que pedirla en la Seccional en Popayán.

“Hace un mes me llamó alguien del hospital y me dijo, ‘me da tanto pesar con este caso porque todavía está la ropa de la niña acá’. Nunca fue la Fiscalía a recogerla. Es más, un mes después de lo sucedido, el fiscal le dijo a doña Patricia que ya tenía lista la orden para ir a recoger el material de las cámaras, cuando todos sabemos que después de unos días esos equipos se resetean y van borrando”, indicó Martha Cecilia Valencia.

El País consultó con fuentes de la Policía en Florida (Valle) quienes aseguraron que no tuvieron conocimiento del caso y que tampoco recibieron una solicitud de apoyo para investigar el caso de abuso sexual a una menor de edad en la fecha que ocurrieron los hechos.

Esto, a raíz de que a la madre le dijeron en la Policía que el hecho ocurrió en otra jurisdicción y ellos no podían cruzar hacia otro municipio.