En medio de reparos, inicia la discusión del Plan de Desarrollo Nacional

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo, razón principal de la sesiones extraordinarias a las que fue convocado el Congreso de la República, no ha arrancado aún de lleno, pero ya surgieron una amplia lista de críticas al mismo, entre ellas, que se le otorgue facultades al presidente de la República para que recorte o cree nuevas entidades en el Estado.

Tras la radicación del proyecto, el jueves pasado, por parte del propio presidente Iván Duque, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, ya notificó a las comisiones terceras y cuartas a que avoquen la discusión de la iniciativa.

La ponencia se abordará de forma conjunta, por lo que tan sólo hasta esta semana las mesas directivas de las comisiones, tanto en el Senado como en Cámara, estarán integrando el grupo de ponentes y no se descarta que esta semana se dé una primer sesión conjunta para definir el mecanismo de trabajo.

Los congresistas de las comisiones económicas tendrán hasta final de marzo para debatirlo, para lo cual se prevé que haya una serie de sesiones en algunas regiones.

La votación del proyecto está prevista para la primera o segunda semana de abril en comisiones, mientras que su discusión en las plenarias se dará a mediados de ese mes y como máximo se prevé tendrá plazo para ser votado la primera semana de mayo. Sin embargo el gobierno espera que quede listo en abril por tarde.

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Mientras se conocen los ponentes y se define el mecanismo de discusión legislativa, el debate público suscitado por la llamada hoja de ruta del gobierno Duque ya comenzó.

La mayor alarma la ha provocado el artículo 181, que otorga facultades extradordinarias al presidente de la República para crear o eliminar nuevas entidades públicas, así como cargos en el Estado.

La representante a la Cámara Norma Hurtado, quien hace parte de la U, uno de los partidos de gobierno, afirmó que el gobierno nacional debe “especificar y soportar con estudios técnicos las entidades que proyecta crear o modificar, el Congreso no puede entregar al presidente Duque un cheque en blanco para reformar la administración central y sus entidades descentralizadas”.

Sobre el tema también se pronunció el representante a la Cámara David Racero, quien manifestó que “en el artículo 181 se establecen facultades extraordinarias para que el presidente Duque cree empleos y organismos, negando el artículo 150 de la Constitución, numeral 7 y 10 que establece aprobación es de parte del Congreso de la República, y se preguntó: “¿dónde queda lo del Estado Austero? ¿Puestos para más mermelada?”.

También se ha cuestionado el artículo que avala la licencia minera express de 30 días, tema que preocupa a los defensores del medio ambiente. Desde el gobierno pasado se insistió en la necesidad de expedir este tipo de permisos de forma más rápida para asegurar los proyectos de inversión, pero sus contradictores aseguran que no daría el tiempo suficiente para evaluar el posible impacto ambiental.

El representante Racero asegura que a través de este mecanismo se ha pretendido autorizar la explotación minera en lugares como el páramo de Santurbán.

La reforma al Sistema de Regalías preocupa por su parte a las regiones porque le quitaría la facultad de definir y aprobar proyectos a los Ocad y se le deja a los ministerios y departamentos administrativos, lo cual es visto como un retroceso en la descentralización. Recientemente, la Federación de Departamentos hizo una advertencia al Gobierno sobre las reglas que se están aplicando en el manejo de las regalías, porque, a su modo de ver, desconocen la autonomía de las entidades territoriales.

Los Ocad, órganos colegiados de administración y decisión, son lo que viabilizan las obras e inversiones que se determinen en especial en lo que incluye en el presupuesto bianual de regalías, el cual tiene para los años 2019 y 2020 la suma de cerca 26 billones de pesos.

Otro cambio que ha generado preocupación es que se le quita la administración de los recursos de inversión al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para pasársela al Ministerio de Hacienda, lo que, según algunos, dejaría al DNP solo como un órgano de evaluación, mientras que los recursos quedarían en manos de un organismo político como el ministerio de Hacienda.

El congresista Racero ha expresado igualmente su preocupación porque se le da la posibilidad a los municipios y departamentos de celebrar vigencias futuras en el último año de gobierno, es decir en 2019, lo cual está prohibido desde hace más de 15 años, para evitar que los gobernantes salientes dejen comprometidos los recursos de sus territorios.

Se critica que se planea modificar los regímenes de asociatividad territorial, eliminando los contratos plan y creando los "pactos territoriales" que deberán estar acorde con el plan de desarrollo del gobierno nacional.

El senador opositor, de la bancada de los Decentes, Gustavo Bolívar, consideró que en el plan de desarrollo hay una normatividad que cambia el objetivo de la tierra a nivel rural, “... quieren volver urbanas esas tierras rurales para quintuplicar su valor. Es un vulgar volteo de tierras. Trataremos de detener este negociado en el Congreso pero les anticipo el resultado. Pasarán por encima”.

Desde las filas del Polo Democrático, el senador Jorge Robledo cuestionó que el Plan de Desarrollo tiene muy poco para mejorar el funcionamiento de la salud en el país. “En el Plan de Desarrollo no se tocará la Ley 100, la primera causa de todas las desgracias de la salud en Colombia, empezando por la corrupción. Pero sí van a poner a todos los colombianos a pagar más por la salud, incluidos los más pobres”.

La representante Hurtado también advirtió que ni en las bases del Plan de desarrollo, ni en el proyecto radicado se tuvo en cuenta que había que destinar un presupuesto a la implementación del acuerdo de paz y a la equidad de género. “Es pertinente recordar que Acto Legislativo 01 de 2016 ordena que por 20 años se incluya una partida para la paz”, dijo.

Hurtado pidió que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluya y ampliado el control del precio de los medicamentos.

El ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, en su calidad de analista, sostuvo que tras leer el proyecto de ley sobre el plan de desarrollo encontró que es “una verdadera coctelera normativa; la gran pregunta que surge desde ahora es: qué va a opinar la Corte Constitucional? Encontrará conexidad con el plan mismo?”.

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