Crisis de la Nueva EPS vulnera el derecho a la salud; Asocapitales exige medidas urgentes del Gobierno Nacional

Asocapitales decidió convocar a una reunión extraordinaria a los secretarios y secretarias de Salud de más de 30 ciudades, para analizar la crítica situación de la Nueva EPS y el impacto que está teniendo en la red hospitalaria del país.

La situación actual compromete gravemente el derecho fundamental a la salud y la continuidad de los servicios en los territorios.

La Nueva EPS, la más grande del país con más de 11,7 millones de afiliados, acumula deudas históricas superiores a los $21 billones.

Según informes oficiales de la Contraloría General, la deuda pasó de $5,42 billones en diciembre de 2022, a $21,37 billones en marzo de 2025.

Existen 22 millones de facturas sin auditar, las cuales suman $22,1 billones.

La Nueva EPS actualmente enfrenta la ruptura de su red de prestadores, tiene miles de quejas por demoras en medicamentos y citas, y una imposibilidad de garantizar la atención oportuna.

En la reunión se dio a conocer que Bogotá registra 1.943 quejas entre enero y septiembre de 2025 y una deuda pública que pasó de $35.000 millones a más de $90.000 millones.

Valledupar tiene colapsada la entrega de medicamentos y atiende pacientes del sur de La Guajira, sur de Bolívar, Magdalena y los 25 municipios del Cesar.

En Cali, la situación afecta cirugías, urgencias y tratamientos de alta complejidad.

Así mismo, en Puerto Carreño el acceso es exclusivamente aéreo y muchos pacientes fallecen sin recibir atención oportuna.

En cambio, Medellín tuvo que invertir más de $400.000 millones para sostener la atención ante la falta de pagos de Nueva EPS y Savia Salud.

“Esta no es una crisis aislada. Es una crisis nacional que se manifiesta con mayor intensidad en las ciudades capitales. Declaramos que esta crisis es una vulneración masiva y continua de derechos fundamentales”, indicaron desde Asocapitales.

En la reunión, las autoridades de salud pudieron evidenciar que las fallas de la Nueva EPS están generando interrupción de tratamientos de cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental; así como riesgo de muerte por falta de acceso oportuno a servicios esenciales, sobrecarga en los hospitales públicos; aumento de tutelas; colapso operativo en urgencias y ruptura de la cadena de medicamentos.

“Lo está ocurriendo es una irresponsabilidad total. El deterioro financiero y operativo de las EPS es evidente: la siniestralidad está desbordada. Vemos casos como SURA, que hace esfuerzos para reducir un punto su siniestralidad, mientras entidades intervenidas como Famisanar y Nueva EPS pasaron de indicadores de 104 a niveles superiores a 130”. dijo Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá.

De igual manera, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó que “el camino debe ser colectivo. Las alertas y llamados individuales no están generando efectos reales ni soluciones estructurales. Por eso proponemos una acción conjunta ante las Altas Cortes, solicitando una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales, con un sustento técnico y jurídico. Es evidente que los derechos fundamentales de millones de colombianos están siendo vulnerados de manera masiva y continua”.

Exigen acciones del Gobierno Nacional

Ante todo esto, Asocapitales exigió, antes de finalizar el 2025, un plan de choque urgente con cronograma público de pagos a hospitales y clínicas.

Además, pidieron garantizar la continuidad de tratamientos críticos y de alto costo, así como implementar flujos directos y trazables de recursos desde el Adres a los prestadores.

De igual manera, acordaron instalar una Mesa Técnica Nacional de Salud de las Capitales con participación de Minsalud, Supersalud, Adres y gremios hospitalarios.