Crimen de Miguel Uribe Turbay: Fiscalía imputó cargos a cuatro presuntos implicados

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro personas presuntamente implicadas en la planeación y ejecución del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el pasado lunes a consecuencia de un atentado contra su vida, realizado el 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Los procesados son Elder José Arteaga Hernández, Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz.

Según el ente investigador, estas personas habrían tenido distintos grados de participación en el crimen, por lo que permanecen privadas de la libertad mientras avanza el proceso judicial.

En el caso de Martínez Martínez y González Cruz, la Fiscalía sumó un nuevo cargo: concierto para delinquir agravado, basado en elementos materiales probatorios obtenidos recientemente durante la investigación. Según el ente investigador, estas pruebas fortalecen la hipótesis sobre su presunta vinculación con una estructura criminal responsable de coordinar el ataque.

El magnicidio de Uribe Turbay se produjo cuando el congresista, de 39 años, adelantaba actividades de campaña para las elecciones presidenciales de 2026. El atentado con arma de fuego lo dejó gravemente herido, y tras 64 días de lucha en una clínica de Bogotá, falleció el pasado lunes.

La Fiscalía aseguró que las investigaciones continúan con el fin de identificar y judicializar tanto a los posibles determinadores como a otros implicados que aún no han sido capturados. Las autoridades han señalado que el crimen fue ejecutado con un alto nivel de planeación y coordinación, lo que refuerza la teoría de la participación de varios actores.

El caso ha generado repercusiones políticas y diplomáticas. Uribe Turbay, integrante del Centro Democrático, era reconocido por su postura crítica frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y por su respaldo a las relaciones bilaterales con Israel.

Tras su muerte, líderes internacionales como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentaron el hecho y lo calificaron como un “crimen atroz contra la democracia”.

En audiencias previas, la defensa de los procesados había argumentado que podrían acceder a beneficios de la Ley de Sometimiento. Sin embargo, el Ministerio de Justicia precisó que este marco legal solo es aplicable para miembros de estructuras armadas organizadas y bajo ciertas condiciones.

Mientras tanto, la familia del senador y sus allegados han acompañado el proceso judicial, pidiendo que se esclarezcan las responsabilidades y que se avance en la captura de todos los autores materiales e intelectuales del crimen.