Comunidades del Catatumbo desmienten versión oficial sobre cumplimiento de acuerdos de paz; advierten paro indefinido

Campesinos del Catatumbo, beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), expresaron su rechazo a recientes declaraciones de la directora del programa, Gloria Miranda, al considerar que no reflejan la realidad que viven en el territorio.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, líderes comunitarios aseguran que persisten incumplimientos por parte del Gobierno nacional frente a los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo de paz firmado en 2016.

Alexander Molina, vocero de las familias vinculadas al PNIS en la región, cuestionó abiertamente las afirmaciones de la funcionaria y pidió un diálogo directo sustentado en cifras verificables. Según indicó, la situación en terreno evidencia retrasos y promesas sin ejecutar, lo que ha generado inconformidad entre los beneficiarios.

“Yo le quisiera decir a Gloria Miranda que nos sentemos en una mesa, que hablemos verdaderamente con números y cifras, y verifiquemos cada acuerdo que se ha hecho con la dirección, o con ella a cargo, y que no se han cumplido”, afirmó Molina.

El programa de sustitución de cultivos ilícitos fue uno de los pilares del Acuerdo de paz de 2016 en Colombia, con el objetivo de ofrecer alternativas económicas legales a comunidades campesinas. Sin embargo, en zonas como el Catatumbo, históricamente afectadas por el conflicto armado y economías ilegales, la implementación ha enfrentado múltiples obstáculos.

Las comunidades denuncian que, en el caso específico de esta región, cerca de 1.800 familias no han recibido los beneficios acordados, lo que ha incrementado la tensión social. Ante esta situación, los campesinos han advertido que podrían iniciar un paro indefinido en las oficinas del programa si no se cumplen los pagos pendientes en los próximos días.

El Catatumbo, ubicado en el nororiente del país, ha sido escenario de conflictos armados y disputas territoriales durante décadas, lo que agrava la complejidad de implementar políticas públicas de sustitución y desarrollo rural. Esta realidad ha llevado a que las comunidades insistan en que los compromisos estatales deben traducirse en acciones concretas para evitar nuevos ciclos de violencia y economías ilícitas.

El pronunciamiento de los campesinos también pone en evidencia las tensiones existentes entre las políticas de “paz total” y su ejecución en territorios periféricos, donde la presencia institucional sigue siendo limitada. Para los líderes sociales, el incumplimiento de acuerdos no solo afecta la confianza en el Estado, sino que debilita los avances logrados tras la firma del proceso de paz.

Mientras tanto, las comunidades reiteran su disposición al diálogo, pero exigen resultados verificables que respondan a las necesidades reales del territorio. La situación continúa en desarrollo y podría escalar en los próximos días si no se presentan soluciones concretas por parte del Gobierno nacional.