Cinco mitos de la Justicia Especial para la Paz

El próximo miércoles se realizará en la plenaria del Senado de la República el segundo de tres debates que requiere el proyecto de ley que busca la reglamentación de la Justicia Especial de Paz (JEP). Este tribunal tendrá la misión de investigar y juzgar los crímenes cometidos en ocasión del conflicto armado.

Y aunque el trámite ya surtió su primer paso en las plenarias conjuntas de Cámara y Senado, son muchas las dudas que todavía rondan a la JEP y que fueron renovadas por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ahora candidato a ocupar la Presidencia de la República.

¿Qué tan cierto es que los expresidentes y muchos colombianos tendrán que pasar por ese tribunal? ¿Que la JEP y todo el acuerdo de paz está incluido como bloque constitucional? ¿que las Farc podrán seguir presentando integrantes para su acreditación de forma indeterminada? El País desvirtúa estos y otros mitos.

En septiembre pasado, la Oficina del Alto Comisionado de Paz publicó un comunicado informando que el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad se cerró el 15 de agosto pasado con 14.178 nombres de milicianos, guerrilleros y personas privadas de la libertad. Sin embargo, Jhon León, asesor de las Farc, explicó que las lista deberán permanecer abiertas “hasta que se hayan terminado de examinar por la Sala de Amnistía e indulto de la JEP la situación legal de todos los integrantes de las Farc”, tal y como se establece en la página 296 del Acuerdo Final y en el Artículo 26 de la Ley 1820 de 2016.

Agregó que las Farc tiene pendientes listas que incluyen nombres que no han sido recibidas por el Gobierno. “Se viene insistiendo en que se cumpla lo acordado, de lo contrario habrá que exigir pronunciamiento de los garantes y de ser posible, iniciativas del orden jurídico”, que serán decididas mañana cuando la dirección del partido realice un cónclave de seguridad jurídica.

Desde antes de que se consolidara el Acuerdo de Paz, los opositores al mismo alegaron que el mismo haría parte del bloque de Constitucionalidad.

Sin embargo, la semana pasada la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que en sí mismo, el acuerdo, no puede ser considerado un mandato constitucional, ni hará parte de la Constitución, ya que es un acuerdo de índole político. No obstante, sí es referente obligatorio para todas las normas que se expidan para implementar el Acuerdo de Paz y que deberá ser respetado por los próximos tres gobiernos.

El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, explicó que con esta determinación se protege la estabilidad jurídica del Acuerdo, pero dejó claro que: “El Acuerdo no tiene en sí mismo un valor normativo, sino que requiere su incorporación a la Constitución a través de reformas constitucionales, leyes aprobadas por el Congreso y los decretos”.

¿Todos los colombianos tendrán que pasar por la Justicia Especial de Paz si han cometido algún delito?

No. La JEP solo investigará a quienes hayan cometido delitos en ocasión del conflicto armado. Es decir, exguerrilleros, exparamilitares, militares y financiadores de la violencia. Entre estos piuede haber empresarios, ese es el temor.

En el acuerdo para la terminación del conflicto, quedó claro que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, una de las tres que conforman el tribunal de la JEP, podrá determinar que hubo casos de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) que se cometieron en razón del conflicto y que por lo tanto podrían llegar a esa justicia.

Los expresidentes no serán investigados por la JEP: “No hay ninguna posibilidad jurídica de que puedan ser llamados. El Acto Legislativo aclara que los delitos que cometan los presidentes o expresidentes serán de competencia de la Comisión de Acusaciones como ocurre hoy”, dice el ponente de la iniciativa, el representante Hernán Penagos.

Antes de que fueran escogidos los magistrados que se encargarán de impartir justicia en el Tribunal de Paz se dudó de su procedencia, se puso en tela de juicio su idoneidad para aplicar la ley y dictar sentencias.

Ya conocidas sus identidades, el revuelo fue mayor. Desde diferentes sectores políticos alegaron que el tribunal estaba constituido por “mamertos”, como lo reiteró en el debate anticorrupción del pasado martes la senadora liberal Vivian Morales. Mientras que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ahora candidato presidencial, asegura que el tribunal está integrado por miembros con un sesgo político.

Y aunque los perfiles de los magistrados no tienen filiación política, algunos expertos como César Rodríguez, de DeJusticia, sostienen que no se pueden “descalificar” los magistrados sin que hayan empezado a impartir justicia.

De los 51 magistrados escogidos, 28 son mujeres; una cuarta parte son indígenas o afros; 26 no son penalistas; 27 son académicos y solo 26) ha estado en la Rama Judicial.

Desde el uribismo se ha dicho que los hombres que hoy las autoridades identifican como grupos residuales de las Farc, son el ‘plan b’ del nuevo partido político en caso de que fracase el proceso de paz. Por eso, desde el fiscal Néstor Humberto Martínez, hasta los ciudadanos de a pie, piden que caiga sobre ellos todo el peso de la justicia ordinaria.

Precisamente, la semana pasada se logró una reunión entre representantes del Gobierno, las Farc y la Fiscalía para discutir sobre este aspecto: “Para los desertores no habrá beneficios. Se ha entendido cabalmente que si no se presentan los testaferros, los activos de las organizaciones es un incumplimiento grave. Y por supuesto la circunstancia de que se tenga que romper cualquier vínculo con el narcotráfico ha quedado totalmente acordada y aceptada”, explicó Martínez.

Así mismo, ayer, el ministro del Interior, Rodrigo Rivera, dijo que “sería injusto que disidentes tuvieran el mismo trato que quienes suscribieron el Acuerdo. Los disidentes serán combatidos”.

Luego de ser estudiado y aprobado el proyecto en la Plenaria del Senado, tendrá que surtir el mismo trámite en la Plenaria de la Cámara de Represen- tantes.