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Cauca fortalece la protección de líderes sociales con la creación de la Mesa Territorial de Garantías
Estas son las acciones de las autoridades regionales para los líderes sociales
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28 de jul de 2026, 04:00 p. m.
Actualizado el 28 de jul de 2026, 04:00 p. m.
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En un contexto marcado por las constantes amenazas, homicidios y hechos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, la Gobernación del Cauca oficializó la creación de la Mesa Territorial de Garantías para Personas Líderes Sociales y Defensoras de Derechos Humanos, mediante el Decreto Departamental 1224 de 2025, con el propósito de fortalecer las acciones de prevención y protección en uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado.
La entrega oficial del decreto se realizó durante la reactivación de la Mesa Territorial de Garantías, un espacio de diálogo y articulación en el que participan entidades del Estado, organizaciones sociales, plataformas defensoras de derechos humanos y organismos de cooperación internacional para coordinar estrategias encaminadas a proteger la vida de quienes ejercen liderazgo comunitario en el Cauca.
Con la expedición del acto administrativo, el Gobierno Departamental busca institucionalizar este escenario de concertación, garantizando su continuidad como un mecanismo permanente para hacer seguimiento a las situaciones de riesgo que enfrentan líderes sociales, autoridades indígenas, campesinas, afrodescendientes y defensores de derechos humanos en los diferentes municipios del departamento.
La iniciativa cobra especial relevancia debido a la compleja situación de orden público que vive el Cauca, donde las disputas entre grupos armados ilegales por el control territorial han incrementado los riesgos para quienes lideran procesos comunitarios, defienden el territorio o promueven la implementación de acuerdos humanitarios.
Organizaciones nacionales e internacionales han advertido que el Cauca continúa siendo uno de los departamentos con mayor número de agresiones contra líderes sociales. Las amenazas, desplazamientos forzados, atentados y asesinatos se presentan con frecuencia en municipios como Argelia, El Tambo, Toribío, Suárez, Corinto, Miranda, Cajibío, Balboa y Santander de Quilichao, donde también persisten fenómenos como el reclutamiento forzado de menores, el confinamiento de comunidades y las restricciones a la movilidad impuestas por actores armados ilegales.
De acuerdo con organizaciones como Indepaz y la Defensoría del Pueblo, la presencia de estructuras armadas ilegales como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y otros grupos ilegales ha incrementado el nivel de vulnerabilidad de líderes indígenas, campesinos, afrodescendientes, comunales, ambientales y de víctimas, quienes permanentemente denuncian amenazas por su trabajo en defensa de los derechos colectivos y el territorio.
Durante la jornada de reactivación de la Mesa Territorial también fueron presentados los avances en la formulación de la Política Pública Departamental de Derechos Humanos, así como los resultados del Chat de Reacción Inmediata, una herramienta creada para facilitar la comunicación entre las instituciones y atender con mayor rapidez las alertas sobre posibles situaciones de riesgo.
Asimismo, los participantes definieron nuevas acciones orientadas a fortalecer el funcionamiento de la Mesa Territorial de Garantías, mejorar la articulación entre las entidades competentes y asegurar la sostenibilidad de este mecanismo de protección.
La administración departamental señaló que estas acciones hacen parte de la estrategia del Gobierno de la Fuerza del Pueblo, enfocada en fortalecer la institucionalidad, promover el diálogo entre las comunidades y las autoridades, y consolidar políticas públicas que permitan garantizar el respeto por los derechos humanos en los territorios.
Finalmente, las organizaciones sociales insistieron en que, además de fortalecer los espacios de diálogo, es necesario avanzar en medidas efectivas de protección y presencia integral del Estado en las zonas rurales del Cauca, donde el conflicto armado pone en riesgo la vida de cientos de líderes sociales y defensores de derechos humanos que desarrollan su labor en favor de sus comunidades.

Soy comunicador social de la Universidad Santiago de Cali y periodista radicado en Popayán desde hace más de 15 años, pero con nacionalidad caleña. Además, soy reportero judicial en una de las regiones más hermosas del mundo, el Cauca.








