Caso de Uribe Vélez da un nuevo giro; Corte suprema revisará la tutela que lo dejó en libertad

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció que asumirá la revisión en segunda instancia de la tutela que permitió la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El exmandatario, quien fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, permanece actualmente en libertad tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

La acción de tutela que le dio la libertad fue resuelta por la Sala Penal del Tribunal el pasado 19 de agosto. En esa decisión, el alto tribunal determinó que la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, cometió errores al momento de imponer la medida de aseguramiento.

De acuerdo con el fallo, los argumentos expuestos para justificar la necesidad de la detención domiciliaria fueron “vagos, indeterminados e imprecisos”, y se apoyaron en conceptos como “la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social”.

Con base en esas consideraciones, el Tribunal permitió que Uribe se defendiera en libertad mientras avanza el trámite de segunda instancia sobre la condena en su contra.

Cabe destacar que, esta decisión no significa su absolución, frente a los delitos impuestos, ya que el proceso judicial por manipulación de testigos sigue en curso y aún está pendiente la revisión definitiva de la sentencia impuesta por la jueza Heredia.

Ahora, la Corte Suprema será la encargada de analizar si fue correcta la decisión que otorgó la libertad al exmandatario. Según fuentes del alto tribunal, la revisión estará en manos de la presidenta de la Sala Penal, la magistrada Myriam Ávila Roldán, junto con los magistrados Gerson Chaverra y Diego Corredor.

Este último será el ponente del caso y liderará el estudio que definirá si se mantiene la libertad de Uribe o si, por el contrario, debe restituirse la medida de detención domiciliaria.

En su fallo original, la jueza 44 penal argumentó que la medida de aseguramiento era necesaria para “preservar la convivencia pacífica y el orden social”, evitar que la ciudadanía creyera que los condenados podían seguir en libertad pese a una sentencia condenatoria en primera instancia y como un mecanismo disuasivo para prevenir la comisión de nuevos delitos.

También sostuvo que permitir la libertad de Uribe podría generar la percepción de un trato desigual frente a la ley, dada la notoriedad del exmandatario.

Heredia agregó que la gravedad de los delitos, por afectar la credibilidad institucional y la confianza en la justicia, justificaba una respuesta “ejemplarizante”. Incluso señaló que, aunque Uribe asistió a todas las citaciones, en las etapas iniciales de su defensa se habrían presentado maniobras dilatorias -sin especificar cuáles— y que el reconocimiento internacional del exmandatario podría facilitar una eventual evasión.

Para la Corte, el reto ahora es determinar si esos argumentos fueron insuficientemente sustentados, como concluyó el Tribunal, o si la jueza actuó de manera correcta. La decisión será clave para el futuro jurídico del expresidente y marcará un nuevo capítulo en el proceso por soborno y fraude procesal que lo involucra.