Gobierno revela la estrategia para frenar llamadas ilegales desde las cárceles y evitar extorsiones

El Gobierno anunció ajustes a los protocolos, contenidos en el Decreto 0851 de 2024, para responder con mayor rapidez a las llamadas y mensajes no autorizados que se originan en establecimientos penitenciarios, anunció la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla.

La funcionaria hizo el anuncio durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde explicó que la revisión se centrará en identificar el origen de las comunicaciones y las tecnologías utilizadas para enviarlas.

“Necesitamos un compromiso de todos los responsables para disminuir los tiempos de actuación”, afirmó Falla, quien señaló que el problema no se limita al funcionamiento de los inhibidores, sino que requiere combinar herramientas tecnológicas y procedimientos administrativos.

Durante su intervención, la MinTIC también señaló que su despacho y la cartera de Justicia establecerán mesas permanentes de trabajo y una línea base para medir la efectividad de las medidas previstas en el Decreto 0851 de 2024. También se coordinarán acciones con los operadores de telecomunicaciones y Meta, debido a las diferencias entre los servicios de telefonía móvil y aplicaciones como WhatsApp.

El Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones trabajan además en mecanismos para dificultar el envío de mensajes de texto empleados en extorsiones y otros delitos, mediante sistemas de identificación, trazabilidad, registro y etiquetado.

Las entidades harán seguimiento continuo a la estrategia para evaluar sus resultados y presentar informes al Congreso y a la ciudadanía.

Por otra parte, el Gobierno anunció que reducirá de 30 a 15 días el tiempo que se está tardando en desactivar las líneas telefónicas que son identificadas como utilizadas para extorsionar desde las cárceles, con la intención de llevar después ese tiempo a ocho días.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que la meta es llevar a cero las llamadas extorsivas originadas desde los establecimientos penitenciarios, que, según cifras preliminares, representan actualmente el 17% del total de llamadas de este tipo.

Según explicó Cancino en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en la que se discutió el tema, el protocolo que existe actualmente para el bloqueo de líneas y equipos que son identificados dentro de comunicaciones ilegales en los centros penitenciarios, no se está cumpliendo.

Información de Colprensa.