Autoridades descubren millonario desfalco por un accidente de drones; Contraloría ya investiga

La Contraloría General de la República estableció un hallazgo fiscal por $ 8.954 millones en la auditoría financiera al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), correspondiente al periodo 2021‑2025.

El monto está relacionado con la pérdida de recursos invertidos en la adquisición y siniestro de dos drones adquiridos mediante el Convenio 483 de 2021, celebrado entre el Fondo Paz (adscrito al DAPRE), la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC).

Irregularidades detectadas en la fase I y II del proyecto

Se identificaron seis modificatorios contractuales durante cuatro años, que aumentaron el valor del convenio en más de $ 33.000 millones, incluidos desembolsos de una segunda fase, sin contar con informes geoespaciales previos ni evidencia de observación efectiva. No se exigieron pólizas de seguro vigentes por parte de la CIAC ni cobertura de las aeronaves siniestradas por parte de la FAC.

Además, existieron diferencias sistemáticas entre los informes de supervisión entregados por la FAC y CIAC y las actas del comité técnico, lo que afectó la toma de decisiones. Todo ello generó un riesgo de pérdida patrimonial, pues los dos primeros drones quedaron sin registro alguno de uso operativo ni resultados concretos.

Este hallazgo presenta similitudes con otros casos auditados por la Contraloría, como el reporte de drones adquiridos por la Policía del Atlántico que no se llegaron a usar y corren riesgo de obsolescencia, por más de $ 1.000 millones.

También se detectó un pago por primas de seguro por $ 1.217 millones para solo cinco drones del Ejército, cuando existen más equipos operativos, lo que evidencia debilidades en la administración de coberturas.

Falta de garantías y control institucional

La Contraloría observó que, pese al siniestro de los dos drones durante la fase I, se aprobó la continuación de la fase II sin resolución contractual ni sanciones al proveedor.

El gestor financiero—Fondo Paz—no solicitó garantías adicionales para la fase II, mientras la FAC no aseguró los bienes entregados. En la auditoría se concluyó que la suspensión y prórroga contractual fue usada como mecanismo para justificar incumplimientos; el rubro siniestrado no fue repuesto ni cubierto con pólizas, y no hubo devolución ni indemnización.

Todo esto, según el ente de control, representa un riesgo inminente de pérdida de recursos sin cumplir el objetivo contractual de fortalecer vigilancia aérea sobre zonas de implementación de las ZEII, volumen para el cual se destinaron $ 38.868 millones. La falta de supervisión contractual, documentación técnica justificativa y medidas correctivas configuran una afectación al interés general.

Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano con base en un comunicado emitido por la Contraloría General de la República, y curado por un periodista especializado de El País.