De La Espriella alista proyecto de ley para militarizar el Inpec: ¿de qué se trata?

El futuro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Colombia enfrenta una etapa de transformación bajo el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, el cual ha planteado una reestructuración drástica que incluye la posible liquidación o traslado de funciones de la entidad.

Y es que la entidad encargada de vigilar, custodiar y rehabilitar a las personas privadas de la libertad en Colombia y que ha estado vinculada al Ministerio de Justicia, podría pasar al Ministerio de Defensa.

La transición institucional que se planea realizar redefiniría la planeación estratégica de la entidad, incluyendo su misión, visión y metas.

Asimismo, exigirá que sus operaciones se alineen estrechamente con el régimen y la disciplina militar, disminuyendo el enfoque en la gestión administrativa tradicional.

El cambio obligará a la entidad a alinear sus protocolos con los estándares de la Fuerza Pública, priorizando la seguridad nacional y la disciplina militar sobre las funciones administrativas previas.

El llegar a sumarse al Ministerio de Defensa incluiría nuevos compromisos estratégicos y operativos.

Al asimilarse al régimen del Ministerio de Defensa, el personal quedará supeditado a las restricciones de la Fuerza Pública, como la prohibición de integrar o conformar sindicatos y hasta las restricciones para ejercer el derecho al voto.

La propuesta, que se discute bajo estricta confidencialidad pero que resuena cada vez con más fuerza en los centros de reclusión, enfrenta hoy el rechazo de los líderes sindicales.

Paradójicamente, se trata de los mismos portavoces que denunciaron hechos de corrupción en el Inpec, pero que guardaron silencio durante la pasada administración de izquierda.

“Son los sindicatos los que impiden decisiones de carácter disciplinario en contra de los funcionarios que incurren en graves conductas. Se acogen a los fueros sindicales y eso complica adoptar las medidas correctivas en procura de suspender o sancionar hechos que atentan contra la transparencia”, dijo una fuente cercana al sistema carcelario a SEMANA.

Aunque el Inpec ha mejorado su capacidad para detectar faltas graves e ilícitos internos, la burocracia y el colapso judicial frenan la destitución de los funcionarios corruptos. La lentitud en los procesos disciplinarios y penales convierte la depuración de la entidad en un camino poco efectivo.

Ante esto, la misma fuente dijo que “la Fiscalía adelantaba varias investigaciones. Incluso en lo que se conoció como un cartel de los fueros sindicales, le ofrecían a funcionarios que estaban siendo investigados vincularlos a los sindicatos y de esta manera evitar las sanciones disciplinarias de urgencia”.

El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella evalúa internamente la iniciativa que se debate con hermetismo en los círculos oficiales mientras genera expectativa en los centros de reclusión.

A su vez, las autoridades evalúan cuál es el mecanismo legal adecuado para efectuar la transferencia ministerial. La incógnita es si el cambio puede realizarse mediante una decisión de la Presidencia de la República o si se requerirá la aprobación de una ley en el Congreso para asegurar su estabilidad jurídica.