Autonomía fiscal, departamentos quieren quedarse con parte de los tributos de la Nación

Por Luz Stella Cardona Ruiz, Redacción de El País

Por estos días en el país se viene dando un debate en torno a la autonomía fiscal que deberían tener los entes territoriales -municipios y departamentos-. Esto no es más que poder contar con los ingresos suficientes en las regiones, sin depender tanto de los giros de la Nación.

El gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón Cardona, viene incluso impulsando la creación de un comité promotor del referendo para dar más autonomía fiscal a los departamentos.

Pero, ¿qué es la autonomía fiscal y qué impacto tendría para la economía y el desarrollo de las regiones del país?

De acuerdo con Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Tributación de la Universidad del Rosario, se trata del poder tributario de crear y recaudar tributos.

En Colombia, solo el Congreso de la República puede crear gravámenes, mientras las entidades territoriales tienen una autonomía fiscal limitada en lo financiero.

Es decir, que los departamentos y municipios solo pueden recaudar los tributos, pero no crearlos. La Nación es la encargada de distribuir estos ingresos a las diferentes regiones para que los inviertan en salud, educación, agua potable y saneamiento básico, entre otros.

Sin embargo, los mandatarios seccionales insisten en que estos dineros, que llegan a través del Sistema General de Participación, SGP, son insuficientes para poder llevar desarrollo económico y social a sus regiones.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, FND, insistió en la necesidad de reformar el Sistema General de Participaciones y promover una regulación que permita la descentralización, “ejes fundamentales en la arquitectura del desarrollo económico y social de Colombia”, dijo.

Propuesta que fue planteada al presidente Gustavo Petro durante la Primera Cumbre de Gobernadores en Cartagena a comienzos de febrero.

Para Amaya, la descentralización implica la transferencia de autoridad, responsabilidad y recursos del gobierno central a entidades departamentales y locales, lo que permite una gestión más cercana y adaptada a las realidades y necesidades específicas de cada zona.

Entre tanto, su homólogo de Antioquia, Julián Andrés Rendón, sostuvo que “en Colombia hay un centralismo asfixiante que impide a las regiones invertir en sus necesidades más apremiantes: hay inequidad porque los municipios tienen rentas propias como el impuesto predial que fueron determinados por la Constitución de 1991, pero los departamentos no”.

Y agregó: “Hay una alta dependencia en las regiones de las transferencias de la Nación mediante el Sistema General de Participación. (…) Cuando fui alcalde de Rionegro, Antioquia, entre el 2016 y el 2019 tenía más recursos de libre destinación anuales que ahora como Gobernador. En Rionegro contaba con $400.000 millones para 150 mil habitantes y en Antioquia tenemos $190.000 millones para 7 millones de antioqueños”, subrayó.

Por eso, plantea un mecanismo de referendo que modifique el artículo 298 de la Constitución, para que solo los departamentos puedan gravar o cobrar las rentas del patrimonio de las empresas y de las personas que residen en ese territorio y afirmó “que ningún departamento sufrirá fruto de este cambio constitucional”.

Es decir que cobre los impuestos a las empresas y personas, pero que ese dinero no se vaya a la Nación sino que se quede en la región.

Por otro lado, la secretaria de Hacienda del Valle del Cauca, María

Victoria Machado, expresó que la propuesta de los 32 gobernadores busca que el presidente Petro presente un acto legislativo ante el Congreso que incremente el SGP al 47 % de los ingresos corrientes de la Nación.

“Para la vigencia 2023, el SGP girado por la Nación al Valle del Cauca correspondió al 25,7 % de los ingresos corrientes del Departamento. Por eso, es muy importante tener este incremento, porque la participación que transfieren hoy para salud, educación, agua potable y saneamiento básico, no alcanza a cubrir las funciones y competencias que nos ha delegado la Nación”, enfatizó la funcionaria.

Según indicó, los $591.000 millones que reciben para educación, solo alcanzan para el pago de nómina y nada más. “Si nosotros podemos mejorar la participación en educación y la calidad educativa, vamos a empezar a transformar de verdad la realidad económica y social de nuestro país”, aseveró Machado.

¿Pastel y pedazo?

Olga Lucía González Parra, directora del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, indicó que los departamentos tienen menos autonomía que los municipios.

“Colombia fortaleció a los municipios en la Constitución del 91, pero a los departamentos les dejó algunas funciones, competencias y responsabilidades, aunque no les dio esa capacidad de crear sus propios ingresos para atender el gasto público”.

Adicionalmente, dijo que los recursos que reciben a través del Sistema General de Participación no son de libre destinación, sino que tienen destinaciones específicas y, por lo tanto, están restringidos para priorizar el gasto según el interés de cada gobierno departamental.

No obstante, González reconoció que la autonomía fiscal representa “un altísimo riesgo para las regiones. (…) Es la Nación la que distribuye a las regiones; si se le da autonomía a ciertos departamentos, esto afectaría a las regiones que no tienen una actividad económica que les pueda generar recursos públicos y también afectaría las arcas nacionales”.

A través de un comunicado, el exdirector de Planeación Nacional Jorge Iván González, que se mostró de acuerdo en participar en el debate académico sobre autonomía fiscal, pero no así del comité promotor del referendo del Gobernador de Antioquia, planteó que “cualquier discusión sobre la descentralización debe garantizar que la mayor autonomía sea compatible con las funciones asignadas a los departamentos, y con la estabilidad fiscal de la Nación”.

Por su parte, el profesor Amorocho recalcó que la Hacienda Pública no es para pensar de manera individualista. “La autonomía fiscal genera individualismo que lleva a un esquema federal”, recalcó.

“El gobernador de Antioquia quiere pastel y pedazo. Quiere los impuestos departamentales y territoriales y ya quiere ir a coger lo poco que le queda a la Nación. El titular de este negocio somos todos nosotros: la Nación. El Congreso nos representa a todos y el Presidente de la República es poder ejecutivo en la medida en que es administrador de los recursos y de la Hacienda. Además habría que modificar la Constitución, eso tardaría tal vez 4 años, lo que pararía la dinámica del Estado y el país no puede parar”, dijo Amorocho frente a la propuesta de referendo.

De igual forma, cuestionó el reclamo de un proceso de autonomía fiscal creyendo que únicamente el recurso le agrega la posibilidad de tener mejor bienestar, ya que no ha sido la experiencia colombiana, porque “cuando nos enfrentamos con la capacidad de administrar nadie sale ganando el examen, ni siquiera la misma Nación, y las entidades territoriales se rajan”.