Así es el 'rompezabezas' del escándalo de las chuzadas en Colombia

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Así es el 'rompecabezas' del escándalo de las chuzadas en Colombia

Enero 19, 2020 - 07:55 a. m. Por:
Elpais.com.co
Chuzadas

Al revisar un recurso de casación, la Corte ratificó dicha pena al señalar que no hubo errores en las decisiones del Tribunal y desechar los argumentos de los exfuncionarios, para advertir que ambos sabían que se trataba de órdenes irregulares.

Colprensa

El escándalo por las ‘chuzadas’ a magistrados, políticos y periodistas, que supuestamente se realizaron desde el Ejército Nacional, según denunció la revista Semana, ya escaló a instancias internacionales.

En efecto, el pasado viernes los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, acciones legales con las que pretenden lograr medidas cautelares frente a esta práctica ilegal que se ha extendido por más de diez años en el país.

Cepeda consideró importante exponer los argumentos que a su juicio están promoviendo la interceptación. “Hay tres objetivos que se han perseguido. De una parte, actuar en contra de quienes defendemos el proceso de paz; en segundo lugar, obstruir o incidir sobre el caso (del expresidente Álvaro) Uribe, y en tercer lugar, debilitar la oposición y la movilización que hay en curso”.

Por ello, la solicitud ante el órgano internacional incluye protección física y medidas de seguridad, pero también celeridad y garantías en las investigaciones que se adelantan en Colombia, por lo que pidieron que “observen” las actuaciones de la Procuraduría y de la Fiscalía que se llevan a cabo una vez salió a la luz el nuevo escándalo.

“Le vamos a pedir que haga una visita a Colombia para que verifique la situación”, agregó el controvertido congresista.

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En razón a los dispositivos electrónicos que manejan las entidades para interceptar comunicaciones, se pidió que la Cidh vigile cómo los están utilizando y que el informe con los resultados sea expuesto a la luz pública en el Congreso de la República: “Se está repitiendo lo que sucedió hace una década con relación al DAS”.

Sin embargo, algunos observadores le restan importancia a las denuncias y aseguran que lo que buscan los senadores Barreras y Cepeda es desprestigiar al Gobierno y sacarle provecho político a las denuncias de Semana

Lo cierto es que la Corte Interamericana, por medio de un comunicado, recordó el episodio de ‘chuzadas’ que padeció el país mientras estuvo en funcionamiento el Departamento Administrativo de Seguridad.

Del mismo modo, sacó a colación la Operación Andromeda, llevada a cabo en 2018, con la que pretendieron interceptar las negociaciones para los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las extintas Farc.

En relación con esto, el organismo conceptuó que las investigaciones sobre el DAS se dieron con lentitud y que las iniciadas sobre las conversaciones de La Habana no han registrado resultados hasta la fecha. Por esto, instó al Gobierno Nacional a adelantar investigaciones “exhaustivas e independientes” para que en esta oportunidad se halle a los responsables.

En su pronunciamiento, la Corte dejó claro que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia sobre las comunicaciones privadas debe estar establecido de forma clara en la ley y debe ser usado en casos “excepcionales” en el que se requiera para alguna investigación judicial.

“La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por esta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”, aseguró, por su parte, la Organización de los Estados Americanos, OEA, rechazando de manera enfática la supuesta persecución a políticos y jueces.

Los hallazgos

El último reporte sobre los hechos denunciado por la revista Semana corresponde a la inspección y recolección de información que realizó personal de la Procuraduría General de la Nación el pasado miércoles en el Batallón de Ciberinteligencia, ubicado en el municipio de Facatativá (Cundinamarca), donde en diciembre ya se había realizado un procedimiento similar, que había sido ordenado por la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana.

El Ministerio Público avanza con las investigaciones y no descarta que estos procedimientos se sigan registrando por cuenta de la indagación que abrieron una vez se conocieron las nuevas denuncias de ‘chuzadas’.
En relación con la primera inspección, la Procuraduría ha dicho que no tiene conocimiento del informe, dado que el proceso está en manos de la magistrada Lombana, en un caso que es reservado.

Ella, quien resultó mencionada en la publicación, pues, según se dijo, el propósito era interceptar sus comunicaciones, no se ha referido públicamente al tema. Sin embargo, han trascendido nombres que podrían generar un hilo que conduciría al motivo por el cual habrían violado su privacidad telefónica.

Al parecer, luego de los allanamientos practicados el 18 de diciembre pasado la integrante de la Corte Suprema de Justicia habría llamado a declarar a cuatro tenientes, tres capitanes, un mayor y cuatro sargentos, entre los que están el teniente Yamid González, el coronel Miltón Rozo, actual comandante del Batallón de Inteligencia, y quienes estuvieron durante el procedimiento adelantado ese día.

Del mismo modo, llamaron ante el alto tribunal a los tenientes Luis Carlos Trujillo y Aura Pérez Mendoza, así como a los capitanes Luis Moreno y Heisen Trujillo. Según se ha podido establecer, ellos deberán testificar en el proceso que se adelanta contra el expresidente Uribe y el que se suscitó con el denominado hacker Andrés Sepúlveda, hoy condenado a diez años por las denominadas ‘chuzadas’.

En todo este entramado también se ha conocido que el abogado Hernando Cucunubá estuvo en la diligencia que adelantó la magistrada Lombana en el Batallón de Ciberinteligencia. Cucunubá, al parecer, es la persona clave cuando algún funcionario tiene líos judiciales por interceptación ilícita de comunicaciones.

Fue el defensor de Luis Carlos Gómez Góngora, excoordinador de la Sala Diamante, la unidad de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación, actualmente en prisión tras ser condenado a pagar cien meses de cárcel por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y falsedad en documento público.

En el portafolio del bufete del que hace parte, Cucunubá se presenta como un abogado “con amplia experiencia profesional en la defensa de militares involucrados en casos relacionados con muertes cuestionadas en combate, ante Unidad Nacional de Derechos Humanos, jueces penales del circuito, jueces penales circuito especializado, Jurisdicción Penal Militar y ante la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos, en investigaciones penales y disciplinarias”.

De hecho, es graduado de la Universidad Militar Nueva Granada. Su carrera en este claustro, al parecer, le sirvió para hacer contactos con quienes hoy ostentan altos cargos no solo en el Ejército sino en otras fuerzas de seguridad del país.

Tal fue esa aproximación que en la actualidad se proclama como un litigante que posee “conocimiento profundo de la estructura y funcionamiento de las Fuerzas Militares y de los diferentes procedimientos que deben adelantar los integrantes del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana la y Armada Nacional”.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual el penalista estuvo durante la diligencia ordenada por la magistrada de la Corte Suprema.

Cabe mencionar que Lombana fue miembro de la Fuerza Pública y conocía el expediente del hoy senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, pero por una serie de recusaciones y decisión unánime de la Sala Plena, de la cual hace parte, el proceso fue retirado de su despacho y pasó a manos del también magistrado César Reyes, de quien se ha dicho que tenía micrófonos en su oficina igualmente.
Antecedentes

Si bien Reyes tampoco se ha pronunciado sobre esta última denuncia, meses atrás había puesto en conocimiento de las autoridades que desconocidos pretendieron ingresar a residencia en dos ocasiones.
Del mismo modo, en diciembre, de manera previa al inicio de la vacancia judicial, dio aviso a la Fiscalía General sobre la existencia de un cableado extraño en su oficina, que resultó ser un micrófono tipo análogo que ahora está en poder del ente acusador.

Una vez culminó la vacancia judicial, miembros del CTI de la Fiscalía hicieron presencia en todas las oficinas de la Sala de Instrucción, ubicadas en el norte de Bogotá. En la inspección hallaron un segundo cableado, como el encontrado en la oficina del magistrado Reyes, pero este estaba en la oficina de un magistrado auxiliar que hace parte del despacho de este último.

Si bien, Compensar aseguró que puso los micrófonos en esas oficinas cuando allí funcionaba su sede, la Fiscalía adelanta labores de inspección, incluso en la oficina del presidente de la Sala, Héctor Alarcón, quien señaló estar preocupado por la situación, pero confiado en que el ente acusador pueda entregar detalles de lo allí encontrado.

El fiscal general (e) Fabio Espitia, por su parte, indicó que será necesario usar una cámara de termografía, que permite detectar huellas al interior de paredes y cielo rasos, así como un analizador de comunicaciones, para verificar si hay dispositivos activos dentro de ese despacho. Del mismo modo, podrán conocer si los micrófonos hallados en las oficinas estuvieron funcionando durante los ocho meses en los que la Sala funcionó allí.

Igualmente, Espitia anunció que se revisarán los computadores personales, las casas, los carros y los celulares de cada uno de los magistrados para descartar cualquier anomalía.

Se espera que en las próximas semanas se tomen decisiones de fondo tanto en lo penal como en lo disciplinario sobre este nuevo caso de interceptaciones ilegales denunciadas por la revista Semana.

“Manzanas podridas”

  • ”Quiero ser muy claro en esto: aquí hay cero tolerancia con cualquier conducta de miembros de la Fuerza Pública que atenten contra la Constitución y la ley. Esa es la instrucción que han tenido siempre todos los comandantes”, fue enfático en decir el presidente Iván Duque, en relación con el nuevo escándalo de interceptaciones ilegales.
  • Agregó que “aquí tenemos unas Fuerzas Militares que se han destacado siempre por ser honorables y estar al servicio de los colombianos, y donde haya manzanas podridas, llevarlos a que se les apliquen sanciones ejemplares”.
  • En ese sentido, Jefe de Estado pidió llegar hasta al fondo en todas las investigaciones sobre hechos de malas conductas.
  • Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró esta semana que por instrucción del presidente Duque se iniciarían “de inmediato las investigaciones internas correspondientes e hizo un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de forma expedita las investigaciones a las que haya lugar, las cuales contarán con el total apoyo del Ministerio y de los mandos militares”.
  • Asimismo, señaló que “en caso de comprobarse la participación de miembros de la Fuerza Pública en hechos que no estén acordes a la Ley, los responsables deberán responder de manera individual ante la justicia colombiana”.

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