Arremetida violenta de los últimos días en el país obedece a ¿un conflicto armado o una amenaza terrorista?

Solo horas después de la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el pasado 7 de agosto, hombres del frente Dagoberto Ramos y la columna Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, activaron un carro bomba y destruyeron el peaje de Mandiva, en la vía Panamericana, lo que fue interpretado como el primer desafío al nuevo Gobierno.

Durante la campaña, y tras su ascenso al poder, el hoy Primer Mandatario no se ahorró en su discurso para advertir a los grupos armados ilegales el fin de los beneficios de la llamada Paz Total de Gustavo Petro y anunciar una arremetida contra las estructuras criminales con todo el poder del Estado y una nueva dinámica en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

A eso atribuyen expertos consultados por El País buena parte de las acciones terroristas que se han registrado en la última semana en varios lugares del país, y en especial en Huila, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo.

La ecuación de la guerra y sus características, de acuerdo con el catedrático y asesor en seguridad Miguel Yusti, va cambiando porque una cosa es el nicho creado por la Paz Total, que generó un crecimiento de los ejércitos armados ilegales, consolidó la economía del narcotráfico y sustrajo de la unidad nacional 526 municipios; y otra cosa es pensar en la recuperación del territorio.

“La decisión del presidente Abelardo de la Espriella es cambiar la ecuación y pasar a la ofensiva para recuperar el territorio, que es una tarea sumamente difícil: intervenir los nichos campamentarios, los laboratorios y darle curso a una variable de la guerra que estaba aplazada y que había pasado a un segundo plano como son los bombardeos”, explica.

El haber retrocedido en materia de seguridad durante el anterior Gobierno, coinciden los analistas, obliga a la toma de decisiones que pueden llevar a la profundización de la guerra en los campos del país y especialmente en municipios pequeños y medianos que se convirtieron en centros de poder de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

El suroccidente del país registró indicadores muy preocupantes en materia de seguridad en el gobierno de Gustavo Petro: dominio territorial; aumento de cultivos ilícitos; actos terroristas como los de Cali, la ciudad con el mayor número de atentados en el país; reclutamiento de menores; asesinatos de líderes sociales; aumento de la extorsión y el homicidio, “todo en el marco de la llamada Paz Total fue la gasolina que generó ese aumento de la criminalidad por parte de diferentes actores”, indica el exsenador Carlos Fernando Motoa.

“Hoy le corresponde al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella corregir; y lo ha hecho con la ley de sometimiento, acabando con la Paz Total y dándole nuevas herramientas a la Fuerza Pública. Pero definitivamente los temas de seguridad tienen que ser de concertación con autoridades locales y departamentales. No solo el discurso, no solamente las recompensas cuando ocurre un hecho delictivo, sino la apropiación de una política real en materia de seguridad que tampoco ha existido en estos territorios, incluido el Valle del Cauca”, detalla.

En medio de esta situación, obligatoriamente tiene que llegar la respuesta de los grupos armados ilegales para contrarrestar la ofensiva, lo que, aseguran los analistas, va a dar curso a la intensificación de la guerra urbana. Incrementos que muy probablemente se verán en acciones terroristas, asesinatos selectivos, extorsiones y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, entre otras.

“Creo que también la puesta en marcha de toda una composición y un diseño, particularmente en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla de cómo las brigadas urbanas, que se llaman así, ya ligadas al narcotráfico, las Farc y el ELN principalmente, van a apostarle a reeditar momentos largos o cortos de lo que fueron las tomas terroristas del 2021. De tal manera que vamos a tener una gran concentración y obviamente hay un elemento importante y es cómo va a ser la transformación de las capacidades de nuestras Fuerzas Militares, particularmente de la Fuerza Aérea, para hacerles frente”, indica Miguel Yusti.

Un papel clave en la recuperación del territorio por parte del Estado, advierten las personas consultadas, será el fortalecimiento de la Inteligencia, que había sido debilitada durante el anterior Gobierno, tras decretarse ceses bilaterales del fuego y la suspensión de órdenes de captura a los jefes de las distintas estructuras criminales.

El contexto regional

Se suma a la situación interna en Colombia, donde hay unos territorios en conflicto, unas disputas por las rutas del narcotráfico y una puja por el control de otras economías ilícitas, factores que agudizan la inseguridad en los territorios, en medio de la dinámica que generan las rutas trasnacionales del crimen organizado y que tienen asiento en Perú, Ecuador, Venezuela y parte de Brasil.

Países con estructuras criminales trasnacionales interesadas en mantener sus propios negocios de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas y el comercio de metales como el oro en toda la cuenca del Pacífico colombiano.

“Creo que los cambios políticos en Perú, Ecuador y Colombia han reafirmado la presencia del Estado en territorios estratégicos y han generado pulsos por las rutas y por el acceso a esos recursos, que son parte del negocio de las estructuras criminales”, detalla el docente y analista Jorge Luis Yarce.

“Eso ha generado una confrontación a todos los niveles entre actores locales y trasnacionales. En el caso colombiano, las disidencias, la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo y todas las subestructuras que están ahí detrás, versus las organizaciones trasnacionales, que en Colombia los más importantes son los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva generación, y una incipiente presencia de un cartel peruano con asiento en la cuenca del pacífico suramericano denominada Los Pulpos”, subraya.

Advierte, además, que “definitivamente sí hay una confrontación con el Estado; el Estado está recuperando terreno de forma importante, está plantando nuevamente las banderas de la República en zonas que han estado a merced de los actores criminales durante mucho tiempo, pero todo depende también mucho de la clase de actor”.

“Las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN ya juraron guerras sin cuartel, pero bajo la idea de que todavía son una guerrilla que tienen algún tipo de principio político e ideológico, mientras que en su base mantiene la defensa o protección de los mercados irregulares para tener los ingresos necesarios que sustenten su guerra armada”, concluye Jorge Luis Yarce.