Reclutamiento de niños indígenas: Las cifras absurdas de una guerra sin edad
NO SON SOLDADOS. SON NIÑOS.
¿Qué ocurre en un pueblo cuando sus niños empiezan a desaparecer? Solo en cinco municipios del norte del Cauca, cerca de seis mil niños abandonaron las aulas de clase entre 2020 y 2025. Muchos de ellos figuran como ‘desaparecidos’ en las estadísticas de las autoridades indígenas y la Defensoría del Pueblo. Otros retornaron en una caravana de carrozas fúnebres tras morir en combates o bombardeos del Ejército. La realidad de un fenómeno que Colombia ha normalizado.
La frase final de la entrevista con ‘Ronald Gómez’, un joven indígena reclutado por las disidencias de las Farc a los 13 años de edad en Cajibío (Cauca), es lapidaria: “Lo peor que me pudieron haber hecho fue haberme quitado la infancia. Fue haberme quitado la oportunidad de crecer al lado de mi familia y ser ese niño educado, ese niño respetuoso que pude haber sido, y hoy día me convirtieron en una máquina de matar”.
Desde una celda en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel San Isidro de Popayán, más que contar su historia, ‘Ronald’ narra una realidad que, asegura, han vivido cientos, quizás miles de niños reclutados en Colombia de manera forzosa, en especial en el norte del departamento del Cauca, para nutrir los ejércitos con los que las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, entre otros, disputan la guerra por el control territorial y las economías ilícitas en todo el país.
No existen cifras reales sobre reclutamiento infantil en Colombia, pero un dato relevante obtenido en esta investigación es que entre enero de 2020 y diciembre de 2025 desaparecieron de las escuelas y colegios de cinco municipios del norte del Cauca 5.834 niños, niñas y adolescentes, según los registros del Sistema Integrado de Matrículas del Ministerio de Educación Nacional. La cantidad suficiente para llenar catorce instituciones educativas, entre jardines infantiles, escuelas y colegios.
Cerca de seis mil menores de edad entre 9 y 17 años, casi todos indígenas de la comunidad Nasa, que para el Estado apenas figuran en la columna de una tabla Excel como ‘Desertores’ de las instituciones educativas de Caloto, Corinto, Caldono, Jambaló y Toribío, los municipios más afectados por el reclutamiento forzado.
Aunque en la comunidad no es un secreto el porqué de la deserción, lo que las autoridades indígenas ignoraban era la dimensión de un fenómeno oculto en el silencio y el miedo de las familias a denunciar en esta región del suroccidente colombiano donde la guerra no es noticia. Donde en susurros se habla del niño que desapareció; de la madre que no denuncia por temor a represalias o del profesor amenazado y desplazado por oponerse a que los menores sean llevados a la guerra.
Fue a comienzos del 2020 que muchos de esos niños y adolescentes que no atendieron el llamado a lista de sus maestros en las escuelas empezaron a llegar en medio de un desfile de carrozas fúnebres que trasladaban casi de manera clandestina los cuerpos de menores muertos en combates en departamentos como Caquetá, Huila, Putumayo, Valle, Cauca, Nariño y Guaviare, entre otros.
Servicios funerarios que se internaban de noche o madrugada por los caminos y veredas de estos municipios para entregar en silencio los cadáveres de niños y niñas en algún resguardo o caserío. Para mantener esta realidad oculta y evitar la presión de las autoridades, las disidencias de las Farc, responsables de más del 75 % de los reclutamientos en el Cauca, asumen los gastos del sepelio y envían con las mismas funerarias una compensación económica a las familias. Adjunta llega también la recomendación de guardar silencio.
“Muchos padres en medio de su dolor han debido sepultar a escondidas a sus hijos hasta en predios de su propiedad porque con el dinero que les mandan llegan también las amenazas. Hoy sabemos que hay niños que figuran como desaparecidos, pero que podrían estar enterrados a un lado de su casa”, explica un líder comunitario del norte del Cauca que pide omitir su nombre por temor a estos actores armados.
Agrega que: “En la Cominera, una vereda de Corinto (Cauca) nos fusilaron a dos niños y fuimos hasta allá y no nos los iban a dejar traer. Ellos pagaron todos los gastos y le dieron dinero a la mamá como comprando silencio. Son funerarias de los pueblos que se pelean los jóvenes asesinados. Pero hay un miedo muy grande en las comunidades y en las mismas familias de hablar”.
Datos solicitados a la Defensoría del Pueblo revelan que entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de julio del 2026 recibieron el reporte de desaparición de 1.218 niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por los grupos armados que se disputan el control de los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico en Colombia. De ellos 623, más del 50%, corresponden a niños y adolescentes indígenas del departamento del Cauca.
“Pensaría uno que el fenómeno de acudir a los menores de edad para ampliar sus filas viene descendiendo. Infortunadamente vemos que no; lo que tenemos es que estas cifras son únicamente la punta del iceberg. La mayoría de casos que sabemos que existen y que también tenemos conocimiento, no llegan a la Defensoría del Pueblo. En los últimos años ha subido el reclutamiento forzado, pero ha subido también el subregistro”, subraya la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Si bien el reclutamiento no es un fenómeno nuevo (las extintas Farc se apoderaron en 20 años de 18.711 menores de edad, según la Jurisdicción Especial para la Paz), la falta de implementación de los acuerdos logrados en La Habana abrió la puerta al surgimiento de grupos disidentes, que junto a otros actores armados llegaron a regiones como el Cauca a disputarse esos espacios que debió copar el Estado. La necesidad de combatientes para disputar la guerra del posacuerdo dejó en el punto de mira a los niños y niñas indígenas del Cauca.
El general Federico Mejía, excomandante del Ejército en el Cauca, asegura que existe una razón estratégica cínica por parte de estos grupos armados ilegales a la hora de reclutar a niños indígenas. “Ellos prefieren a los niños Nasa porque los consideran, bajo un estereotipo histórico, como un ‘pueblo guerrero’ y con alta resistencia física. Esta visión instrumentaliza la identidad indígena para convertirla en combustible bélico”.
Consideración que comparte Feliciano Valencia, asesor en asuntos políticos y de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), al asegurar que “el pueblo Nasa es la mayor víctima de este delito por su condición, su mentalidad guerrerista y su capacidad de aguante en situaciones críticas. Parece que estuviéramos diseñados para ese tipo de oficios, lamentablemente; y esas características son muy apetecidas por los grupos armados”.
“Algún día un mando guerrillero dijo: ‘nos encanta tener indios del Cauca porque son bravos para la guerra’. Eso quiere decir que ellos han hecho una caracterización de lo que son los indígenas de este departamento, especialmente del pueblo Nasa, y por eso llegan a hacer ese proceso de reclutamiento en nuestros territorios y comunidades”, agrega Feliciano Valencia.
El reclutamiento
Para las comunidades indígenas del norte del Cauca la esperanza de paz duró tan solo cuatro meses. El acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc se firmó el 26 de septiembre de 2016 y a partir de los primeros días de enero de 2017 sintieron el acecho, especialmente del Frente Dagoberto Ramos y la Columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, con ofrecimientos a sus niños, niñas y adolescentes.
En el pasado quedó la vieja táctica de retener a los niños y llevarlos de manera forzada para enrolarlos en las filas de estas organizaciones armadas. En la última década ese reclutamiento se hace de manera ‘voluntaria’ e imperceptible.
El motor de esta forma de plagio han sido los ofrecimientos de elementos materiales que difícilmente una familia humilde en el campo, como la gran mayoría de las familias indígenas, pueden darles a sus hijos; ‘regalos’ que van desde unos tenis costosos, un teléfono de alta gama, una motocicleta o la promesa de salarios millonarios para extraer a los niños de sus resguardos. Incluso, han sabido las autoridades indígenas del Cauca que a esos niños reclutados les pagan también una comisión por cada menor que logre llevar a las filas.
El reclutamiento consiste, asegura el exintegrante de las disidencias de las Farc ‘Ronald Gómez’, “en llegar a los territorios y mostrarles a los menores algo que no hay dentro de su organización: lujos, por ejemplo; el tema de portar un arma, que hoy día usted ingresa y le dan de una vez un arma; carros de alta gama, bienes, dinero, el poder controlar los territorios y poder demostrar que es superior a los demás. Eso hace que los niños y los adolescentes decidan tomar ese camino”.
Las nuevas tecnologías han jugado también en contra de los menores y el algoritmo de redes sociales como Tik Tok, Instagram y Facebook han permitido también que algunos niños y niñas empiecen a ser atrapados por estas organizaciones en el ecosistema digital.
Aunque se supone que las escuelas son espacios seguros, los caminos hacia las sedes educativas del norte del Cauca son territorio del victimario y se han convertido también en escenarios en los que grupos armados arrastran a niños, niñas y adolescentes al conflicto. Escuelas que han dejado de ser históricamente refugios seguros para convertirse en terrenos de persuasión y caza.
Instituciones educativas de formación étnica como Quintín Lame y Sesteaderos en Toribío; Kwesx Uma Kiwe, en Caldono, y Kwe’sx Piya Yat, en Jambaló, registran la deserción de hasta 250 alumnos en un año, según la base de datos obtenida del Ministerio de Educación, en la que el año 2023 es especialmente dramático.
“Lo que es claro es que la mayor cantidad de reclutamientos se da en el norte del Cauca y van dirigidos en contra de menores de edad, principalmente indígenas (…) esto demuestra que el reclutamiento es también un reflejo de la discriminación étnica en nuestro país y los menores de edad de estos pueblos étnicos tienen menos condiciones de protección frente al reclutamiento”, detalla la defensora del Pueblo, Iris Marín.
La Acin ha denunciado también presiones y amenazas por parte de estos grupos contra docentes y rectores de colegios que se oponen y hacen campaña entre los estudiantes en contra del reclutamiento infantil. Varios han sido asesinados o desplazados de sus territorios.
“La narcocultura ha erosionado la autoridad de los mayores, sustituyendo el prestigio del saber ancestral por el del consumo material. El fusil se presenta como una vía de ‘crecimiento personal’ falaz, donde el acceso a lujos reemplaza el proyecto de vida comunitaria”, explica Feliciano Valencia, asesor del Cric y la Acin.
El amor, los sentimientos y las necesidades de las niñas indígenas también cobran valor en la guerra. Las menores no solo son utilizadas emocionalmente para llevarlas a los campamentos, sino que son explotadas sexualmente y utilizadas para seducir a otros niños en sus comunidades o escuelas y sumarlos a las filas.
“Vemos niñas de 10, 11 o 12 años ilusionadas completamente, imaginando el amor de su vida, pero juegan con sus sentimientos y sus necesidades. Hemos rescatado niñas que nos decían que el maldito que las enamoró se preocupó por ellas durante cinco o seis meses; las llaman, les envían dinero y luego les dicen que se van a ir juntos y las meten al campamento, luego el hombre desaparece dejándola allá metida. Las que hemos logrado recuperar llegan deshechas”, cuenta una exconsejera de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
Para las comunidades indígenas la mujer es el pilar de la existencia, la dadora de vida, por lo que su sustracción forzada representa un golpe letal a la pervivencia del tejido cultural.
El reclutamiento forzado despoja a los niños de su infancia para integrarlos tempranamente al entorno del conflicto armado en el Cauca.
Pero existe otro método silencioso de captación y adoctrinamiento pasivo a través de acciones sociales de estos grupos en los territorios de su interés. Aquí no hay promesas, solo hay un orden, hombres armados y familias que entienden demasiado tarde que el niño ya no está bajo su custodia. Todo oculto en patrocinio de fiestas, eventos y ‘regalos’ que terminan las comunidades pagando a un alto costo.
“Lo que buscan estos grupos dando regalos en Navidad, útiles escolares o haciendo torneos de fútbol es generar cercanía con las comunidades; eso es otra forma de adoctrinamiento y preparación para la vinculación. Tarde o temprano terminará vinculado al grupo armado y tristemente más temprano que tarde. Hay casos como el del niño de 4 años que dice: ‘mire, el cuaderno me lo regaló don Jaime. Y quién es don Jaime, pues es la columna Jaime Martínez de las disidencias”, asegura Hilda Beatriz Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado (Coalico).
“Usualmente tenemos la idea de que el reclutamiento es ponerle un uniforme, darle un fusil y llevárselo para el monte, pero hoy no funciona así; hoy el niño o la niña hacen parte de la estructura, siguen en su casa y van al colegio, pero no dejan de ser parte de un grupo armado y víctimas del conflicto”, detalla Hilda Beatriz.
Los victimarios
La reconfiguración del conflicto ha consolidado al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc como el principal victimario de la niñez Nasa. La gravedad de su accionar ha llevado a la Fiscalía General de la Nación a imputar a las disidencias de alias Iván Mordisco por el delito de etnocidio, reconociendo que el reclutamiento sistemático tiende a la destrucción de la estructura social indígena.
Entre los mayores reclutadores figuran los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño y Franco Benavides, pero la niñez indígena también ha estado en el punto de mira de otras organizaciones armadas como la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo (EGC) y varios grupos de seguridad al servicio del narcotráfico.
En respuesta a un pedido de información al Ministerio de Defensa Nacional, el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia (Gahdasij) indica que entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de agosto del 2026 han registrado los casos de 1.571 niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado o han sido recuperados de las filas de los grupos armados ilegales.
Advierte la respuesta que esta cifra representa solo una parte, seguramente menor, de las víctimas y que aún son muchos los padres, hermanos, compañeros, docentes o abuelos que esperan noticias de sus niños. Datos irreales, pero que revelan una crisis desbordada. De ellos, 608 eran niños y niñas de comunidades indígenas (38,7% del total), cifra que sería muy superior porque en 691 registros no aparece la identidad étnica del menor.
Estas estadísticas confirman también que los grupos residuales de las extintas Farc son los máximos reclutadores de niños y niñas en todo el país y principales victimarios de los menores indígenas del Cauca. De los 1.571 niños recuperados de la guerra, 1.198 estaban en las filas de las disidencias de las Farc (76,2%).
“A inicios del 2017 arranca la disputa sangrienta por el control del territorio y lo que hicimos como comunidad fue retomar el Plan Minga en Resistencia, que son estrategias de protección colectiva y establecimos puntos de control para saber quién entra y quién sale del territorio. ¿Qué pasó? Empezaron estos grupos a individualizar los liderazgos e iniciaron los asesinatos selectivos”, recuerda otro líder del Consejo Regional Indígena.
La situación fue tan tensa y confrontacional entre los grupos disidentes de las Farc y los integrantes de la guardia indígena, que para el 2019 no podían salir al territorio con su simbología porque tras su lucha por evitar el reclutamiento de niños, llegaron amenazas de muerte a cualquiera que hiciera parte de la autoridad ancestral.
Por primera vez en la historia los cabildos del norte del Cauca habían visto caer a 19 de sus principales guardias asesinados; un golpe al corazón mismo de la estructura. Primero fue Gerson Acosta Salazar en el 2017; para el 2018, Edwin Dagua Ipia; en el 2019 mataron a Cristina Bautista y en el 2021 cobraron la vida de Argenis Yatacué, entre otros; máximos dirigentes que murieron portando sus chontas de mando.
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Es el responsable directo de la alarmante crisis humanitaria en el suroccidente del país, liderando estructuras como los frentes Dagoberto Ramos y Carlos Patiño. Se le señala como el mayor reclutador de menores indígenas del pueblo Nasa, a quienes arrebata de sus escuelas y resguardos para enviarlos como primera línea a morir en el Cañón del Micay. Su accionar incluye extorsión masiva, asesinatos selectivos de líderes sociales y un control absoluto del narcotráfico en la región Pacífico.
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Fue el primer comandante guerrillero en rechazar abiertamente el Acuerdo de Paz de 2016, manteniendo sus estructuras en armas en el suroriente colombiano.Bajo su mando, el EMC consolidó un vasto imperio de narcotráfico, minería ilegal y extorsión, expandiendo su control territorial mediante la violencia. Se le atribuye una política sistemática de reclutamiento forzado de menores, especialmente indígenas y campesinos, para engrosar sus filas. A pesar de intermitentes negociaciones de paz, su facción continúa siendo una de las principales amenazas de seguridad en Colombia.
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Históricamente vinculado al Bloque Magdalena Medio, consolidó su poder militar y financiero mediante el control estricto de rutas de narcotráfico y economías ilícitas.‘Calarcá’ se convirtió en un articulador estratégico para la expansión territorial de las disidencias, destacándose por su brutalidad y el reclutamiento masivo de menores para sus frentes de guerra. Recientemente, protagonizó una división con ‘Iván Mordisco’, asumiendo el liderazgo de una facción disidente con la que el gobierno tenía negociaciones, pese a sus graves requerimientos judiciales y violaciones humanitarias.
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Reconocido por su ostentoso estilo de vida durante su época en las Farc, se especializó en el control del narcotráfico en la Orinoquía y la Amazonía, tejiendo alianzas con carteles internacionales.Tras rechazar su continuidad en el proceso de paz, operó inicialmente de manera independiente antes de aliarse con la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’.Su rol es fundamental en la logística, el lavado de activos y el abastecimiento de armas. Las autoridades lo señalan como un reclutador persistente, financiando la guerra mediante la instrumentalización de jóvenes vulnerables en zonas fronterizas.
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Con décadas de experiencia en las Farc, fue designado inicialmente para unificar disidencias, pero rápidamente consolidó su propio proyecto armado en el oriente colombiano.Su capacidad organizativa le permitió agrupar múltiples frentes y desafiar el poder de la Segunda Marquetalia. Fue el principal arquitecto de la política de reclutamiento masivo posacuerdo, utilizando menores como ‘carne de cañón’ en combates territoriales. Su caída desencadenó una reestructuración absoluta del mando criminal bajo las directrices de ‘Iván Mordisco’.
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Sin embargo, su perfil diplomático contrasta drásticamente con su prontuario militar como comandante de estructuras disidentes en el Magdalena Medio y el nororiente colombiano.Bajo su liderazgo operativo, estas facciones han mantenido el reclutamiento forzado de adolescentes para sostener el control territorial frente al ELN. Pese a presentarse como vocero político, enfrenta múltiples reactivaciones de órdenes de captura por crímenes de lesa humanidad, masacres, extorsión y secuestro sistemático en todas sus zonas de influencia armada.
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Como veterano miembro del Secretariado, intentó revivir la estructura ideológica y militar de la antigua guerrilla, aliándose con carteles del narcotráfico desde la frontera venezolana.Su organización se disputa violentamente el territorio con el EMC, generando desplazamientos masivos. ‘Márquez’, quien sobrevivió a un grave atentado, mantiene requerimientos internacionales. Su estructura perpetúa el reclutamiento de menores y la instalación de campos minados, demostrando la degradación absoluta de su fallido proyecto político frente a las economías ilícitas.
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Representa el ala más radical y militarista de esta guerrilla, oponiéndose históricamente a concesiones en procesos de paz.Con formación ideológica y militar, dirige una organización altamente federada que ejerce el control mediante el terrorismo, el secuestro extorsivo y sabotajes a la infraestructura petrolera. Las autoridades lo acusan de mantener como directriz sistemática el reclutamiento forzado y la instalación de minas antipersona, utilizando a menores en áreas críticas como el Chocó, el Cauca y el Catatumbo para sostener sus enfrentamientos.
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Aunque maneja el discurso político y diplomático del grupo, comparte la responsabilidad penal y estratégica por los crímenes de guerra cometidos por las estructuras armadas en todo el territorio nacional. Como miembro activo del COCE, su firma avala las directrices militares que permiten el uso de menores en el conflicto armado, el secuestro y el financiamiento ilícito. Su dualidad entre vocero de paz en la mesa internacional y comandante de un grupo insurgente genera constante tensión y desconfianza gubernamental.
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Operando principalmente desde Arauca y la frontera con Venezuela, se lucra del contrabando, la extorsión a multinacionales y el narcotráfico. Es considerado el mayor opositor interno a cualquier acuerdo de paz, responsable de sangrientos atentados urbanos, incluyendo la bomba a la Escuela de Cadetes en Bogotá. Su frente destaca por reclutar sistemáticamente a menores migrantes y campesinos de la zona fronteriza, utilizándolos como informantes y combatientes bajo estricto control territorial en las rutas ilegales.
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Inició su carrera criminal en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y heredó un vasto imperio narcotraficante que se extiende por el Urabá, Chocó y la costa Caribe. Dirige la organización narcoparamilitar más grande del país, responsable del envío de toneladas de cocaína al exterior. Impone su control mediante paros armados, sicariato y extorsión, manteniendo una fuerte política de reclutamiento de jóvenes desfavorecidos para sostener sus guerras territoriales contra el ELN y las diversas disidencias de las Farc.
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Con amplia experiencia en la intimidación armada, es el encargado de consolidar el poder del grupo en subregiones como Antioquia y Córdoba, coordinando redes de microtráfico, extorsión a mineros y minería ilegal. Lidera las operaciones de control social en los territorios, persiguiendo a líderes sociales y ordenando homicidios selectivos. La Defensoría del Pueblo lo señala de forzar a adolescentes a integrar sus redes de vigilancia urbana (puntos) y escuadrones armados para frenar el avance guerrillero en el Bajo Cauca.Pero el punto de quiebre fue el asesinato de Albeiro Camayo, coordinador regional de la guardia indígena, y luego de José Miller Correa, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y quien fue consejero del Cric. “Era la primera vez que nos asesinaban a dos grandes líderes, que hasta el momento duelen demasiado. Ahí empezó la zozobra y todo bajo el mando de alias El Indio, un indígena Nasa que alzó las armas contra su pueblo”, explica una de las mayoras.
Agrega que: “Después de la muerte de Miller Correa, en 2019, empezamos a hacer mingas para ir al territorio y saber qué era lo que estaba pasando con esta reconfiguración del conflicto y vaya sorpresa cuando empezamos a escuchar: ‘a mi hijo se lo llevaron hace ocho días’, ‘mi niño se fue a trabajar’, ‘a mi hijo le dieron una moto y se fue’, ‘mi hijo me está mandando plata’, y era enorme la lista de niños reclutados desde 9 años”.
“Empezamos a preguntarle a la Defensoría del Pueblo qué estaba pasando y no sabían nada; le preguntamos a la Fiscalía, y no tenían conocimiento, y nos fuimos a hablar de nuevo con las familias y nos dijeron: ‘no, es que no puedo decir nada porque matan a mi hijo’, ‘mi hijo me escribió y que no fuera a denunciar que estaba bien’, ‘mi hijo me pidió que no lo buscara’, y supimos que estaban en un grave nivel de riesgo esas mismas familias y empezamos en silencio a documentar cada caso. Cada semana salían hasta 17 y 18 niños y jóvenes de un solo territorio”, cuenta uno de los encargados del tejido de comunicaciones de Acin.
Entre el año 2017 y el 2023, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) documentó el reclutamiento de 817 niños, niñas y adolescentes de sus comunidades.
“El reclutamiento forzado ha venido agravándose en los últimos años. Infortunadamente, está asociado a la expansión territorial de los grupos armados; desde el 2019 hemos evidenciado, de acuerdo al sistema de alertas tempranas, una expansión de los grupos y la dinámica de acudir a los menores de edad para ampliar sus filas y también exponerlos a actividades que no necesariamente son de combate, sino también de mensajería, de campaneros o labores domésticas en el caso de las niñas”, agrega Iris Marín.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, es de las pocas organizaciones que realiza rescate de niños. “Nosotros hemos hecho muchos rescates y muchos de ellos son niños o niñas que se han llevado engañados con regalos, enamorados o con falsas promesas”, asegura un consejero.
Por esa misma situación, la organización constantemente está recibiendo amenazas. Los presidentes de junta, los docentes, los rectores, las autoridades, la guardia indígena. Cualquiera que se pare con un micrófono en una asamblea, en una reunión, por el solo hecho de mencionarlos ya es declarado objetivo militar.
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Yule Paví representaba la autoridad espiritual y civil de las mujeres Nasa, dedicando su vida a la defensa cultural y a la exigencia de respeto por parte de los actores armados. Fue asesinada el 17 de marzo de 2024 durante un ataque perpetrado por la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central. El hecho ocurrió cuando la comunidad y la Guardia Indígena intentaban rescatar a un menor de edad que había sido reclutado forzadamente. La mayora recibió impactos de bala de fusil que posteriormente le causaron la muerte.
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Este cabildo fue conformado por comunidades Nasa desplazadas por la violencia paramilitar en el norte del Cauca. Acosta Salazar lideró procesos de restitución de tierras, memoria histórica y exigencia de medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP). Fue asesinado el 19 de abril de 2017 a la salida de una asamblea comunitaria. A pesar de contar con un esquema de seguridad estatal, un sicario logró infiltrarse y dispararle. Su homicidio frenó múltiples procesos administrativos de reparación a víctimas de desplazamiento.
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Su liderazgo se centró en la erradicación de cultivos de uso ilícito y el enfrentamiento directo a la injerencia de las disidencias de las FARC en las zonas de reserva. Dagua implementó estrictas medidas de control territorial mediante la Guardia Indígena. Fue asesinado el 7 de diciembre de 2018 en la vereda La Buitrera, en Caloto. El homicidio fue atribuido a estructuras disidentes que operaban en la región, en represalia por sus operativos para desmantelar laboratorios de procesamiento de cocaína dentro del territorio ancestral.
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Yatacué encabezó diversos decomisos de cargamentos de marihuana y la destrucción de laboratorios ilegales que operaban dentro de la jurisdicción de su resguardo. Estas acciones de justicia propia generaron amenazas constantes por parte de los carteles y disidencias. Fue asesinado el 1 de agosto de 2019 en el sector de Pajarito. Sicarios lo interceptaron mientras regresaba a su vivienda y le dispararon. Su muerte fue parte de una ofensiva sistemática de la Dagoberto Ramos contra el esquema de control territorial.
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En la cosmovisión Nasa, los médicos tradicionales son autoridades máximas encargadas de armonizar el territorio y guiar políticamente a las autoridades civiles mediante consultas espirituales. Su influencia era una barrera contra la penetración ideológica de los grupos armados en la juventud. Fue asesinado el 11 de agosto de 2019 en su vivienda en la vereda El Cesteadero. Integrantes de las disidencias armadas irrumpieron en su domicilio y le dispararon, en un acto que buscaba desestabilizar la estructura espiritual y de toma de decisiones de la comunidad.
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Al igual que Toribio Canas, Guejia Meza representaba el núcleo del consejo de mayores y la guía ritual de la comunidad. Su trabajo consistía en orientar a la Guardia Indígena en los operativos de control territorial y proteger espiritualmente a los líderes. Fue asesinado el 11 de agosto de 2019, el mismo día y en circunstancias casi idénticas a las de Toribio Canas, durante un ataque coordinado por la columna móvil Dagoberto Ramos. Estos crímenes simultáneos evidenciaron una estrategia paramilitar dirigida a desarticular la matriz cultural Nasa.
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Se destacó por su defensa activa del control territorial frente a la presencia de grupos armados y el narcotráfico. Bautista representó a las mujeres indígenas en escenarios internacionales y lideró procesos de resistencia pacífica. Fue asesinada el 29 de octubre de 2019 durante la masacre de Tacueyó (Toribío), perpetrada por la disidencia columna móvil Dagoberto Ramos. El ataque ocurrió mientras Bautista, junto a la Guardia Indígena, realizaba labores de control territorial e intentaba evitar el secuestro de un comunero por parte de esta estructura armada.
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Finscué ejecutaba directamente los mandatos de las autoridades tradicionales para la captura de miembros de grupos armados ilegales que incursionaban en el territorio y la confiscación de armamento y estupefacientes. Fue asesinado el 29 de octubre de 2019 en el sector de La Luz (Tacueyó), en el mismo ataque donde pereció la autoridad Cristina Bautista. Finscué murió acribillado por la disidencia Dagoberto Ramos mientras defendía, únicamente con su bastón de mando, el perímetro donde las autoridades civiles intentaban frenar una incursión armada.
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Su perfil dirigencial se caracterizó por una postura inflexible contra las economías ilícitas, liderando brigadas comunitarias para la erradicación de cultivos de hoja de coca y minería ilegal en su jurisdicción. Su posición generó múltiples amenazas por parte del Estado Mayor Central. Fue asesinada el 20 de abril de 2021 por hombres armados que la interceptaron en la vereda El Porvenir mientras se desplazaba hacia la ciudad de Popayán para una reunión oficial. Tras su homicidio, la comunidad inició una movilización permanente de rechazo contra el narcotráfico.
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Conejo estructuró gran parte del sistema de atención médica diferencial en su comunidad, integrando la medicina occidental con las prácticas tradicionales. Su labor exigía constantes desplazamientos por zonas de alta conflictividad armada. Fue asesinado el 10 de septiembre de 2021 junto a su hija, en la vía que comunica a Toribío con Santander de Quilichao, tras un ataque armado. Su homicidio representó un golpe estratégico al sistema administrativo y de salud autónomo del pueblo Nasa en la región.
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A pesar de su corta edad, Breiner ejercía un rol de liderazgo formal reconocido dentro de los Kiwe Thegnas, enfocado en la protección ecológica y la promoción de la cultura Nasa entre los menores, como alternativa al reclutamiento. Fue asesinado el 14 de enero de 2022 durante una incursión de la columna móvil Jaime Martínez. Breiner murió por disparos de fusil mientras acompañaba a su padre y a la Guardia en labores rutinarias de verificación territorial tras la aparición de grupos armados.
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Hermano de Albeiro Camayo, desempeñó un rol fundamental en la cohesión administrativa del cabildo frente a las constantes amenazas de expansión del narcotráfico y la minería ilegal en el noroccidente del Cauca. Fue asesinado el 14 de enero de 2022, el mismo día y en el mismo ataque perpetrado por la disidencia Jaime Martínez que cobró la vida del menor Breiner Cucuñame. Su ejecución obedeció a una ofensiva sistemática del Estado Mayor Central para aniquilar a la dirigencia de Las Delicias y asegurar corredores estratégicos.
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Camayo fue un estratega en la protección civil y desarmada del territorio, liderando cientos de operativos para rescatar menores reclutados y expulsar actores armados de los resguardos. Fue asesinado el 24 de enero de 2022 en el sector de La Primavera (Buenos Aires) por miembros de la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Su homicidio fue una represalia directa por exigir la salida de este grupo armado de su comunidad.
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Correa fue un articulador político clave para la implementación de políticas de autonomía territorial y un crítico público del reclutamiento de menores por parte de grupos armados. Su labor incomodó a las estructuras criminales en la región de Toribío. Fue asesinado el 14 de marzo de 2022. Su cuerpo fue hallado a las afueras de Popayán, tras recibir múltiples impactos de bala y luego de que la columna móvil Dagoberto Ramos lo declarara objetivo militar en panfletos públicos.
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Actuaba como representante legal de la comunidad y un activo defensor de los derechos humanos. Su trabajo organizativo fortaleció los mecanismos de justicia propia frente a la injerencia externa. Fue asesinado el 26 de julio de 2023 en Santander de Quilichao por hombres armados que le dispararon tras finalizar una reunión comunitaria. El crimen evidenció la persistente persecución armada contra los perfiles dirigenciales que intentan mantener la neutralidad política y territorial de los resguardos en el norte del Cauca.
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Su liderazgo se centró en la creación de estrategias preventivas contra el reclutamiento forzado de adolescentes, denunciando directamente el accionar de los grupos armados en las instituciones educativas. Fue asesinado el 29 de agosto de 2024 en el casco urbano de Corinto. Sicarios de las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central) le dispararon en una estación de servicio. Había recibido amenazas previas que exigían el cese de sus actividades de prevención del reclutamiento y su renuncia a los esquemas de protección.“La guerra que nos han declarado al movimiento indígena es aterradora. Son varios los asesinatos de mujeres lideresas, pero han sido porque las mujeres también, por proteger la vida de los niños y de nuestros líderes hombres, nos ponemos al frente; y pasó lo que pasó con Liliana, con Urgenis, Cristina, Carmelina”, cuenta otra de las mayoras que por seguridad y la de sus niños no revela su nombre.
A diferencia de lo que ocurría con las antiguas Farc, que tenían posiciones políticas, los movimientos indígenas lograron acercamiento con sus comandantes y acuerdos para el respeto de las autoridades y las comunidades en general. Sin embargo, con las disidencias de esa guerrilla, interesadas más en el narcotráfico y las economías ilícitas, ha sido imposible un acercamiento o un diálogo.
“No hay con quien hablar porque ahora los comandantes son niños, jóvenes que solo saben disparar; aquí los vemos pasar armados, en camionetas y llenos del odio que les han infundido contra la organización y el movimiento indígena. Varios son niños reclutados que ya ascendieron a posiciones de poder”, explica la mayora.
Entrando a la guerra
con fusiles de palo
No para reivindicar su condición de niño o niña recién reclutada, sino como parte de las prácticas de alistamiento, lo primero que reciben los menores indígenas al llegar a un campamento guerrillero es adoctrinamiento político y militar, y un fusil de palo que deberán portar y proteger con su frágil vida.
El ingreso a las filas marca una ruptura traumática con la realidad que les prometen a los menores antes de llegar al campamento del grupo armado. Una realidad de la que solo existen tres maneras de salir, de acuerdo con ‘Ronald Gómez’: “la consecuencia natural del reclutamiento es la muerte, terminar en una cárcel o regresar amputado o en condiciones graves de salud”.
“Recuerdo jóvenes llegando sin experiencia, todavía con mentalidad de niño, y al poco tiempo cargaban armas largas y hacían guardias nocturnas en medio de la montaña. Algunos lloraban en silencio por las noches; otros intentaban mostrarse fuertes para sobrevivir en un ambiente donde demostrar miedo podía convertirse en un problema. En el Estado Mayor (Central, EMC) se hablaba constantemente de fortalecer la estructura y mantener el control territorial. El reclutamiento hacía parte de esa dinámica porque la guerra necesita reemplazos constantes debido a las capturas, las bajas, los combates y las deserciones”, cuenta ‘Ronald’.
Imágenes que se han conocido en los últimos años, halladas en los computadores de algunos jefes guerrilleros, muestran grupos de niños, niñas y adolescentes realizando marchas y movimientos tácticos de combate, con uniformes camuflados y simulando portar armas reales, que en algunos casos superan el tamaño y la estructura corporal de los menores.
Si bien estos grupos han reconocido que reclutan niños a partir de los 15 años, existen casos de menores que desde los 9 y 10 años ya han sido absorbidos por el movimiento armado. “Conozco un caso de una niña de 5 años que fue reclutada porque iban por sus hermanos mayores adolescentes, y como ella estaba con ellos, se los llevaron a los tres y la niña terminó dentro del grupo”, cuenta la defensora del Pueblo, Iris Marín.
El choque es demoledor. Durante los primeros días, los menores reclutados son llevados por caminatas extensas y lejos de sus comunidades con el único propósito de evitar que quieran regresar. Todo el tiempo les aseguran que se están moviendo por caminos sembrados de minas antipersona para generar el miedo a moverse por fuera de las indicaciones de los comandantes o que un intento de fuga puede acabar en un campo minado. Un camino sin retorno donde deja de ser opción el arrepentimiento.
La inmersión en la vida militar de un niño o un joven entre 10 y 17 años inicia con labores de mensajería, recogiendo leña, asumiendo tareas de ranchería y prestando guardia con su fusil de palo en la selva en horas de la noche y la madrugada; más como una prueba sicológica que como una garantía de seguridad real para el resto de los combatientes de la estructura que lo ha reclutado. Pero más recientemente, se han convertido en ‘hombres’ clave para el ataque a las Fuerzas Militares mediante el uso de drones.
Pero hoy la guerra ha acelerado la crueldad y ante la necesidad constante de tropas para controlar los territorios y las rutas del narcotráfico, los grupos armados han tenido que reducir los periodos de entrenamiento y están enviando prematuramente a niños y niñas, sin la preparación ni la contextura al frente de batalla.
“Me daba muchísimo miedo prestar guardia. De noche en la selva se oyen voces, se oyen pasos y sentía que en cualquier momento los ‘hombres zorro’ me iban a coger por la espalda y me iban a cortar el cuello; por eso buscaba siempre un barranco o un árbol para apoyarme de espaldas y que no me atacaran por detrás”, cuenta Milton, un menor reclutado a los 12 años en Toribío y que a sus 14 habla de la guerra como un estratega militar.
A diferencia del lobo que acechaba a Caperucita, en la realidad de la guerra el cuento infantil cambia y son los ‘zorros’, integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército, quienes se mueven en silencio por la selva para perseguir y dar de baja a integrantes de grupos armados. “Los hombres ‘Zorro’ matan sin hacer bulla a los que se quedan dormidos prestando guardia. Estaban tan cerca que los escuchábamos y por eso a los menores nos daba miedo hasta irnos a bañar; siempre nos íbamos en grupo”, revela Milton.
El año 2024 fue un punto de quiebre para los niños reclutados en el Cauca. La búsqueda de la ‘paz total’ del expresidente Gustavo Petro con los grupos armados había traído como consecuencia el anuncio del cese del fuego y la suspensión de las acciones militares en contra de estas organizaciones.
Sin la presión del Ejército, los integrantes de las disidencias se paseaban tranquilamente por las calles y caseríos uniformados, portando pistolas y fusiles a la vista de todos. Eso dio origen a que una desbandada de menores indígenas quisiera sumarse a estas organizaciones, motivados por las armas, las camionetas y el dinero.
Fue tanta la confianza y el fortalecimiento de estas estructuras en el gobierno de Gustavo Petro, que alias Iván Mordisco, el máximo jefe de las disidencias de las Farc, inauguró a inicios del 2024 su propia institución educativa en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, a la que bautizó como ‘Colegio Internado Agropecuario y Ambiental Gentil Duarte’, en homenaje a otro jefe guerrillero dado de baja por el Ejército.
El 16 de marzo del 2024 se encontraron frente a otra realidad. Ese día hombres de las disidencias llegaron a la vereda La Bodega, municipio de Toribío, para llevarse a un menor que estaba siendo reclutado. Carmelina Yule Paví, coordinadora local del Tejido Mujer salió a hacer frente a la situación y la comunidad empezó a salir y a rodear los hombres armados, quienes en medio de forcejeo dispararon contra los indígenas.
Carmelina quedó tendida intentando resguardarse en una vivienda aledaña; la noticia de su muerte generó el rompimiento de las mesas de negociación del Gobierno con las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’. La orden de Gustavo Petro al Ejército fue atacar a las disidencias en regiones como Cauca, Nariño y Guaviare.
En los días siguientes muchos de esos niños, niñas y adolescentes se vieron por primera vez al frente de una línea de fuego, escuchando el rugir de las ametralladoras y los fusiles; poniendo el pecho a una guerra que no vieron venir. Como es apenas natural, muchos de ellos decidieron instintivamente huir. Algunos lo lograron, pero otros fueron capturados y ejecutados por la misma organización por una falta grave: la cobardía.
“El día de mi primer combate tuve muchísimo miedo porque nunca había escuchado un sonido así. Lo primero que quería hacer era correr, esconderme, pero ya nos habían advertido que iban a dispararle al que se acobardara y rompiera la formación. Intentaba mostrar valentía, pero por dentro le estaba pidiendo a Dios que no me dejara matar y que no le fueran a dar esa noticia a mi abuela ni a mis hermanas”, relata ‘Milton’.
“Si usted se echaba para atrás era hombre muerto. ‘Eso es para cobardes’, es la doctrina que a uno le siembran. Usted tiene que pararse en la cortina y avanzar todos juntos. Si usted echa para atrás, pues la misma organización lo va a asesinar porque va a decir que no sirve; va a salir a correr y en cualquier momento vos va a dejar botados y puede ir a entregar información al Estado o a otro grupo armado”, confirma ‘Ronald’.
Otros no corrieron la misma suerte y cayeron en combates con otros grupos y alrededor de 104 menores murieron en los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares contra los campamentos de los jefes de estas estructuras durante la última década, según datos revelados por el Instituto de Medicina Legal.
Muchos de esos niños endebles e inexpertos son quienes han retornado a sus comunidades en las caravanas de carrozas fúnebres que, pasada la medianoche, entran por los caminos y veredas del norte del Cauca para entregar los cuerpos a sus familiares en el más absoluto silencio y reserva.
Entre enero de 2020 y mediados de 2026 Medicina Legal realizó las necropsias a 147 niños y adolescentes cuya muerte se determinó que fue parte del conflicto armado en Colombia, aunque responde la entidad a un derecho de petición que seguramente también existe un subregistro.
De esa cifra, 11 son originarios del Cauca y de identidad étnica Nasa, Nasa-Paez o Paez, quienes murieron en acciones del combate en Arauca, Amazonas, Huila, Valle del Cauca o Guaviare. Dos de ellos en un rango de edad entre los 10 y los 14 años.
Es muy complejo para un niño de 13 años, revela alias ‘Ronald’, “tener que ver cómo se ajusticia a una persona; cómo se le quita la vida a una persona sin justificación o sin argumentos suficientes (…) puedo dar fe de muchos casos de niños que fueron asesinados”.
“Después de que un niño deserte va a ser declarado objetivo militar y donde quiera que usted vaya, van a estar las milicias urbanas y posteriormente va a ser asesinado; porque al movimiento no le conviene que un niño que tomó la decisión de no seguir allá, ande libre por ahí cuando ha conocido muchas cosas. Ese es un riesgo que ellos como organización no pueden correr… Es una traición el hecho de no seguir compartiendo esa misma ideología”, explica ‘Ronald’, quien logró mando en la columna Ricardo Velázquez de las disidencias.
El drama de las niñas dentro de los campamentos es aún peor, revela ‘Ronald’, porque “muchas de ellas se ven obligadas a entrar en una relación sentimental con algún comandante de frente o columna para evitar que sean abusadas por otros combatientes”. El aborto es también parte de la cotidianidad en las filas armadas.
Los consejos
de guerra
La verdadera brutalidad del reclutamiento se revela en los temidos consejos de guerra dentro de los grupos armados ilegales. En la espesura de la selva la justicia es inclemente y simple, y los niños, niñas y adolescentes que cometen alguna falta estipulada en los estatutos de estas organizaciones son sometidos a juicios internos que en la gran mayoría de los casos obedecen a una sola sentencia: la pena de muerte.
Una especie de justicia sumaria donde los mismos menores, todos desescolarizados, son obligados a asumir roles de fiscales, de defensores o testigos para juzgar a sus propios compañeros y en los que, llevados por el temor y la presión psicológica, terminan levantando la mano en señal de aprobación para que los jueces, papel que asumen sus comandantes, sentencien la orden de fusilamiento de menores como ellos.
Desafortunadamente, como los mismos niños nos han ayudado a documentar, explica Hilda Molano de Coalico, “morir al interior del grupo no solamente está dado por el ataque del contradictor, sino que puede ser una decisión interna. Frente a determinadas faltas que se cometen al reglamento de la estructura, eso puede llevar a los consejos de guerra en los que muchos son asesinados en aparentes ejercicios de justicia”.
Quienes han corrido con la suerte de salir vivos de un consejo de guerra, según información obtenida por la Fiscalía en computadores incautados en operativos contra jefes de estos grupos armados, reciben como sanción el envío a algunas de las ‘zonas rojas’ y de mayor actividad de combate a la espera de que sean asesinados en otros contextos o en alguna batalla contra el Ejército o las estructuras enemigas.
Ronald reconoce haber hecho parte de jornadas de ejecución de personas acusadas de intentar desertar o entregar información al Estado. Según su relato, los hechos ocurrieron en 2021 en el río Naya y entre las personas ejecutadas había varios menores de edad. Eso ha convertido las montañas de Colombia en un museo de fosas comunes de donde constantemente son hallados los cuerpos de niños, niñas y adolescentes.
“Ese día me encontraba en la escuela de formación Alonso Cortés, la escuela de formación político-militar de las disidencias de las Farc. En ese tiempo estaba el camarada Wilson González, a quien apodaban ‘Mayimbú’, uno de los jefes más buscados por el Estado. A esa escuela llegaron personas infiltradas que querían ganarse la recompensa, pero con una persona que cayó ese día, quedó desmantelada una red que quería entregarlo. Ese día fueron ajusticiadas 28 personas, entre ellas mujeres, pero habían muchos jóvenes y muchos menores de edad. Ese día vi el mayor ajusticiamiento que pude ver en mi vida. Entre ellos había varios menores que habían intentado desertar y fueron interceptados por milicianos”, relata ‘Ronald’.
Toda esta situación se conecta con un fenómeno todavía más oscuro: el ocultamiento de los cuerpos de los menores ejecutados por la organización para evitar que sean recuperados por sus familiares. Como una suerte de castigo más allá de la muerte contra aquellos niños entre 10 y 17 años de edad que intentaron huir por el simple hecho de querer volver con su comunidad y su familia.
‘Ronald Gómez’ explica que los cuerpos que entrega la organización son los de niños muertos en combate, pero cuando los menores son ejecutados por las mismas disidencias por alguna falta cometida, esos cuerpos se sepultan y figurarán por siempre como desaparecidos porque no se les da razón a sus seres queridos.
Para una familia indígena la muerte no termina necesariamente cuando llega la noticia. Esa familia necesita un cuerpo. Necesita una despedida. Necesita un ritual y por tradición debe devolverlo a la tierra. Esa es una de las razones por las cuales las comunidades indígenas, cuando no logran rescatar a los menores del reclutamiento, salen a buscar los cuerpos de sus niños cuando se tiene conocimiento de su muerte.
“De Tacueyó nos mataron a un menor y se hizo una comisión para ir a recuperar su cuerpo; llegamos hasta donde estaba el grupo armado y nos tuvieron como tres días esperando para que nos dijeran dónde estaba el cuerpo del joven, que al parecer intentó volarse, y nos tocó ir hacia el páramo de noche en medio de la lluvia. Buscando a ese menor encontramos otro sepultado al lado. Una imagen terrible porque los sepultaron encadenados y amarrados, imagino que les hicieron un juicio y los fusilaron”, indica una autoridad del Cric.
Para los indígenas tampoco termina el territorio en el mapa. Está en la memoria. En los caminos. En las montañas. En los nombres de los lugares. En los rituales. En la relación con la tierra. Cuando un niño sale de ese universo, no solamente cambia de lugar. Puede comenzar a perder el vínculo con aquello que lo definía.
“No podemos entrar a un territorio sin haber pedido permiso espiritual a la Madre Tierra. Hay que hacer una serie de procesos y los mayores deciden si ese cuerpo quiere ser exhumado o no. Hay que hacer limpieza y protección a quienes ingresan y se hacen ofrendas espirituales. Si no lo hacemos así, tenemos problemas, dificultades entre nosotros, nos llegan enfermedades, etc”, explica una de las mayoras consultadas.
Detalla, además, que “estamos encontrando en los territorios situaciones muy tristes reflejadas porque hay unos niños o niñas que nadie sabe qué ha pasado y solamente dicen ‘los mataron’, y ahí quedó; otros los tiran al río y solo se encuentran los esqueletos y otros ni siquiera se encuentran; como una niña de Toribio recientemente que desapareció y eso es una zozobra impresionante”.
“Los grupos armados están tratando de hacer una ruptura a nivel comunitario, a nivel político, y están detrás de los niños que se están formando en los semilleros, en los niños guardias, pero también los niños de los líderes buscando debilitarnos. Porque que a un hijo mío se lo logren llevar para ellos es ganancia, pero para nosotros son pérdidas, para nosotros es duelo. Y hemos visto líderes, hombres y mujeres empoderadas decir: ‘yo me retiro’, ‘me vuelo para mi territorio’, y uno pregunta ¿qué pasó? Entonces, ‘no, se me llevaron mi nieto, se me llevaron una hija’, los desarman con los que más les duele”, explica.
Exportando niños
para la guerra
El departamento del Cauca y las comunidades indígenas del norte han sido convertidos por los grupos armados ilegales en una macabra cantera de pequeños ‘combatientes’ con pasaporte abierto para ir a disputar guerras ajenas en varias de las regiones con problemas de orden público en Colombia.
Ese traslado es también parte de una estrategia para evitar que la guardia indígena y las familias logren rescatarlos. Lejos de sus casas, las estructuras armadas implementan una táctica de desarraigo profundo: trasladan rápidamente a los menores reclutados a otros frentes en departamentos como Caquetá, Arauca, Nariño y Guaviare. Allí son ingresados a centros de entrenamiento selváticos donde se les pierde todo rastro, rompen la filiación familiar y se anulan sus redes de apoyo para dificultar cualquier intento de fuga.
Desafortunadamente aquí está pasando un fenómeno muy complicado, asegura Edwin Mauricio Capaz Lectamo, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), “y es que parece que el Cauca está exportando jóvenes para la guerra… si tú haces seguimiento a las noticias periodísticas donde mueren combatientes en el Tolima, en Guaviare, en Nariño, etc., no deja de haber ahí un joven caucano. Pareciera que el Cauca reuniera condiciones alrededor de la niñez, fácil para reclutar y fácil para exportar a escenarios de guerra, independientemente de qué actor armado sea”.
“Hay varias noticias en donde hay jóvenes muertos y ya con los días es que sabemos que son del departamento del Cauca o sus apellidos son de indígenas caucanos. También a raíz de esto se da la desaparición porque hay algunos que son enterrados en fosas comunes en sus zonas de guerra, pero entendemos también que obedece a esa técnica militar muy empleada de no evidenciar las bajas en combate; por eso se sepultan en fosas comunes y eso dificulta el hallazgo de los cuerpos. Además porque en la gran mayoría de los casos no sabemos dónde se llevaron los niños”, agrega Capaz Lectamo.
29 de agosto de 2019Bombardeo en San Vicente del Caguán, Caquetá8menores muertos, al menosUn operativo ordenado contra el campamento de alias 'Gildardo Cucho' resultó en la muerte de al menos ocho menores de edad. Investigaciones y debates de control político revelaron que documentos de inteligencia militar advertían de forma previa sobre la presencia de menores en la zona del bombardeo.
2 de marzo de 2021Bombardeo en Calamar, GuaviareUn ataque aéreo ejecutado por las Fuerzas Militares contra un campamento de la estructura de alias 'Gentil Duarte' dejó varios menores muertos. En este caso se evidenció que las disidencias trasladaban a menores reclutados del suroccidente y otras regiones hacia la Amazonía. El operativo generó debate nacional cuando el Ministerio de Defensa justificó la acción calificando a los menores como "máquinas de guerra".
Marzo del 2021 en adelanteArgelia (Cañón del Micay)El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha denunciado repetidamente que los menores reclutados en el norte del departamento son trasladados a la zona de Argelia, donde mueren en medio de los combates. En esta región, estructuras del Estado Mayor Central (como la Carlos Patiño) los instrumentalizan para enfrentarse contra el ELN y la Segunda Marquetalia.
Septiembre de 2021Bombardeo en Chocó4menores muertos, al menosUn operativo militar contra el ELN en el departamento del Chocó dejó al menos cuatro menores de edad muertos, consolidando un patrón de victimización en operaciones estatales de alto impacto.
Noviembre del 202122menores muertos en tres años de bombardeosInformes de control político advirtieron que al menos 22 menores de edad habían muerto en un periodo de tres años a causa de bombardeos del Ejército contra campamentos de las disidencias y el ELN.
Diciembre de 2024Fosas de las disidenciasInvestigaciones periodísticas y de las autoridades revelaron el hallazgo de al menos dos fosas comunes en el Cauca, utilizadas por las disidencias de las FARC (Estado Mayor Central). En estas sepulturas clandestinas —algunas con capacidad de albergar hasta diez cuerpos— se hallaron restos de menores de edad. Las indagaciones confirmaron que estos jóvenes, en su mayoría indígenas y campesinos captados por la estructura armada, fueron ejecutados con tiros de gracia (ajusticiados sin contemplaciones) como castigo por haber intentado huir de los campamentos.
Diciembre de 2024Reportes del EjércitoEn fechas coincidentes, el Ejército Nacional y las autoridades judiciales reportaron el hallazgo de fosas comunes en zonas de operación de grupos ilegales, donde yacían jóvenes que habían sido víctimas de reclutamiento forzado y posteriormente asesinados bajo la misma modalidad de castigo por deserción.
Noviembre de 202542menores muertos en operaciones militaresUn debate en la Cámara de Representantes alertó sobre un incremento en estas cifras, denunciando la muerte de 42 menores en el marco de operaciones militares, a la par de cuestionamientos sobre la ejecución de cinco bombardeos sin información pública detallada.
22 de enero de 2026Operaciones en Guaviare6de los muertos eran del pueblo Nasa, al menosAutoridades indígenas del Cauca denunciaron que, tras operaciones de la Fuerza Pública en el departamento del Guaviare, al menos seis de los muertos hacían parte de los territorios ancestrales del pueblo Nasa en el Cauca. Las autoridades ancestrales confirmaron que se trataba de menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado.
Junio de 2026Las autoridades indígenas del Cauca tuvieron que iniciar indagaciones urgentes para establecer si varios de los menores fallecidos durante recientes combates con las fuerzas estatales en el departamento del Guaviare correspondían a jóvenes extraídos de sus resguardos. Esta lejanía territorial evidencia cómo los grupos armados trasladan a los menores cientos de kilómetros para evitar su rescate o deserción.
Julio de 202652menores indígenas reclutados; 27 desaparecidosEl CRIC emitió una alerta confirmando que, solo en los primeros meses del año, 52 menores indígenas fueron reclutados en el Cauca por grupos ilegales. De esta cifra, 27 fueron reportados como desaparecidos de sus territorios ancestrales, y las autoridades indígenas confirmaron que varios de ellos murieron en combates cruzados entre las disidencias y otros actores armados.
31 de agosto de 2026Segundo bombardeo reciente a disidencias3menores muertosSe confirmó la muerte de tres menores de edad durante un bombardeo ejecutado contra estructuras de las disidencias. La presencia de los niños en la estructura armada atacada generó nuevos cuestionamientos sobre las condiciones en las que se autorizó y produjo el operativo militar.
Septiembre de 202613cuerpos de menores del Cauca en Medicina LegalRegistros judiciales e informes locales recientes evidencian la gravedad y actualidad del traslado de estas víctimas. Se reportó que 13 cuerpos de menores de edad oriundos del Cauca permanecían en las instalaciones de Medicina Legal en Bogotá, tras haber perdido la vida en combates y bombardeos sostenidos con el Ejército Nacional.
Un patrón que viene de atrásPatrón histórico documentado por la JEP (Caso 07)La Jurisdicción Especial para la Paz ha establecido que los fusilamientos por deserción no son hechos aislados de las actuales disidencias, sino una práctica heredada de las antiguas FARC. Múltiples informes y versiones voluntarias ante la JEP detallan cómo los menores (incluyendo indígenas del Cauca que eran trasladados a frentes en otras regiones) eran sometidos a los denominados "consejos de guerra" si intentaban huir. La sentencia habitual era el fusilamiento público frente a la tropa para infundir terror, tras lo cual los cuerpos eran sepultados en fosas comunes o tumbas sin marcar.
En muchas ocasiones, las familias solo vuelven a tener noticias de sus hijos cuando son llamados para reclamar sus cuerpos muertos en combate en otras regiones del país o cuando llamadas anónimas les informan el lugar donde han sido sepultados por grupos armados para ir a rescatar los cuerpos.
Eso es parte de las reglas, explica ‘Ronald’. “El niño no puede estar dentro de su territorio porque es un riesgo para la organización porque puede volarse o las autoridades indígenas pueden llegar a rescatarlo (…) Además, muchas veces se cometen extorsiones o acciones dentro del territorio. En mi caso hubo un ajusticiamiento en mi territorio y debido a eso tuve que salir a otro lugar porque podía ser juzgado por mi comunidad; por eso se manda a otros lugares donde no lo conozcan, no conozcan sus costumbres y no conozcan sus resabios”.
“Tenemos casos de familias que apenas tienen contacto y saben de sus hijos se van hasta Nariño, a Putumayo o Caquetá a buscarlos y los tienen durante cuatro y cinco días engañados con que ‘ahora les entrego’, más tarde lo entrego’, ‘mañana lo entrego’, pero para aburrirlos. Luego sacan al niño ya trabajado psicológicamente para que enfrente a la mamá y le diga que no se quiere ir. Tuvimos un caso más descarado y aberrante todavía en el que le dijeron a los papás que ellos le devolvían a su hijo, pero a cambio tenían que llevar dos menores más”, cuenta una de las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (Acin).
Uno de los casos más dramáticos de los últimos meses corrió por cuenta de la confrontación que mantienen ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, ambos comandantes de grupos disidentes de las extintas Farc, quienes se disputan a sangre y fuego el control territorial en algunos sectores del Guaviare. Producto de esos combates, en junio del 2026 los cuerpos de once menores de edad fueron recogidos tras la confrontación y Medicina Legal confirmó que diez de los once menores eran indígenas del Cauca.
“Hubo un caso hace poquito, cuenta un líder indígena, de un menor que estuvo reclutado, llega a la familia y decide a la mamá, ‘no diga nada, no vaya a mencionar nada, yo voy a quedarme acá. Yo me quiero venir a trabajar con ustedes’ y empieza a ser parte otra vez de la comunidad y el día menos pensado lo recogieron y se desapareció; la familia y la autoridad empiezan a preguntar, hasta que a lo último les dicen ‘vénganse que se los vamos a entregar’ y cuando llegó la familia, le dijeron ‘búsquelo allá abajo´. Ya lo habían matado”.
Un etnocidio
en marcha
Las estadísticas obtenidas con base en información suministrada por el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Coalición contra el Reclutamiento Infantil (Coalico), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), revelan la dimensión de un conflicto que amenaza con la desaparición del pueblo Nasa.
Para los pueblos indígenas es muy grave que nuestros menores líderes como Feliciano Valencia y Edwin Mauricio Capaz, lo que se está viviendo en el norte del Cauca no es solo una guerra, sino un etnocidio. Al llevarse a los niños, los grupos armados ejecutan un plan de exterminio cultural. Los menores son despojados de su lengua y su identidad para ser adoctrinados con una mentalidad guerrerista.
Los pueblos originarios estamos sometidos a un exterminio físico, cultural y territorial, señala Feliciano Valencia, “resultado de la presencia de grupos armados, del narcotráfico y de las economías ilegales que, prácticamente, están cambiando la cultura y la sociedad indígena. Bien poquitos que somos y llevándose a los menores para asuntos de la guerra, nos están arrastrando a un etnocidio”.
“Los niños, las niñas y los adolescentes son la semilla de la existencia de la cultura de los pueblos originarios en nuestras comunidades. Son el núcleo fundamental de un pueblo, de un territorio, y sustraer estos menores de su entorno familiar, de su entorno comunitario, de su entorno territorial y cultural, significa prácticamente un genocidio o es parte de uno de los factores determinantes para constituir un etnocidio”, indica el líder indígena.
De ahí la preocupación de las autoridades indígenas porque sus niños estén siendo tratados como un recurso militar renovable y un capital logístico que acelera el proceso sistemático de desaparición de esos niños que son ‘semilla de vida’ y niñas que son consideradas ‘dadoras de vida’, ambos el núcleo de la identidad ancestral y de la pervivencia de los pueblos indígenas del norte del Cauca.
El niño es la promesa de que la lengua Nasa, la cosmovisión y el territorio sobrevivirán al tiempo. Sin embargo, la Acin asegura que tras el ataque sistemático a las estructuras de autoridad indígena, se están afectando los procesos de formación y hay una conexión tenebrosa en la que se mata al líder que forma al niño y luego se recluta al menor que debería reemplazarlo.
“A Albeiro Camayo lo asesinan y los procesos de formación política caen completamente; nosotros tenemos semilleros de niños que en algún momento decían: ‘quiero ser un guardián, quiero tener mi chaleco’ y cuando ocurre lo de Albeiro ya no querían ser guardias porque decían que los iban a asesinar. Y las familias decían ‘ya tengo miedo de participar’ y los liderazgos se debilitaban. Poco a poco hemos venido fortaleciéndonos de nuevo, pero de caídas como estas nos cuesta mucho volvernos a levantar”, lamenta una mayora de la comunidad.
A la probabilidad cada vez más alta de desaparecer se refirió en el 2009 la Corte Constitucional al señalar en el Auto 004 que los pueblos originarios están en riesgo de exterminio y que el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes es el motor principal de este desarraigo.
“El conflicto armado en general empeora la situación preexistente de muchos pueblos indígenas, y desemboca en desplazamiento forzado. El conflicto genera desintegración comunitaria y familiar por la muerte de los líderes, amenazas, señalamientos, reclutamiento de miembros. Se desmiembran las organizaciones y se lleva a las comunidades a situaciones de alta vulnerabilidad. Colombia ya tenía varios pueblos en riesgo de extinción por factores socioeconómicos; pero ahora el conflicto armado ha introducido varios pueblos nuevos en la lista de quienes padecen este riesgo, generando situaciones de urgencia que no han recibido una respuesta estatal acorde a su gravedad”, dice uno de los apartes del Auto.
Antes de que el niño cometa un delito de alto impacto, fuimos todos los que fallamos; la familia, el Estado, la sociedad, la escuela, el docente que pudo haber avisado en otras condiciones, el padre ausente, es la madre que tiene que sobrevivir y no está, sentencia Hilda Beatriz Molano, la coordinadora de la Secretaría Técnica de la coalición Coalico.
“Aquí ha fallado el Estado que muchas veces llega tarde. Porque cuando llegamos y hemos resuelto todo lo administrativo, todo lo institucional, el niño ya se fue. Ya nos está llegando es el reporte de que lo traen muerto en combate; o que cayó en el bombardeo o que está en Medicina Legal por X o Y causas; o que definitivamente hemos perdido el rastro y el niño queda desaparecido”, concluye Molano.
Entonces la rueda vuelve a girar y mientras el Estado discute políticas de escritorio, los actores armados se lucran con el dolor y la muerte de las familias de los menores indígenas reclutados, las comunidades originarias del norte del Cauca siguen arriesgando su vida y asistiendo impotentes el exterminio de su pueblo.
“Este país todavía no alcanza a comprender la magnitud del daño que deja el reclutamiento infantil. No se trata solamente de estadísticas o informes, se trata de vidas marcadas para siempre por la guerra. Hablar públicamente no es sencillo; existen riesgos, recuerdos y heridas que siguen abiertas, pero también existe la necesidad de contar lo que ocurre en silencio en muchas zonas rurales del país, porque mientras continúen la pobreza, el abandono y la presencia de los grupos armados, seguirá existiendo el riesgo de que más niños cambien los cuadernos por un fusil. Yo logré salir y sobrevivir para contar esta historia; muchos otros jóvenes no tuvieron esa oportunidad”, concluye Ronald Gómez, antes de retornar a su celda en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de San Isidro, en Popayán, Cauca.
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