La frase final de la entrevista con ‘Ronald Gómez’, un joven indígena reclutado por las disidencias de las Farc a los 13 años de edad en Cajibío (Cauca), es lapidaria: “Lo peor que me pudieron haber hecho fue haberme quitado la infancia. Fue haberme quitado la oportunidad de crecer al lado de mi familia y ser ese niño educado, ese niño respetuoso que pude haber sido, y hoy día me convirtieron en una máquina de matar”.

Desde una celda en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel San Isidro de Popayán, más que contar su historia, ‘Ronald’ narra una realidad que, asegura, han vivido cientos, quizás miles de niños reclutados en Colombia de manera forzosa, en especial en el norte del departamento del Cauca, para nutrir los ejércitos con los que las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, entre otros, disputan la guerra por el control territorial y las economías ilícitas en todo el país.

No existen cifras reales sobre reclutamiento infantil en Colombia, pero entre enero de 2020 y diciembre de 2025 desaparecieron de las escuelas y colegios de cinco municipios del norte del Cauca 5.834 niños, niñas y adolescentes, según información del Sistema Integrado de Matrículas del Ministerio de Educación Nacional. La cantidad suficiente para llenar catorce instituciones educativas, entre jardines infantiles, escuelas y colegios.

Cerca de seis mil menores entre 9 y 17 años de edad, casi todos indígenas de la comunidad Nasa, que para el Estado apenas figuran en la columna de una tabla Excel como ‘Desertores’ de las instituciones educativas de Caloto, Corinto, Caldono, Jambaló y Toribió, los municipios más afectados por el reclutamiento forzado.

Aunque en la comunidad no es un secreto el porqué de la deserción, lo que las autoridades indígenas ignoraban era la dimensión de un fenómeno oculto entre el silencio y el miedo de las familias a denunciar en esta región del suroccidente colombiano donde la guerra no es noticia. Donde en susurros se habla del niño que desapareció; de la madre que no denuncia por temor a represalias o del profesor amenazado y desplazado por querer evitar que los menores sean llevados a la guerra.

Fue a comienzos del 2020 que muchos de esos niños y adolescentes que no atendieron el llamado a lista de sus maestros en las escuelas empezaron a llegar en medio de un desfile de carrozas fúnebres que trasladaban casi de manera clandestina los cuerpos de menores muertos en combates en departamentos como Caquetá, Huila, Putumayo, Valle, Cauca, Nariño y Guaviare, entre otros.

Servicios funerales que se internaban de noche o madrugada por los caminos y veredas de estos municipios para entregar en silencio los cadáveres de niños y niñas en algún resguardo o caserío. Para mantener esta realidad oculta y evitar la presión de las autoridades, las disidencias de las Farc, responsables de más del 75% de los reclutamientos en el Cauca, asumen los gastos del sepelio y envían con las mismas funerarias una compensación económica a las familias. Adjunta llega también la recomendación de guardar silencio.

“Muchos padres en medio de su dolor han debido sepultar obligados y casi al escondido a sus hijos hasta en predios de su propiedad porque con el dinero que les mandan llegan también las amenazas. Hoy sabemos que hay niños que figuran como desaparecidos, pero que podrían estar enterrados a un lado de su casa”, explica un líder comunitario del norte del Cauca que pide omitir su nombre por temor a estos actores armados.

Agrega que: “En la Cominera, una vereda de Corinto (Cauca) nos fusilaron a dos niños y fuimos hasta allá y no nos los iban a dejar traer. Ellos pagaron todos los gastos y le dieron dinero a la mamá como comprando silencio. Son funerarias de los pueblos que se pelean los jóvenes asesinados. Pero hay un miedo muy grande en las comunidades, en las mismas familias en hablar”.

Datos entregados por la Defensoría del Pueblo revelan que entre el 1 de enero del 2024 y el 31 de julio del 2026 recibieron el reporte de desaparición de 1.218 niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por los grupos armados ilegales que se disputan el control de los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico en Colombia. De ellos 623, más del 50%, corresponden a niños y adolescentes indígenas del departamento del Cauca.

“Pensaría uno que el fenómeno de acudir a los menores de edad para ampliar sus filas viene descendiendo. Infortunadamente vemos que no; lo que tenemos es que estas cifras son únicamente la punta del iceberg. La mayoría de casos que sabemos que existen y que también tenemos conocimiento, no llegan a la Defensoría del Pueblo. En los últimos años ha subido el reclutamiento forzado, pero ha subido también el subregistro”, detalla con preocupación la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Si bien el reclutamiento no es un fenómeno nuevo (las extintas Farc se apoderaron en 20 años de 18.711 menores de edad, según la Jurisdicción Especial para la Paz), la falta de implementación de los acuerdos logrados en La Habana abrió la puerta al surgimiento de grupos disidentes, que junto a otros actores armados llegaron a regiones como el Cauca para disputarse esos espacios que no copó el Estado. La necesidad de combatientes dejó en el punto de mira a los niños y niñas indígenas por su fortaleza, su resistencia y conocimiento del territorio.

El general Federico Mejía, excomandante del Ejército en el departamento del Cauca, asegura que existe una razón estratégica cínica por parte de estos grupos armados ilegales a la hora de reclutar a niños indígenas. “Ellos prefieren a los niños Nasa porque los consideran, bajo un estereotipo histórico, como un ‘pueblo guerrero’ y con alta resistencia física. Esta visión instrumentaliza la identidad indígena para convertirla en combustible bélico”.

Consideración que comparte Feliciano Valencia, asesor en asuntos políticos y de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), al asegurar que el pueblo Nasa es el que más ha sido víctima de este delito por su condición, por su contexto, por su mentalidad guerrerista y su capacidad de aguante en situaciones críticas. Parece que estuviéramos diseñados para ese tipo de oficios, lamentablemente; y esas características son muy apetecidas por los grupos armados”.

“Algún día un mando guerrillero dijo que: ‘nos encanta mucho temer indios del Cauca porque son bravos para la guerra’. Eso quiere decir que ellos también hacen una caracterización de lo que son los indígenas de este departamento, especialmente del pueblo Nasa, y por eso llegan a hacer ese proceso de reclutamiento en nuestros territorios y comunidades”, agrega Feliciano Valencia.

EL RECLUTAMIENTO

Para las comunidades indígenas del norte del Cauca la esperanza de paz duró tan solo cuatro meses. El acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc se firmó el 26 de septiembre de 2016 y a partir de los primeros días de enero de 2017 sintieron el acecho, especialmente del Frente Dagoberto Ramos y la Columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, con ofrecimientos a sus niños, niñas y adolescentes.

En el pasado quedó la vieja táctica de retener a los niños y llevarlos de manera forzada para enrolarlos en las filas de estas organizaciones armadas. En la última década ese reclutamiento se viene haciendo de manera ‘voluntaria’ e imperceptible. Un componente más de las estrategias de guerra de estos grupos y que las comunidades indígenas sienten como un proceso de deshumanización y una amenaza a su subsistencia.

El motor de ese reclutamiento han sido los ofrecimientos de elementos materiales que difícilmente una familia humilde en el campo, como la gran mayoría de las familias indígenas, pueden darles a sus hijos; ‘regalos’ que van desde unos tenis costosos, un teléfono de alta gama, una motocicleta o la promesa de salarios millonarios para extraer a los niños de sus resguardos. Incluso, han conocido las autoridades indígenas del norte del Cauca que a esos niños ya reclutados les pagan por cada menor que logre llevar a las filas.

El reclutamiento consiste, asegura el exintegrante de las disidencias de las Farc ‘Ronald Gómez’, “en llegar a los territorios y mostrarles a los menores algo que no hay dentro de su organización: lujos, por ejemplo; el tema de portar un arma, que hoy día usted ingresa y le dan de una vez un arma; carros de alta gama, bienes, dinero, el poder controlar los territorios y poder demostrar que es superior a los demás. Eso hace que los niños y los adolescentes decidan tomar ese camino”.

Las nuevas tecnologías han jugado también en contra de los menores y los algoritmos de redes sociales como Tik Tok, Instagram y Facebook han permito también que algunos niños y niñas empiecen a ser atrapados por estas organizaciones en el ecosistema digital.

Lastimosamente, la programación algorítmica de las redes sociales hace que los menores cuando entren en una página que busca reclutarlos, aun así la página sea bloqueada o deja de seguirla, empieza a aparecerle automáticamente información de páginas con contenidos similares en los días siguientes.

Aunque se supone que las escuelas son espacios seguros, los caminos hacia las sedes educativas del norte del Cauca son territorio del victimario y se han convertido también en centros de reclutamiento en los que grupos armados intentan arrastrar a niños, niñas y adolescentes al conflicto. Escuelas que han dejado de ser históricamente refugios seguros para convertirse en terrenos de persuasión y caza.

Instituciones educativas de formación étnica como Quintín Lame y Sesteaderos en Toribío; Kwesx Uma Kiwe, en Caldono, y Kwe’sx Piya Yat, en Jambaló, registran la deserción de hasta 250 alumnos en un solo año, según la base de datos obtenida del Ministerio de Educación, en la que el año 2023 es especialmente dramático.

“Lo que es claro es que la mayor cantidad de reclutamientos se da en el norte del Cauca y van dirigidos en contra de menores de edad, principalmente indígenas (…) esto demuestra que el reclutamiento es también un reflejo de la discriminación étnica en nuestro país y los menores de edad de estos pueblos étnicos tienen menos condiciones de protección frente al reclutamiento”, detalla la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Lo más triste para las autoridades ancestrales es que ese reclutamiento se ha dado, incluso, dentro de los salones de clase, donde otros niños indígenas que han sido ya cooptados por los grupos armados intentan convencer a sus compañeros para sumarse a estas organizaciones criminales. La Acin ha denunciado también presiones y amenazas por parte de estos grupos contra docentes y rectores de colegios que se oponen y hacen campaña entre los estudiantes en contra del reclutamiento infantil. Varios han sido asesinados o desplazados de sus territorios.

“La narcocultura ha erosionado la autoridad de los mayores, sustituyendo el prestigio del saber ancestral por el del consumo material. El fusil se presenta como una vía de ‘crecimiento personal’ falaz, donde el acceso a lujos inmediatos reemplaza el proyecto de vida comunitaria”, explica Feliciano Valencia, asesor del Cric y la Acin.

El amor, los sentimientos y las necesidades de las niñas indígenas también cobran valor en la guerra. Las menores no solo son utilizadas emocionalmente para llevarlas a los campamentos, sino que son explotadas sexualmente y utilizadas para seducir a otros niños en sus comunidades o escuelas y sumarlos a las filas.

“Vemos niñas de 10, 11 o 12 años ilusionadas completamente, con la ilusión del amor de su vida, pero juegan con sus sentimientos y sus necesidades. Hemos rescatado niñas que nos decían que el maldito que las enamoró se preocupó por ellas durante cinco o seis meses, las llamaban, les enviaban dinero, se preocupaban por cómo estaban y luego les dicen que se van a ir juntos y las meten al campamento, pero después el hombre desaparece dejándola allá metidas. Las que hemos logrado recuperar o que huyen, llegan desechas”, cuenta una de las consejeras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.

Para las comunidades indígenas la mujer es el pilar de la existencia, la dadora de vida, por lo que su sustracción forzada representa un golpe letal a la pervivencia del tejido cultural. Ya dentro de la organización, como lo cuenta ‘Ronald Gómez’, el joven reclutado a las 13 años de edad, se ven forzadas a establecer relaciones con algún mandos para evitar los abusos sexuales por parte de la tropa.

“Cuando el comandante sea de milicia, de columna o de frente le gusta una niña, obvio que ella le va a copiar porque al ser compañera sentimental de un comandante va a tener una vida fácil porque no va a ranchar ni va a prestar guardia y va a tener acceso a muchos lujos; pero también asume una altísima responsabilidad porque si la ven coqueteando con otro camarada y el comandante se da cuenta que la socia, como se le dice allá, se está viendo o encamándose con otro, obvio que va a ser fusilada”, detalla ‘Ronald’.

Pero existe otro método silencioso de captación que es el adoctrinamiento pasivo a través de las acciones que realizan estas organizaciones armadas ilegales en los territorios de su interés. Aquí no hay promesas, solo hay un orden, hombres armados y familias que entienden demasiado tarde que el niño ya no está bajo su custodia. Todo oculto bajo una falsa sensación de trabajo social en favor de la comunidad. Niños y niñas de muy ooca edad que ya están reclutados sin saberlo.

Se trata de las acciones cívico-militares como eventos y fiestas donde los grupos armados ilegales entregan regalos como una estrategia de adoctrinamiento previo con el que buscan normalizar la presencia armada ante la mirada infantil y presentando al combatiente como un vecino generoso, antes de revelarse como victimario.

“Lo que buscan los grupos armados entregando regalos en Navidad, elementos escolares o realizando torneos de fútbol es generar cercanía con las comunidades y eso termina siendo una forma de adoctrinamiento y preparación para la vinculación. Tarde o temprano va a terminar vinculado al grupo armado y tristemente más temprano que tarde. Hay casos como el del niño de 4 años que dice: ‘mire, el cuaderno me lo regaló don Jaime. Y quién es don Jaime, pues es la columna Jaime Martínez de las disidencias”, asegura Hilda Beatriz Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes al Conflicto Armado (Coalico).

“Usualmente tenemos la idea de que el reclutamiento es ponerle un uniforme, darle un fusil y llevárselo para el monte, pero hoy no funciona así; hoy el niño o la niña hacen parte de la estructura, siguen en su casa y van al colegio, pero no dejan de ser parte de un grupo armado y víctimas del conflicto”, detalla Hilda Beatriz.

LOS VICTIMARIOS

La reconfiguración del conflicto ha consolidado al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc como el principal victimario de la niñez Nasa. La gravedad de su accionar ha llevado a la Fiscalía General de la Nación a imputar a las disidencias de alias Iván Mordisco por el delito de etnocidio, reconociendo que el reclutamiento sistemático tiende a la destrucción de la estructura social indígena.

Entre los mayores reclutadores figuran los frentes Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño y Franco Benavides, pero la niñez indígena también ha estado en el punto de mira de otras organizaciones armadas como la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo (EGC) y varios grupos de seguridad al servicio del narcotráfico.

En respuesta a un pedido de información al Ministerio de Defensa Nacional, el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia (Gahdasij) indica que entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de agosto del 2026 han registrado los casos de 1.571 niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado o han sido recuperados de las filas de los grupos armados ilegales.

Advierte la respuesta que esta cifra representa solo una parte, seguramente menor de las víctimas y que aún son muchos los padres, hermanos, compañeros de escuela, docentes o abuelos que siguen esperando noticias de sus niños. Cifras que aunque muy distantes de las reales, revelan una crisis desbordada. De ellos, 608 eran niños y niñas de las comunidades indígenas (38,7% del total), cifra que podría ser muy superior porque en 691 registros no aparece la identidad étnica del menor.

Estas estadísticas confirman también que los grupos residuales de las extintas Farc son los máximos reclutadores de niños y niñas en todo el país y principales victimarios de los menores indígenas de las comunidades del norte del Cauca. Muestran las cifras que de los 1.571 niños recuperados o desvinculados, 1.198 estaban en poder de las diferentes estructuras de las disidencias de las Farc (76,2%).

“A inicios del 2017 arranca la disputa sangrienta por el control del territorio y lo que hicimos como comunidad fue retomar el Plan Minga en Resistencia, que son estrategias de protección colectiva y establecimos puntos de control para saber quién entra y quién sale del territorio. ¿Qué pasó? Empezaron estos grupos a individualizar los liderazgos e iniciaron los asesinatos selectivos”, recuerda otro líder comunitario del Consejo Regional Indígena.

La situación fue tan tensa y confrontacional entre los grupos disidentes de las Farc y los integrantes de la guardia indígena, que para el 2019 no podían salir al territorio con su simbología porque tras su lucha por evitar el reclutamiento de niños, llegaron amenazas de muerte a cualquiera que hiciera parte de la autoridad ancestral.

Por primera vez en la historia los cabildos del norte del Cauca habían visto caer a 19 de sus principales guardias asesinados; un golpe al corazón mismo de la estructura. Primero fue Gerson Acosta Salazar en el 2017, para el 2018 fue Edwin Dagua Ipia; en el 2019 mataron a Cristina Bautista Taquinás y en el 2021 cobraron la vida de Argenis Yatacué, entre otros; máximos dirigentes que murieron portando sus chontas y en su tierra sagrada.

Pero el punto de quiebre fue el asesinato de Albeiro Camayo, coordinador regional de la guardia indígena, y luego de José Miller Correa, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca y quien fue consejero del Cric. “Era la primera vez que nos asesinaban a dos grandes líderes, que hasta el momento duelen demasiado. Ahí empezó la zozobra y todo bajo el mando de alias El Indio, un indígena Nasa que alzó las armas contra su pueblo”, explica una de las mayoras.

Agrega que: “Después de la muerte de Miller Correa, en el 2019, empezamos a hacer mingas para ir al territorio y saber qué era lo que estaba pasando con esta reconfiguración del conflicto y vaya sorpresa cuando empezamos a escuchar: ‘a mi hijo se lo llevaron hace ocho días’, ‘mi niño se fue a trabajar’, ‘a mi hijo le dieron una moto y se fue’, ‘mi hijo me está mandando plata’, y era enorme la lista de niños reclutados desde 9 años”.

“Empezamos a preguntarle a la Defensoría del Pueblo qué estaba pasando y no sabían nada; le preguntamos a la Fiscalía, y no tenían conocimiento, y nos fuimos a hablar de nuevo con las familias y nos dijeron: ‘no, es que no puedo decir nada porque matan a mi hijo’, ‘mi hijo me escribió y que no fuera a denunciar que estaba bien’, ‘mi hijo me pidió que no lo buscara que en cualquier momento regresaba’, y supimos que estaban en un grave nivel de riesgo esas mismas familias y empezamos en silencio a documentar esos casos. Cada semana salían hasta 17 y 18 niños y jóvenes de un solo territorio”, cuenta uno de los encargados del tejido de comunicaciones de Acin.

Entre el año 2017 y el 2023, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) documentó el reclutamiento de 817 niños, niñas y adolescentes de sus comunidades, que además de ser llevados para engrosar estructuras armadas, son ubicados en la primera línea de combate y como escudo para evitar los bombardeos del Ejército, restringidos por ley cuando labores de inteligencia permiten establecer la presencia de algún menor de edad dentro de los campamentos.

“El reclutamiento forzado ha venido agravándose en los últimos años. Infortunadamente, está asociado a la expansión territorial de los grupos armados; desde el 2019 hemos evidenciado, de acuerdo al sistema de alertas tempranas, una expansión de los grupos y una dinámica de ellos de acudir a los menores de edad para ampliar sus filas y también exponerlos a actividades que no necesariamente son de combate, sino también de mensajería, de campaneros o labores domésticas en el caso de las niñas”, agrega Iris Marín.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, es de las pocas organizaciones que realiza rescate de niños. “nosotros hemos hecho muchos rescates y muchos de ellos son niños o niñas que se han llevado engañados con regalos, enamorados o con falsas promesas”, asegura un consejero.

Por esa misma situación, la organización constantemente está recibiendo amenazas. Los presidentes de junta, los docentes, los rectores, las autoridades, la guardia indígena. Cualquiera que se pare con un micrófono en una asamblea, en una reunión, por el solo hecho de mencionarlos ya es declarado objetivo militar.

“La guerra que nos han declarado al movimiento indígena es aterradora. Son varios los asesinatos de mujeres lideresas, pero han sido porque las mujeres también, por proteger la vida de los niños y de nuestros líderes hombres, nos ponemos al frente y pasó lo que pasó con Liliana, con Urgenis, Cristina, Carmelina”, cuenta otra de las mayoras que pide reserva de su nombre.

A diferencia de lo que ocurría con las antiguas Farc, que tenían posiciones políticas, los movimientos indígenas lograron acercamiento con sus comandantes y acuerdos para el respeto de las autoridades y las comunidades en general. Sin embargo, con las disidencias de esa guerrilla, interesadas más en el narcotráfico y las economías ilícitas, ha sido imposible un acercamiento o un diálogo.

“No hay con quien dialogar porque ahora esos comandantes son niños, jóvenes que no escuchan y solo saben disparar; aquí los vemos pasar armados, en camionetas y llenos del odio que les han infundido contra la organización y el movimiento indígena. Son niños reclutados que ya ascendieron a posiciones de poder”, explica la mayora.

JUGANDO A LA GUERRA CON FUSILES DE PALO

No para reivindicar su condición de niño o niña recién reclutada, sino como parte de las prácticas de alistamiento, lo primero que reciben los menores indígenas al llegar a un campamento guerrillero es adoctrinamiento político y militar, y un fusil de palo que deberán portar y proteger con su propia vida.

El ingreso a las filas marca una ruptura traumática con la realidad que les prometen a los menores antes de llegar al campamento del grupo armado. Una realidad de la que solo existen tres de maneras de salir, de acuerdo con ‘Ronald Gómez’: “la consecuencia natural del reclutamiento es la muerte, terminar en una cárcel o regresar amputado o en condiciones graves de salud. Es casi imposible retornar a casa con vida”.

“Recuerdo muchachos que llegaban sin experiencia alguna, todavía con mentalidad de niño, y al poco tiempo ya cargaban armas largas y hacían guardias nocturnas en medio de la montaña. Algunos lloraban en silencio por las noches; otros intentaban mostrarse fuertes para sobrevivir dentro de un ambiente donde demostrar miedo podía convertirse en un problema. En el Estado Mayor (Central, EMC) se hablaba constantemente de fortalecer la estructura y mantener el control territorial. El reclutamiento hacía parte de esa dinámica porque la guerra necesita remplazos constantes debido a las capturas, las bajas, los combates y las deserciones. En medio de ese círculo los jóvenes terminan siendo los más vulnerables”, cuenta ‘Ronald’.

Imágenes que se han conocido en los últimos años, halladas en los computadores de algunos de los comandantes guerrilleros, muestran grupos de niños, niñas y adolescentes realizando marchas y movimientos tácticos de combate, con uniformes camuflados y simulando portar armas reales, que en algunos casos superan el tamaño y la estructura corporal de los menores. Todo parece un juego.

Si bien estas organizaciones armadas ilegales han reconocido el reclutamiento de menores a partir de los 15 años de edad, existen casos de niños y niñas que desde los 9 y los 10 años ya han sido absorbidos por el movimiento armado. “Yo conozco un caso, por ejemplo, de una niña de 5 años que fue reclutada porque iban por sus hermanos mayores adolescentes, y como ella estaba con ellos, se los llevaron a los tres y la niña terminó dentro del grupo”, cuenta la defensora del Pueblo, Iris Marín.

El choque es demoledor. Durante los primeros días, los menores reclutados son llevados por caminatas extensas y lejos de sus comunidades con el único propósito de evitar que quieran regresar. Todo el tiempo les aseguran que se están moviendo por caminos sembrados de minas antipersona para generar el miedo a moverse por fuera de las indicaciones de los comandantes o que un intento de fuga puede acabar en un campo minado. Un camino sin retorno donde deja de ser opción el arrepentimiento.

La inmersión en la vida militar de un niño o un joven entre 10 y 17 años inicia con labores de mensajería, recogiendo leña, asumiendo tareas de ranchería y prestando guardia con su fusil de palo en la selva en horas de la noche y la madrugada; más como una prueba sicológica que como una garantía de seguridad real para el resto de los combatientes de la estructura que lo ha reclutado. Pero más recientemente, se han convertido en ‘hombres’ clave para el ataque a las Fuerzas Militares mediante el uso de drones.

Pero la guerra moderna ha acelerado la crueldad y ante la necesidad constante de tropas para controlar los territorios, las rutas del narcotráfico y la muerte constante de combatientes en medio del conflicto, los grupos armados han tenido que reducir los periodos de entrenamiento y están enviando prematuramente a niños y niñas, sin la preparación ni la contextura al frente de batalla.

El año 2025 fue un punto de quiebre para centenares de niños, niñas y adolescentes que ingresaron a las filas de las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. La búsqueda de la llamada paz total del expresidente Gustavo Petro con los grupos armados ilegales llegó con el anuncio del cese del fuego y la suspensión de las acciones militares en contra de estas organizaciones.

Sin la presión del Ejército, los comandantes e integrantes de las disidencias de las Farc se paseaban tranquilamente por las calles y caseríos uniformados, portando pistolas y fusiles a la vista de todos y ejerciendo labores de autoridad. Eso llevó a que una desbandada de menores indígenas quisiera sumarse a estas organizaciones, motivados por el poder de las armas, camionetas de alta gama y el dinero.

El 16 de marzo del 2024 se encontraron frente a otra realidad. Ese día hombres de las disidencias llegaron a la vereda La Bodega, municipio de Toribío, para llevarse a un menor que estaba siendo reclutado. Carmelina Yule Paví, coordinadora local del Tejido Mujer salió a hacer frente a la situación y la comunidad empezó a salir y a rodear los hombres armados, quienes en medio de forcejeo dispararon de frente contra la comunidad.

Carmelina quedó tendida mientras intentaba resguardarse en una vivienda aledaña y la noticia de su muerte generó el rompimiento de las mesas de negociación del Gobierno con las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Por primera vez en el gobierno de Gustavo Petro el Ejército Nacional recibió la orden de bombardear y atacar a las disidencias en regiones como Cauca, Nariño y Guaviare.

En los días siguientes muchos de esos niños, niñas y adolescentes se vieron por primera vez al frente de una línea de fuego, escuchando el rugir de las ametralladoras y los fusiles; poniendo el pecho a una guerra que no vieron venir. Como es apenas natural, muchos de ellos decidieron instintivamente huir. Algunos lo lograron, pero otros fueron capturados y ejecutados por la misma organización por una falta grave: el delito de cobardía.

“El día de mi primer combate tuve muchísimo miedo porque nunca había escuchado un sonido así. Lo primero que quería hacer era correr, esconderme, pero ya nos habían advertido que iban a dispararle al que se acobardara y rompiera la formación. Intentaba mostrar valentía, pero por dentro le estaba pidiendo a Dios que no me dejara matar y que no le fueran a dar esa noticia a mi abuela ni a mis hermanas”, relata ‘Milton’, un menor reclutado a los 12 años en Toribío y que a sus 14 habla de la guerra como un estratega militar.

Otros como él no corrieron la misma suerte y murieron en combates con otros grupos armados ilegales y alrededor de 104 menores murieron en los bombardeos realizados por las Fuerzas Militares contra los campamentos de los jefes de los grupos armados ilegales durante la última década, según datos revelados por el Instituto de Medicina Legal.

“Si usted se echaba para atrás era hombre muerto. ‘Eso es para cobardes’, es la doctrina que a uno le siembran. Usted tiene que pararse en la cortina y avanzar todos juntos. Si usted echa para atrás, pues la misma organización lo va a asesinar porque va a decir que no sirve; va a salir a correr y en cualquier momento vos va a dejar botados y puede ir a entregar información al Estado o a otro grupo armado”, explica ‘Ronald’.

Muchos de esos niños endebles e inexpertos son quienes han retornado a sus comunidades en las caravanas de carrozas fúnebres que pasada la media noche entra por los caminos y veredas del norte del Cauca para entregar los cuerpos a sus familiares en el más absoluto silencio y reserva.

Es muy complejo para un niño de 13 años, revela alias ‘Ronald’, “tener que ver cómo se ajusticia a una persona; cómo se le quita la vida a una persona sin justificación o sin argumentos suficientes (…) puedo dar fe de muchos casos de niños que fueron asesinados”.

“Después de que un niño deserte va a ser declarado objetivo militar y donde quiera que usted vaya, van a estar las milicias urbanas y posteriormente va a ser asesinado; porque al movimiento no le conviene que un niño que tomó la decisión de no seguir allá, ande libre por ahí cuando ha conocido muchas cosas. Ese es un riesgo que ellos como organización no pueden correr… Es una traición el hecho de no seguir compartiendo esa misma ideología”, explica ‘Ronald’, quien logró mando en la columna Ricardo Velázquez de las disidencias.

En el caso de los niños indígenas, aseguran las autoridades ancestrales, a los menores les realizan un lavado cerebral dentro de las disidencias de las Farc buscando el desarraigo total. “El propósito es transformar el niño y llenarlo de odio para convertirlo en un combatiente capaz de empuñar un arma contra su propia comunidad o familia”, asegura un exconsejero de la Acin.

“Por eso el regreso para ellos es tan peligroso como estar dentro de esas organizaciones. Algunos niños que logran escapar no pueden volver inmediatamente a sus comunidades porque el grupo que lo recluto sigue controlando el territorio y seguramente conoce a su familia y van a tomar represalias.

LOS CONSEJOS DE GUERRA

La verdadera brutalidad del reclutamiento se revela en los temidos consejos de guerra dentro de los grupos armados ilegales. En la espesura de la selva la justicia es inclemente y simple, y los niños, niñas y adolescentes que cometen alguna falta estipulada en los estatutos de estas organizaciones son sometidos a juicios internos que en la gran mayoría de los casos obedecen a una sola sentencia: la pena de muerte.

Una especie de justicia sumaria donde los mismos menores, todos desescolarizados, son obligados a asumir roles de fiscales, de defensores o testigos para juzgar a sus propios compañeros y en los que, llevados por el temor y la presión psicológica, terminan levantando la mano en señal de aprobación para que los jueces, papel que asumen sus comandantes, sentencien la orden de fusilamiento de menores como ellos.

Desafortunadamente, como los mismos niños nos han ayudado a documentar, explica Hilda Molano de Coalico, “morir al interior del grupo no solamente está dado por el ataque del contradictor, sino que puede ser una decisión interna. Frente a determinadas faltas que se cometen al reglamento de la estructura, eso puede llevar a los consejos de guerra en los que muchos son asesinados en aparentes ejercicios de justicia”.

Quienes han corrido con la suerte de salir vivos de un consejo de guerra, según información obtenida por la Fiscalía en computadores incautados en operativos contra jefes de estos grupos armados, reciben como sanción el envío a algunas de las ‘zonas rojas’ y de mayor actividad de combate a la espera de que sean asesinados en otros contextos o en alguna batalla contra el Ejército o las estructuras enemigas.

Ronald afirma haber presenciado la ejecución de personas acusadas de intentar desertar o entregar información al Estado. Según su relato, los hechos ocurrieron en el 2021 en el río Naya y entre las personas ejecutadas había varios menores de edad. Eso ha convertido las montañas de Colombia en albergue de fosas comunes de niños muertos en combates o en ejecuciones extrajudiciales.

“Ese día me encontraba en la escuela de formación Alonso Cortés, la escuela de formación político-militar de las disidencias de las Farc. En ese tiempo estaba el camarada Wilson González, a quien apodaban Mayimbú, uno de los jefes más buscados por el Estado. A esa escuela llegaron muchas personas infiltradas y que querían ganarse la recompensa y con una persona que cayó ese día, quedó desmantelada una red que quería entregarlo. Ese día fueron ajusticiadas 28 personas, entre ellas mujeres, pero habían muchos jóvenes y muchos menores de edad. Ese día vi el mayor ajusticiamiento que pude haber visto en la historia de mi vida. Entre ellos había varios que habían intentado desertar y fueron interceptados por milicianos”, relata ‘Ronald’.

Toda esta situación se conecta con un fenómeno todavía más oscuro: el ocultamiento de los cuerpos de los menores ejecutados por la organización para evitar que sean recuperados por sus familiares. Como una suerte de castigo más allá de la muerte contra aquellos niños entre 10 y 17 años de edad que intentaron huir por el simple hecho de querer volver con su comunidad y su familia.

‘Ronald Gómez’ explica que los cuerpos que entrega la organización son los de niños muertos en combate, pero cuando los menores son ejecutados por las mimas disidencias por alguna falta cometida, esos cuerpos se sepultan y quedarán figurando por siempre como desaparecidos porque no se les da razón a sus seres queridos.

Para una familia indígena la muerte no termina necesariamente cuando llega la noticia. Esa familia necesita un cuerpo. Necesita una despedida. Necesita un ritual y por tradición debe devolverlo a la tierra. Esa es una de las razones por las cuales las comunidades indígenas, cuando no logran rescatar a los menores del reclutamiento, salen a buscar los cuerpos de sus niños cuando se tiene conocimiento de su muerte

“De Tacueyó nos mataron a un menor y se hizo una comisión para ir a recuperar su cuerpo; llegamos hasta donde estaba el grupo armado y nos tuvieron como tres días esperando para que nos dijeran dónde estaba el cuerpo del muchacho, que al parecer intentó volarse, y nos tocó ir hacia el páramo de noche en medio de la lluvia y buscando ese menor, encontramos otro sepultado al lado. Una imagen terrible porque los sepultaron encadenados y amarrados, imagino que les hicieron un juicio político y los fusilaron”, indica una de las autoridades del Consejo Regional Indígena.

En las comunidades indígenas, el territorio no termina en el mapa. Está en la memoria. En los caminos. En las montañas. En los nombres de los lugares. En los rituales. En la relación con la tierra. Cuando un niño sale de ese universo, no solamente cambia de lugar. Puede comenzar a perder el vínculo con aquello que lo definía.

“Yo no puedo entrar a un territorio sin haber pedido permiso espiritual a la Madre Tierra, al territorio, a la familia. Hay que hacer una serie de procesos y los mayores deciden si ese cuerpo quiere ser exhumado o no. Hay que hacer limpieza y protección a quienes ingresan y se hacen ofrendas espirituales. Si no lo hacemos así, tenemos problemas, dificultades entre nosotros, nos llegan enfermedades, etc”, explica una de las mayoras consultadas.

Detalla, además, que “estamos encontrando en los territorios situaciones muy tristes reflejadas porque hay unos niños o niñas que nadie sabe qué ha pasado y solamente dicen ‘los mataron’, y ahí quedó; otros los tiran al río y solo se encuentran los esqueletos y otros ni siquiera se encuentran; como una niña de Toribio recientemente que desapareció y eso es una zozobra impresionante”.

“Los grupos armados están tratando de hacer una ruptura a nivel comunitario, a nivel político, y están detrás de los niños que se están formando en los semilleros, en los niños guardias, pero también los niños de los líderes buscando debilitarnos. Porque que a un hijo mío se lo logren llevar para ellos es ganancia, pero para nosotros son pérdidas, para nosotros es duelo. Y hemos visto líderes, hombres y mujeres empoderadas decir: ‘yo me retiro’, ‘me vuelo para mi territorio’, y uno pregunta ¿qué pasó? Entonces, ‘no, se me llevaron mi nieto, se me llevaron una hija’, los desarman con los que más les duele”, explica.

EXPORTANDO NIÑOS PARA LA GUERRA

El departamento del Cauca y las comunidades indígenas del norte han sido convertidos por los grupos armados ilegales en una macabra cantera de pequeños ‘combatientes’ con pasaporte abierto para ir a disputar guerras ajenas en varias de las regiones con problemas de orden público en Colombia.

Ese traslado es también parte de una estrategia para evitar que la guardia indígena y las familias logren rescatarlos. Lejos de sus casas, las estructuras armadas implementan una táctica de desarraigo profundo: trasladan rápidamente a los menores reclutados a otros frentes en departamentos como Caquetá, Arauca, Nariño y Guaviare. Allí son ingresados a centros de entrenamiento selváticos donde se les pierde todo rastro, rompen la filiación familiar y se anulan sus redes de apoyo para dificultar cualquier intento de fuga.

“Desafortunadamente aquí está pasando un fenómeno muy complicado, asegura Edwin Mauricio Capaz Lectamo, del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), “y es que parece que el Cauca estaba exportando jóvenes para la guerra… si tú haces seguimiento a las noticias periodísticas donde mueren combatientes en el Tolima, en Guaviare, en Nariño, etc., no deja de haber ahí un joven caucano. Pareciera que el Cauca reuniera condiciones alrededor de la niñez, fácil para reclutar y fácil para exportar a escenarios de guerra, independientemente de qué actor armado sea”.

“Hay varias noticias en donde hay jóvenes muertos y ya con los días es que sabemos que son del departamento del Cauca o sus apellidos son de indígenas caucanos. También a raíz de esto se da la desaparición porque hay algunos que son enterrados en fosas comunes en sus zonas de guerra, pero también entendemos también obedece a esa técnica militar que es muy empleada de no evidenciar las bajas en combate; por eso se sepultan en fosas comunes y eso dificulta el hallazgo de los cuerpos. Además porque en la gran mayoría de los casos no sabemos dónde se llevaron los niños”, agrega Capaz Lectamo.

En muchas ocasiones, las familias solo vuelven a tener noticias de sus hijos cuando son llamados para reclamar sus cuerpos muertos en combate en otras regiones del país o cuando llamadas anónimas les informan el lugar donde han sido sepultados por grupos armados para ir a rescatar los cuerpos.

Eso es parte de las reglas, explica ‘Ronald’. “El niño no puede estar dentro de su territorio porque es un riesgo para la organización porque puede volarse o las autoridades indígenas pueden llegar a rescatarlo (…) Además, muchas veces se cometen extorsiones o acciones dentro del territorio. En mi caso hubo un ajusticiamiento en mi territorio y debido a eso tuve que salir a otro lugar porque podía ser juzgado por mi comunidad; por eso se manda a otros lugares donde no lo conozcan, no conozcan sus costumbres y no conozcan sus resabios”.

“Tenemos casos de familias que apenas tienen contacto y saben de sus hijos se van hasta Nariño, a Putumayo o Caquetá a buscarlos y los tienen durante cuatro y cinco días engañados con que ‘ahora le entrego’, más tarde lo entrego’, ‘mañana lo entrego’, pero para aburrirlos. Luego sacan al niño ya trabajado sicológicamente y para que enfrente a la mamá y le diga que no se quiere ir. Tuvimos un caso más descarado y aberrante todavía en el que le dijeron a los papás que ellos le devolvían su hijo, pero a cambio tenían que llevar dos menores más”, cuenta una de las autoridades de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (Acin).

Uno de los casos más dramáticos de los últimos meses corrió por cuenta de la confrontación que mantienen alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, ambos comandantes de grupos disidentes de las extintas Farc, quienes se disputan a sangre y fuego el control territorial en algunos sectores del departamento del Guaviare. Producto de esos combates, en junio del 2026, los cuerpos de once menores de edad fueron recogidos tras la confrontación y Medicina Legal confirmó que diez de los once menores asesinados eran niños indígenas del Cauca.

Hubo un caso hace poquito, cuenta un líder indígena, de un menor que estuvo reclutado, llega a la familia y decide a la mamá, ‘no diga nada, no vaya a mencionar nada, yo voy a quedarme acá. Yo me quiero venir a trabajar con ustedes’ y empieza a ser parte otra vez de la comunidad y el día menos pensado lo recogieron y se desapareció; y la familia y la autoridad empiezan a preguntar, a preguntar, hasta que a lo último les dicen ‘vénganse que se los vamos a entregar en esta parte’ y cuando llegó allá a la familia, le dijeron vaya búsquelo a tal sitio allá abajo porque ya lo habían matado.

En más de una treintena de ciudades y municipios de Colombia se han logrado entregar a las autoridades o han sido recuperados niños indígenas del Cauca que lograron apartarse de esas organizaciones o fueron recuperados en medio de los combates o los operativos del Ejército contra los grupos armados organizados.

UN ETNOCIDIO EN MARCHA

Las estadísticas obtenidas con base en información suministrada por el Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Coalición contra el Reclutamiento Infantil (Coalico), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), revelan la dimensión de un conflicto que amenaza con la desaparición del pueblo Nasa.

Para los pueblos indígenas es muy grave que nuestros menores líderes como Feliciano Valencia y Edwin Mauricio Capaz, lo que se está viviendo en el norte del Cauca no es solo una guerra, sino un etnocidio. Al llevarse a los niños, los grupos armados ejecutan un plan de exterminio cultural. Los menores son despojados de su lengua y su identidad para ser adoctrinados con una mentalidad guerrerista.

Los pueblos originarios estamos sometidos a un exterminio físico, cultural y territorial, señala Feliciano Valencia, “resultado de la presencia de grupos armados, del narcotráfico y de las economías ilegales que, prácticamente, están cambiando la cultura y la sociedad indígena. Bien poquitos que somos y llevándose a los menores para asuntos de la guerra, nos están arrastrando a un etnocidio”.

“Los niños, las niñas y los adolescentes son la semilla de la existencia de la cultura de los pueblos originarios en nuestras comunidades. Son el núcleo fundamental de un pueblo, de un territorio, y sustraer estos menores de su entorno familiar, de su entorno comunitario, de su entorno territorial y cultural, significa prácticamente un genocidio o es parte de uno de los factores determinantes para constituir un etnocidio”, indica al líder indígena.

De ahí la preocupación de las autoridades indígenas porque sus niños estén siendo tratados como un recurso militar renovable y un capital logístico que acelera el proceso sistemático de desaparición de esos niños que son ‘semilla de vida’ y niñas que son consideradas ‘dadoras de vida’, ambos el núcleo de la identidad ancestral y de la pervivencia de los pueblos indígenas del norte del Cauca.

El niño es la promesa de que la lengua Nasa, la cosmovisión y el territorio sobrevivirán al tiempo. Sin embargo, la Acin asegura que tras el ataque sistemático a las estructuras de autoridad indígena, se están afectando los procesos de formación y hay una conexión tenebrosa en la que se mata al líder que forma al niño y luego se recluta al menor que debería remplazarlo.

“A Albeiro Camayo lo asesinan y los procesos de formación política caen completamente; nosotros tenemos semilleros de niños que en algún momento decían: ‘quiero ser un guardián, quiero tener mi chaleco’ y cuando ocurre lo de Albeiro ya no querían ser guardias porque decían que los iban a asesinar. Y las familias decían ‘ya tengo miedo de participar’ y los liderazgos se debilitaban. Poco a poco hemos venido fortaleciéndonos de nuevo, pero de caídas como estas nos cuesta mucho volvernos a levantar”, lamenta una mayora de la comunidad.

A la probabilidad cada vez más alta de desaparecer se refirió en el 2009 la Corte Constitucional al señalar en la Sentencia 004 que los pueblos originarios están en riesgo de exterminio y que el reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes es el motor principal de este desarraigo.

“El conflicto armado en general empeora la situación preexistente de muchos pueblos indígenas, y desemboca en desplazamiento forzado. El conflicto genera desintegración comunitaria y familiar por la muerte de los líderes, amenazas, señalamientos, reclutamiento de miembros. Se desmiembran las organizaciones y se lleva a las comunidades a situaciones de alta vulnerabilidad. Colombia ya tenía varios pueblos en riesgo de extinción por factores socioeconómicos; pero ahora el conflicto armado ha introducido varios pueblos nuevos en la lista de quienes padecen este riesgo, generando situaciones de urgencia que no han recibido una respuesta estatal acorde a su gravedad”, dice uno de los apartes del Auto 004.

Antes de que el niño cometa un delito de alto impacto, fuimos todos los que fallamos; la familia, el Estado, la sociedad, la escuela, el docente que pudo haber avisado en otras condiciones, el padre ausente, es la madre que tiene que sobrevivir y no está, sentencia Hilda Beatriz Molano, la coordinadora de la Secretaría Técnica de la coalición Coalico.

“Aquí ha fallado el Estado que muchas veces llega tarde. Porque cuando llegamos y hemos resuelto todo lo administrativo, todo lo institucional, el niño ya se fue. Ya nos está llegando es el reporte de que lo traen muerto en combate; o que cayó en el bombardeo o que está en Medicina Legal por X o Y causas; o que definitivamente hemos perdido el rastro y el niño queda desaparecido”, concluye Molano.

Entonces la rueda vuelve a girar y mientras el Estado discute políticas de escritorio, los actores armados se lucran con el dolor y la muerte de las familias de los menores indígenas reclutados, las comunidades originarias del norte del Cauca siguen arriesgando su vida y asistiendo impotentes el exterminio de su pueblo.

“Este país todavía no alcanza a comprender la magnitud del daño que deja el reclutamiento infantil. No se trata solamente de estadísticas o informes, se trata de vidas marcadas para siempre por la guerra. Hablar públicamente no es sencillo; existen riesgos recuerdos y heridas que siguen abiertas, pero también existe la necesidad de contar lo que ocurre en silencio en muchas zonas rurales del país, porque mientras continúen la pobreza, el abandono y la presencia de los grupos armado, seguirá existiendo el riesgo de que más niños cambien los cuadernos por un fusil. Yo logré salir y sobrevivir para contar esta historia; muchos otros jóvenes no tuvieron esa oportunidad”, concluye ‘Ronald Gómez antes de retornar a su celda en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de San Isidro, en Popayán, capital del departamento del Cauca.