Aniversario militar estará empañado por escándalos de corrupción

Desdibujadas. Así han quedado las actividades que el Ejército Nacional programó para celebrar sus 200 años. La recreación de la gesta libertadora por los mismos pueblos que las tropas patriotas recorrieron hace dos siglos se ha visto opacada por cuenta de una seguidilla de escándalos que tienen en la mira de las autoridades penales y disciplinarias a cabos, sargentos, coroneles y generales.

Esta semana el procurador general, Fernando Carrillo, anunció la apertura de tres investigaciones que tienen como protagonistas a los generales Eduardo Quirós, de Contrainteligencia; Adelmo Fajardo, segundo al mando del Ejército, y Jorge Horacio Romero, quien está al frente de Acción Integral.

El Jefe del Ministerio Público calificó las conductas denunciadas como “graves”, por lo que el mismo lunes anunció que un grupo de procuradores judiciales iniciarían las actuaciones para esclarecer los hechos, como se dice en el argot disciplinario “aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar”:

Los delegados ya empezaron a actuar. A mitad de semana hicieron una revisión en la Inspección del Ejército y recopilaron pruebas que están bajo reserva. Desde la Procuraduría se dice que esa actuación tenía como objetivo recabar material para determinar si hubo o no actuaciones de parte de esa unidad frente a denuncias anteriores en contra de los generales implicados.

Colprensa conoció que una de las primeras conclusiones que tienen es que la famosa reunión en la Segunda División sí se habría dado, que fue presidida por Quirós, quien llegó a esa unidad militar con un grupo de poligrafistas y allí estuvieron reunidas unas 200 personas.

Lo que buscaba el jefe de la Contrainteligencia militar era indagar quién era el uniformado que le estaba filtrando datos a la prensa. En ese encuentro habría ofrecido la suma de cien millones de pesos o los seis meses de permiso con remuneración.

Lea también: La tenebrosa huella que ha dejado en Venezuela la Policía Bolivariana de Chávez

“Establecimos que era una misión oficial, esto nos lleva a seguir recolectando pruebas para determinar con precisión cómo fue esa reunión y qué otros temas trataron”, señaló uno de los procuradores judiciales que estuvo en la diligencia.

La semana entrante los trabajos serán simultáneos en Bogotá, para continuar con los casos de Fajardo y Quirós, y en Medellín, adonde trasladarán a los funcionarios que ya tienen en su poder el material del caso del general Jorge Horacio Romero, quien fue retirado de las filas, o como se dice en el argot militar, llamado a calificar servicios.

De Romero se busca establecer si tuvo o no culpabilidad en las presuntas irregularidades que rodearon la entrega de salvoconductos para el porte de armas cuando estuvo al mando de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín.

Tras su separación del cargo, Romero emitió un comunicado en el que señalaba que la decisión del ministro de Defensa, Guillermo Botero, la recibía con asombro, y que consideraba a la institución “garante del derecho a la presunción de inocencia, como hasta la fecha lo había sido”.

Lo que para muchos no es claro fueron las consideraciones que tuvo el alto mando en las sanciones a los militares involucrados. Mientras Romero era apartado, a Fajardo se le concedieron unas vacaciones “para que preparara su defensa” y Quirós fue removido del cargo, pero continúa en la carrera militar.

Aún no se ha nombrado su reemplazo. Se prevé que la próxima semana se den a conocer los cambios, así como las nuevas funciones que asumirá, aunque desde ya se sabe que no tendrá nada que ver con desempeños que impliquen operatividad ni acciones en terreno.

“Cuando se corrompe el jefe, de ahí para abajo podría corromperse la tropa”, describe Hugo Acero, experto en temas de seguridad al analizar lo que ha sucedido en las últimas semanas, ya que al tema de los generales hay que agregarle el episodio aún confuso del coronel Elkin Argote, quien andaba en Bogotá con alias Gárgola, uno de los capos más buscados del sur del país y jefe de la banda ‘La Constru’.

A esto hay que sumarle las capturas de los doce suboficiales detenidos por, presuntamente, cobrar y pagar cuantiosas sumas para ser trasladados de unidades militares a unas que implicaran evitar ir a patrullajes en la selva o en el monte y a cambio de eso obtener puestos en oficinas con horarios fijos. Esto se conoce como cambio de arma.

Las audiencias se iniciaron el miércoles, pero debido a varias confusiones por parte del fiscal designado continuaban este fin de semana. La imputación ante el estrado no fue tan clara como en un principio fue propuesta por el ente acusador, lo que le valió al representante del búnker en el despacho judicial un fuerte llamado de atención por parte de sus superiores, pues la investigación que lleva varios meses puede irse al traste.

Acero considera que no hay un nivel de profesionalización lo suficientemente adecuado en el campo administrativo de las fuerzas. “Muchos oficiales a veces son nombrados en cargos administrativos y no conocen del tema, ellos fueron entrenados más para seguridad y defensa que para administrar la cosa pública”, esbozó.

Por su parte, el profesor de la Universidad del Rosario Juan Carlos Ruiz, manifestó con respecto a las sanciones que se aplicaron a los generales Quirós, Romero y Fajardo que fueron ajustadas al ordenamiento institucional y a la facultad discrecional del mando.

“Esa es la base de la democracia. No se pueden considerar decisiones tibias, de pronto la tribuna querrá sanciones ejemplarizantes, pero sin saber qué fue lo que pasó y sin que se pueda defender la persona eso sería ir en contra del estado de derecho que es uno de los pilares de cualquier democracia”, apuntó.