Cali
Violencia, brechas económicas y sobrecarga de cuidado preocupan a las caleñas; estas son las cifras
Un análisis conjunto muestra que es la suma de factores que se acumulan y profundizan las inequidades.
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8 de mar de 2026, 05:05 p. m.
Actualizado el 8 de mar de 2026, 05:09 p. m.
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Las mujeres en Cali viven en medio de tensiones que atraviesan su cotidianidad: más violencia en sus entornos, menos ingresos que los hombres, una sobrecarga histórica de cuidado y profundas desigualdades en la ruralidad.
Las cifras más recientes muestran que estos fenómenos no ocurren de manera aislada, sino que se entrelazan y condicionan la autonomía de las mujeres en la ciudad y el Pacífico colombiano.
En 2025 fueron asesinadas 68 mujeres en la ciudad, la cifra más alta de los últimos tres años. Más de 4500 denunciaron violencia intrafamiliar. Los delitos sexuales aumentaron 18,6 % y alcanzaron su nivel más alto en cuatro años.
Al mismo tiempo, 36 de cada 100 mujeres se dedicaron principalmente a oficios del hogar, solo 56 de cada 100 participaron en el mercado laboral y su ingreso promedio fue 15 % menor que el de los hombres. En la ruralidad, apenas 3 de cada 10 mujeres acceden a un trabajo remunerado y 9 de cada 10 lo hacen en la informalidad.
Esta radiografía, presentada por la Fundación WWB Colombia, Cali Cómo Vamos, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres y la Universidad Icesi, integra seguridad, cuidado y autonomía económica en una sola lectura estructural.
La conclusión es clara: la violencia contra las mujeres no puede analizarse aislada de la desigualdad en ingresos ni de la distribución del cuidado. La dependencia económica y la pobreza de tiempo no son efectos secundarios; son factores que incrementan la vulnerabilidad y restringen la capacidad real de decisión.

Homicidios al alza, feminicidios a la baja
En 2025 se reportaron 68 homicidios contra mujeres en Cali, un incremento del 11,5 % frente a 2024. La ciudad registró la tasa más alta entre las principales capitales del país: 5,6 por cada cien mil mujeres, por encima de la tasa nacional (3,7).
Aunque los feminicidios disminuyeron (5 casos en 2025 frente a 14 en 2024), la reducción no implica que la violencia estructural haya cedido. Las tentativas de feminicidio alcanzaron 50 denuncias. En lo corrido de 2026, entre el 1 de enero y el 21 de febrero, ya se habían reportado ocho homicidios de mujeres y dos feminicidios.
“Según Medicina Legal, en 2025 la principal circunstancia generadora de violencia intrafamiliar contra la mujer en Cali fueron los celos, representando el 33 % de los casos. La incidencia de los celos como generador de esta violencia en la ciudad fue superior al dato nacional (27 %) y la más alta entre las principales capitales. Estas cifras reflejan la necesidad de fortalecer la educación emocional, la inadecuada gestión de emociones no puede seguir impactando la integridad de las mujeres”, dijo Danny Angarita, director de Cali Cómo Vamos.
En 2025 se registraron 4516 denuncias de mujeres por violencia intrafamiliar en Cali, el 73% del total de los casos. En 9 de cada 10 hechos el agresor fue un hombre y 8 de cada 10 ocurrieron en el hogar. La principal circunstancia asociada fueron los celos (33 %), proporción superior al promedio nacional.
En delitos sexuales, la ciudad reportó 1139 denuncias de mujeres, un alza del 18,6 % frente al año anterior. Las mujeres representaron el 84 % de las denuncias y 7 de cada 10 exámenes médico legales correspondieron a menores de edad.
La violencia también se expresa en el espacio público y digital. El 15 % de las encuestadas afirmó haber sido víctima de algún tipo de violencia en el MIO en 2025; 4 de cada 10 dejaron de usar ese sistema por inseguridad. En tanto, más de la mitad de las mujeres que usan internet para trabajar han sido víctimas de agresiones en línea.

“Lo que solemos ver son las denuncias por feminicidios, pero lo que no vemos son las tentativas, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y las violencias económicas y patrimoniales que construyen un terreno fértil para que existan los feminicidios. La violencia es un fenómeno estructural”, explicó Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.
La seguridad de las mujeres también está atravesada por la dependencia económica. En Colombia, el 35 % de las mayores de 15 años no cuenta con ingresos propios, frente al 13,2 % de los hombres. En Cali, la participación laboral femenina es del 56 %, frente al 75 % masculina, y el desempleo sigue siendo mayor entre ellas.
“La situación en la ruralidad es crítica: solo 3 de cada 10 mujeres logran tener un trabajo remunerado y casi todas lo hacen en condiciones de informalidad. Sin autonomía económica, quedan atrapadas en un ciclo de vulnerabilidad donde la dependencia se convierte en una barrera devastadora para su seguridad y toma de decisiones”, dijo Soraya Husain-Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.
Menos empleo e ingresos
En 2025, 36 de cada 100 mujeres mayores de 15 años se dedicaron principalmente a oficios del hogar, frente a 7 de cada 100 hombres. Solo 56 de cada 100 mujeres participaron en el mercado laboral, frente a 74 de cada 100 hombres. La tasa de ocupación femenina fue del 50%, que representa 18,6 puntos porcentuales menos que la masculina.
La tasa de desempleo femenina alcanzó el 10,2 %, que superó en 2,8 puntos porcentuales la masculina. Entre mujeres de 15 a 28 años la tasa de desempleo fue del 19,9 %, frente al 13,3 % de los hombres jóvenes. En mujeres indígenas fue del 13,3% y en afrocolombianas del 15,7 %, superiores al 8 % de mujeres sin autorreconocimiento étnico.
En ingresos, el promedio laboral mensual de las mujeres fue de $ 1.945.234, un 15,1 % menos que el de los hombres ($2.291.565). En la vejez, 72 de cada 100 mujeres de 60 años o más no estaban cotizando ni tenían pensión.
“Es necesario seguir fortaleciendo los ecosistemas de emprendimiento con financiamiento, acompañamiento y desarrollo de capacidades técnicas y comerciales para aquellas mujeres que ven en el emprendimiento una manera para generar ingresos y posiblemente generar otros empleos”, dijo Soraya Husain-Talero, directora de Investigaciones de la Fundación WWB Colombia.

Para Lina Buchely, la relación entre economía y violencia es directa: “Está comprobado que las mujeres que tienen soberanías económicas pueden romper más fácil los circuitos de la violencia. Una mujer autónoma económicamente puede decidir abandonar a su agresor, pero una mujer con dependencia económica no puede tomar esa decisión”.
Cuidado: raíz de la desigualdad
Detrás de las brechas en empleo y de la vulnerabilidad frente a la violencia hay un factor persistente: la organización social del cuidado.
El trabajo de cuidado no remunerado representó el 19,6 % del PIB nacional entre 2022 y 2023, equivalente a $ 230,3 billones. Sin embargo, continúa recayendo de manera desproporcionada en las mujeres.
Ellas dedican en promedio 7,46 horas diarias a estas labores; en centros poblados y ruralidad dispersa, la carga asciende a 8,53 horas. Esta pobreza de tiempo limita su inserción laboral, interrumpe trayectorias productivas y afecta su salud física y mental.
“Otro elemento a destacar es el impacto que generan las mayores cargas de cuidado en la salud de las mujeres. En nuestra encuesta de percepción ciudadana más reciente encontramos que las mujeres que dedicaron 9 o más horas diarias a labores de cuidado reportaron menores niveles de buena salud física (50 %) y mental (70 %) en comparación con aquellas que afirmaron destinar entre 1 y 4 horas a estas tareas (61 % y 78 %, respectivamente)”, puntualizó Danny Angarita, director de Cali Cómo Vamos.
La Radiografía del Cuidado en la Región Pacífico, construida a partir de quince proyectos financiados por el Fondo para la Investigación de la Fundación WWB Colombia, evidencia que en los territorios rurales el cuidado no solo sostiene los hogares, sino también la cultura, la economía local y la defensa del territorio.
“En el Pacífico, donde el cuidado es la columna vertebral que sostiene la vida, la cultura y el territorio, el desafío actual es evitar que este compromiso ancestral se convierta en una barrera para su autonomía o en una causa de exclusión económica. Es urgente que el Estado, el mercado y las familias asumamos una corresponsabilidad real, redistribuyendo el cuidado y transformándolo de una labor invisibilizada a un derecho dignificado”, dijo Husain-Talero.
Un estudio con 163 mujeres con discapacidad o cuidadoras en Cali, realizado por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, encontró que el 67 % de las personas que aseguraron tener labores de cuidado dedican su actividad principal al cuidado no remunerado. El 49% invierte más de ocho horas diarias en estas labores y el 87 % ha sentido ansiedad en su ejercicio. El 59 % reporta dificultades para acceder a servicios públicos de cuidado y solo el 6,7 % considera que las instituciones realmente protegen y apoyan a las mujeres frente a situaciones de vulnerabilidad. “El elemento más frecuente en esta investigación es el de violencia institucional. No solo son personas que tienen una altísima carga de cuidado, sino que tienen la infraestructura pública en contra”, agregó Buchely.
Vida rural: trabajo invisible que hacen las mujeres
En la ruralidad de Cali la división del trabajo es aún más marcada. Otra investigación del Observatorio para la Equidad de las Mujeres y Oxfam Colombia encontró que la actividad principal del 61,6 % de los hombres participantes es un trabajo remunerado, mientras que para el 43,6 % de las mujeres es el trabajo doméstico en su casa, sin remuneración.
Dos de cada diez mujeres señalaron que no tienen empleo remunerado porque el tiempo dedicado a los oficios del hogar no se lo permite; ningún hombre dio esa respuesta.
Las cifras dibujan un mismo mapa: violencia que persiste, tiempo que no alcanza, ingresos que no igualan y territorios donde el trabajo femenino sigue invisibilizado. Lo que sienten las caleñas no es solo inseguridad o precariedad laboral por separado, sino la acumulación de desigualdades que se refuerzan entre sí y que limitan su autonomía en todos los espacios de la vida cotidiana.
“Reducir la violencia, redistribuir el cuidado y cerrar las brechas económicas no son agendas independientes. Son, para miles de mujeres en la ciudad y en el campo, condiciones mínimas para vivir con autonomía, dignidad y seguridad”, puntualizó Buchely.
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