“No puede ser que invadan ilegalmente y exijan una vivienda nueva”: Secretaría de Vivienda de Cali a comunidades desalojadas

Ya se completan dos días en que varias comunidades que fueron desalojadas de asentamientos, han estado realizando plantones en Cali, exigiendo la suspensión de desalojos y la inclusión en un plan de vivienda.

“Estamos aquí para pedirle al Gobierno nacional que necesitamos reunirnos para buscar unas salidas claras y concretas frente al problema que vive la ciudad de Cali, uno de emergencia por los desalojos sistemáticos que ha realizado la administración de Jorge Iván Ospina”, informó a El País, María Bernarda Pabón, vocera de la Minga Social Popular comunitaria de Cali.

Ante esta situación, la Secretaria de Vivienda Social y Hábitat de la ciudad, Martha Liliana Hernández, fue clara en explicar que el Distrito no tiene las capacidades para atender los requerimientos que los manifestantes piden: una vivienda gratis de manera inmediata.

“Nosotros como Distrito no podemos aceptar que sea las ocupaciones ilegales, la ruta que las personas vislumbren como la oportunidad de tener una vivienda. No puede ser que las personas invadan de maneral ilegal y exijan que se les entregue una vivienda nueva, por esa razón nosotros tenemos que acatar las ordenes de los juzgados, cuando el juez emite y dice que hay que desalojar a las personas”, dijo Hernández en diálogo con El País.

Y agregó: Lo que sí podemos garantizar de alguna manera es una estabilidad temporal, para que ellos puedan tener esa ayuda y acompañamiento de familiares, y retornar a sus lugares de origen, o poder estabilizarse en una economía dentro de la ciudad”.

De acuerdo con la funcionaria, la Administración de Cali ha llevado a cabo varias reuniones para buscar las posibilidades y necesidades que hay. “Nosotros hemos trabajado a partir de esto, con los programas que ha venimos desarrollando, pero son programas que se demoran de 3 a 4 años para dar inicio. Yo pienso que las personas deben entender que el anhelo que tienen de una vivienda inmediata y gratuita, no es posible. Les hemos explicado de muchas maneras y no quieren comprender cual es la realidad que sucede acá”, aseveró la Secretaria de Vivienda Social de la ciudad.

De acuerdo con la funcionaria, se han reunido varias veces con el Ministerio del Interior, para buscar puntos de atención a cada tipo de población, las víctimas del conflicto armado.

“Hay un subsidio que puede llegar a los $30 millones y esas personas que son víctimas y que tienen un reconocimiento de derecho a vivienda, pueden sumar ese dinero que se les regala la Nación, con lo que nosotros tenemos como subsidio de vivienda para hogares de víctimas y allí hacer una adquisición, ya sea de una vivienda usada o nueva”, añadió.

Además, según la funcionaria, en este momento, lo que ha venido sucediendo con las invasiones es que “se trata de una condición política que, de alguna manera, impulsa ese tipo de eventos”, dijo.

“Todos los ciudadanos deben hacer un esfuerzo y un ahorro y programarse para tener ese sueño de tener una vivienda. Nosotros desde el territorio hemos habilitado las herramientas jurídicas y presupuestales que están a nuestro alcance, pero una solución como la entrega de una vivienda nueva ya y de manera gratuita, no va a ser posible. Lo importante es que las comunidades entiendan que el Distrito de Santiago de Cali, no tiene las capacidades para materializar lo que ellos están pidiendo”, aseveró la funcionaria.

Por otro lado, dijo que era importante hacer una diferencia entre los asentamientos que ya tienen 30 años en el territorio de Cali, y las invasiones que han ocurrido en los dos últimos años. “Para el primero, nosotros estamos en desarrollo de las rutas para la legalización urbanística de esos sectores para que puedan contar con la prestación de servicio, vías y espacios públicos y que los reconozcamos como parte del mapa de la ciudad”, informó.

Por el contrario, para los asentamientos ilegales, la secretaria de Vivienda aseguró que “hay una estructuras criminales detrás de esas actuaciones. Allí hay que dividir cuales son los hogares que realmente tienen una necesidad y cuáles son los hogares que están siendo utilizados por esas mafias, y poder entonces atender a quién realmente lo necesita; explicándoles cuales son las rutas reales, explicarles que no es una vivienda gratuita ya, sino que cuáles son las rutas legales que nosotros podemos darles”, concluyó Hernández.