La Ley 550, una norma que sacó al HUV de 'cuidados intensivos'

El incremento de la facturación, el mejoramiento del recaudo y la disminución del costo operacional han sido las principales acciones que han permitido la recuperación financiera del Hospital Universitario del Valle, HUV, luego de su ingreso a la Ley 550, medida con la que completará dos años el próximo 26 de octubre.

Para los pacientes, esto se ha traducido en el mejoramiento del servicio, tal como lo asegura Luciano Calderón, representante del Movimiento por la Salud de Cali.

“Antes las personas llegaban y se demoraban en atenderlas. Incluso, me tocó ver varios casos en que las dejaban tiradas en los pasillos y los familiares de ellas tenían que implorar para que les prestaran el servicio de salud. Ahora, la atención es rápida, no importa cuál sea la condición en que se llegue”, aseveró Calderón.

Según Hólmer José Reyes, gerente financiero del centro hospitalario, los pasivos totales (deudas) de la institución se han reducido, ya que para agosto del 2017 estos alcanzaron los $312.000 millones y para el mismo periodo de este año, disminuyeron a $296.000 millones.

“Entre las dos vigencias (2017 y 2018), la deuda bajó el 5,4 %. Eso es muy positivo porque demuestra que nuestras finanzas se han venido recuperando paulatinamente. Asimismo, la facturación (ingresos) aumentó el 47 %, puesto que la venta de servicios llegó a los $114.000 millones para agosto de 2017, y para este año, en el mismo corte, ya superamos los $166.000 millones”, explicó Reyes.

Asimismo, el gerente financiero del HUV indicó que se viene implementando una política de austeridad en el costo y en el gasto, que ha permitido que existan “excedentes significativos” en la operación de la entidad.

“Los costos operacionales han bajado. Mientras en el 2017 fueron de $50.000 millones, en lo que va corrido del presente año los mismos alcanzaron los $40.000 millones”, precisó.

Lea además: Aprueban adición de $56.000 millones a presupuesto del HUV para el resto de 2018

Para la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, estos indicadores son una evidencia de que la Ley 550 sí ha sido una “medida salvadora para el HUV, si se tiene en cuenta que, antes de su implementación, el centro hospitalario estaba ad portas de una liquidación”.
​
“Teníamos muchas demandas y embargos que no permitían que el hospital funcionaria como debía ser. Además, no se podían comprar insumos y los trabajadores llevaban varios meses sin pago. Hoy, y gracias a la Ley 550, logramos parar los embargos y estamos al día con los pagos de todo el personal. Además, estamos prestando un servicio oportuno y con calidad”, señaló la mandataria departamental.

Sin embargo, a pesar de que la diputada Juanita Cataño resaltó la positiva recuperación del HUV en términos fiscales, dijo que esta no se ha visto reflejada al 100 % en la atención que requieren los pacientes.

“Hay servicios que aún no se han abierto, tal es el caso de la sala de puerperio (recuperación postparto) y una de las salas de hospitalización de neurocirugía. Asimismo, considero que el mayor riesgo de que el hospital haya ingresado en el régimen de Insolvencia Económica es que, ante cualquier incumplimiento que se les haga a los acreedores, la institución se vuelve un candidato inmediato para que se liquide, si se tiene en cuenta que esta medida durará cerca de diez años”, aseguró Cataño.

La tercerización por agremiaciones también ha sido uno de los puntos más criticados luego de la entrada en vigencia de la Ley 550, pues según Jorge Rodríguez, secretario general de Sintrahospiclínicas, “es preocupante la voracidad por la entrega de contratos de muchas cosas en el hospital”.

“Por ejemplo, se entregó a privados el parqueadero, la farmacia y la central de mezclas. Si esos servicios los operara directamente el HUV, nos ahorraríamos mucho dinero”. dijo Rodríguez.

Sin embargo, Irne Torres, gerente del centro hospitalario, defendió este tipo de alianzas público - privadas y aseguró que son necesarias porque han ahorrado costos y mejorado la operación de la institución.

“En el caso de la farmacia, manejábamos más de 80 proveedores y teníamos un problema de pérdida y vencimiento de medicamentos en las bodegas. Hoy tenemos un solo operador, con el que se han reducido estos riesgos y pasamos de un gasto de $6000 millones mensuales a $2500 millones. Lo mismo sucede con el parqueadero, cuyo alquiler nos genera ingresos mensuales cercanos a los $40 millones” subrayó Torres.

Entre tanto, Héctor Osorio, presidente de Sintrahospiclínicas, cuestionó que sigue siendo “lamentable” que, en el marco de la Ley de Insolvencia, se hayan acabado con más de 400 puestos de planta en el hospital.

“Los trabajadores salieron como los responsables de la crisis financiera del HUV, cuando fueron las diferentes administraciones las que le hicieron a este lugar mucho daño”, recalcó Osorio.

No obstante, el gerente financiero del hospital, sostuvo que el impacto generado por la reorganización administrativa de la entidad, en la que se suprimieron un total de 955 cargos, de los cuales 548 estaban provistos y 407 vacantes, “le significó al HUV un ahorro global en gastos de personal de más de $20.000 millones anuales”.

Lea además: Así es como el HUV busca salir de 'cuidados intensivos'

La Ley 550 (conocida como de Insolvencia Económica), es una herramienta legal de intervención estatal diseñada en el año 1999, que busca reestructurar operacional y administrativamente los activos y pasivos de las empresas, con el fin de que estas puedan llegar a una normalización en sus finanzas.

Para ello, los empresarios, acreedores y administradores deben llegar a un acuerdo en materia de reestructuración de pasivos.

El Hospital Universitario del Valle se acogió a dicha medida el 26 de octubre de 2016, debido a la crisis financiera que estaba atravesando en ese momento, en el que tenía deudas que oscilaban los $180.000 millones.

Sin embargo, según informó Irne Torres, gerente del centro hospitalario, la firma del acuerdo de reestructuración de pasivos no ha sido posible, ya que la Superintendencia de Sociedades no ha resuelto la demanda interpuesta por Colpensiones el 6 de marzo de 2017. “A pesar de los innumerables esfuerzos por conseguir una cita, ha sido humanamente imposible conseguir que el Superintendente de Sociedades nos atienda en su despacho en lo que va de esta vigencia para tratar el tema y obtener un pronunciamiento al respecto”, dijo.