Juzgado deja en vilo licencias de construcción en la Comuna 22 de Cali

El Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali admitió una acción popular con la que se solicita suspender provisionalmente las licencias de construcción otorgadas y futuras en la Comuna 22, en el sur de Cali.

Con esta acción judicial, instaurada por la Procuraduría Ambiental y Agraria para el Valle del Cauca, se busca poner coto al “crecimiento desordenado” de ese sector de la ciudad y, al mismo tiempo, proteger derechos colectivos como el de vivir en un ambiente sano, a la existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, a la conservación y protección de áreas de especial importancia ecológica y al paisaje como patrimonio común que debe ser protegido.

Entre los argumentos expuestos por la Procuraduría Ambiental para iniciar la acción popular se conoció que desde el 2014 a la fecha se han expedido más de 100 licencias de urbanismo para la Comuna 22. Dicho panorama encaja con la entrada en vigencia del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que cambió la naturaleza de dicho sector de zona rural a zona urbana.

Lea también: La falta de planeación sigue retrasando las obras de infraestructura en Cali

La parte demandante también soportó su solicitud en que hay proyectos de vivienda que están violentando el paisaje en el sector y están afectando recursos naturales, pues tienen una altura superior a cinco pisos y estarían situados en zona de influencia del Ecoparque Río Pance.

Ante estos argumentos, el Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Cali manifestó que “sin estar asegurada la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y vías de acceso a sus habitantes, y de frenar el avance de la urbanización sobre el río Pance y potencializar el área de conservación para la biodiversidad definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, sí resulta posible advertir la amenaza al recurso ambiental”.

Por ende decretó como medidas cautelares la suspensión provisional de expedición de licencias de urbanismo en la Comuna 22 y de permisos o autorizaciones ambientales para proyectos en ese sector de Cali.

Asimismo decretó la suspensión temporal de viabilidad de servicios públicos para proyectos de vivienda en la Comuna 22, por parte de las Empresas Municipales de Cali.

Dicha decisión no cobija a los proyectos de vivienda que están ejecutándose hoy en el Sur.

La decisión judicial generó el beneplácito de algunos líderes del sur de la ciudad, quienes destacaron que la medida protege el capital ambiental.

Luis Felipe Collazos, edil de la Comuna 22, señaló que “esta es una decisión positiva, porque en este sector no ha habido inversiones en infraestructura y, lamentablemente, algunas constructoras siguen edificando sin pensar en esto, lo que ha generado un caos permanente que trasciende la falta de vías y también se ve reflejado en la deficiencia en redes de servicios públicos”.

Por su parte, Luisa Mendoza, residente de El Retiro, dijo que “vale la pena que se revisen las licencias y cómo se está construyendo, porque hay proyectos que han desviado aguas de quebradas e, incluso, han tapado humedales enteros sin pensar en la afectación de los recursos naturales. Esta debe seguir siendo la comuna verde de la ciudad, no la zona con más cemento”.

Entre tanto, el curador tres, Carlos Uribe, indicó que “el nuevo POT le dio un potencial de desarrollo impresionante a la Comuna 22 y las solicitudes de licencia que más tienen tierra están ubicadas en Pance.

Allá cambió el concepto de mercado, pues las casas ya no se están vendiendo, sino que la gente quiere algo con altura, tener vista y aire.

Por eso en un lote donde antes se construían treinta casas ahora se están construyendo treinta apartamentos”.

Uribe añadió que la Comuna 22 es la más apetecida en este momento y que en su despacho el trámite de licencias de construcción para esa zona ha sido constante en el último año y que actualmente hay “muchas” en estudio. Por esto, explicó que deberá analizarse el alcance de la acción popular y los derechos a los que tienen derecho las constructoras que hoy están tramitando licencias para establecer pasos a seguir.

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal manifestó a El País que no ha sido notificado de la admisión de la acción popular.

La Contraloría y el Dagma han detectado el uso de derivaciones del río Pance que son desviadas de su cauce natural y son utilizadas como decoración de predios privados.

El Dagma, por ejemplo, detectó algunos conjuntos residenciales que robaron agua a los ramales y afectaron el humedal Cañaveralejo.

La autoridad ambiental tiene abiertos 16 procesos sancionatorios por captaciones de agua no autorizada. Siete contra viviendas y conjuntos residenciales y nueve contra centros comerciales, viveros y centros educativos.