Jorge Iván Ospina abrió el debate sobre la legalización de la venta de sustancias psicoactivas. ¿Debería ser regulada?

Las sustancias psicoactivas (SPA) han estado en boca de toda la población debido al aval de la Corte Constitucional de permitir el porte y consumo de la dosis mínima, y a la vez prohibir su venta.

Tras la decisión, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no tardó en manifestar que esto es algo paradójico, pues si se aprueba el consumo, también debería aprobarse el mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al producto de forma legal.

“Creo yo que hay que resolver esa situación contradictoria; deberíamos darnos la oportunidad de adelantar una regulación del sitio donde se vende marihuana, que tenga que pagar impuestos, que se conozca su procedencia, que tenga una regulación estricta”, comentó el Alcalde, quien sostuvo que ya es el momento de quitarles ese negocio a las mafias para convertirlo en algo beneficioso para el Estado.

“Cada vez hay más legalización del consumo, pero la venta continúa en manos de criminales, donde el actor violento tiene grandísimas ganancias que posteriormente utiliza en otras actividades ilícitas”, dijo.

Sostuvo también que la regulación permitiría “generar una regalía que podamos invertir para tratar las adicciones como un problema de salud pública, que podamos atender al adicto, educar a nuestra comunidad y reducir el consumo problemático de drogas”.

Sin embargo, tan pronto como sus reparos a la decisión de la Corte Constitucional, llegaron las críticas a sus proposiciones.

El concejal Roberto Ortiz afirmó que el Alcalde parece desintonizado con la realidad de Cali, pues mientras los padres de familia intentan alejar a sus hijos de la drogadicción, él promueve a todas luces la legalización de la venta de sustancias alucinógenas.

Mantener la restricción al respecto, continuó Ortiz, es tan fundamental como la restricción del consumo en parques y entornos escolares, pues aseguró que en la actualidad los menores y alumnos de la ciudad están en riesgo por la presencia de bandas que buscan reclutar a los jóvenes.

De hecho, solo en la última semana, el concejal advirtió que más de 3.700 niños y niñas de colegios públicos de Cali están en riesgo por entornos escolares inseguros, algunos de los cuales habrían recibido amenazas en días posteriores.

En cuanto al consumo de sustancias, solo hasta mediados del 2022 el equipo de Salud Mental de la Secretaría de Salud Distrital de la ciudad había recibido más de 4.000 llamados a través de sus líneas de atención para brindar asistencia a la ciudadanía frente al consumo problemático de SPA.

La situación no parece estar controlada, porque cada vez se da a menor edad el inicio de esta actividad, según la entidad distrital. Cerca de seis de cada diez consumidores accederían al mundo de las sustancias psicoactivas entre los 10 y los 28 años.

Con este panorama, el también concejal Juan Martín Bravo le pidió al alcalde Ospina enfocar sus esfuerzos en combatir el consumo problemático, en lugar de estar proponiendo la regulación en la venta.

“¿Por qué no mejor pedir la creación de un centro de prevención, para el control de las adicciones y atención al consumo de sustancias psicoactivas? La ciudad debe apostarle a desarrollar programas de atención integral, diferencial y complementaria a personas consumidoras”, expuso el cabildante.

Sin embargo, algunas voces de usuarios en redes sociales aseguraron que una cosa no quita la otra y que ambas iniciativas se pueden llevar de manera paralela.

Por su parte, el sociólogo y director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad del Rosario, Carlos Charry, indicó que sería oportuno que la sociedad empiece a dar el debate sobre despenalizar la producción y venta de sustancias, tanto para fines medicinales como recreativos.

Comentó que podría implementarse algo desarrollado en Uruguay, “y es que el Estado venda de manera controlada el producto y lo haga a través de una red de distribución tanto pública como privada”. Expuso que esto no solo generaría rentabilidad, sino que permitiría avanzar en la erradicación de cultivos de coca mediante su reemplazo a cultivos de marihuana, por mencionar un ejemplo.

De igual forma, opinó que los ciudadanos deben garantizar un consumo responsable, en el cual se empiece a fomentar el aprendizaje en la producción y el cultivo casero de las dosis mínimas de cada consumidor, esto para evitar la aún ilegal compra de las sustancias.