En la lucha contra la violencia, cada quien trabaja por su lado: Asesor de Paz de Cali

Felipe Montoya es desde hace un año y medio el Asesor de Paz de Cali. Desde ese cargo coordina la atención de las víctimas del conflicto y programas sociales con jóvenes. Esta semana estuvo en Cúcuta para atender a los caleños deportados desde Venezuela.

Cuando Felipe Montoya se graduó de la universidad, en el 2003, quería ser concejal de Cali. Para aprender del oficio realizó su práctica en el Concejo de Bogotá. Ese tiempo le dejó claro que ya no sería político. 

Quince años después es el Asesor de Paz de Cali, cargo, al que dice, llegó sin “ser cuota política de nadie. Nunca he hecho política, no hago parte de ningún partido. No sé qué es pedir votos”.  

Este administrador de empresas, quien también trabajó para la Agencia Colombiana de Reintegración y para el Sena, lleva un año y medio en su cargo, en el que coordina la atención de las víctimas del conflicto y programas sociales con jóvenes de zonas vulnerables. Fue él quien lideró el retorno de los miembros de la comunidad Embera, que vivían en El Calvario, a Risaralda, y ahora se encarga de las familias que han llegado desde Venezuela.

El jueves viajó a Cúcuta para conocer la situación de los colombianos deportados del vecino país y preparar  la ciudad para una posible llegada masiva de caleños.

¿Qué encontró en su visita a la frontera?

El panorama es dramático, en cuanto a la situación que se está viviendo. Hay albergues de familias desintegradas, otras que permanecen unidas pero  con la indecisión de aguantar el calvario en Venezuela o regresarse a Cali a emprender una nueva vida. 

¿Cómo se está preparando la ciudad para la llegada de los deportados?

 Yo visité ocho albergues, donde encontré alrededor de nueve familias caleñas, solamente dos manifestaron el interés de retornar a Cali, otros quieren esperar a que la situación se solucione. 

Hay un temor muy fuerte en Venezuela, algunos se están viniendo por susto. También nos encontramos con familias que vienen con la ilusión de tener una casa, piensan que se  las van a dar.

Me sorprendió la  buena organización de gestión de riesgos y participé en la construcción de la ruta de atención, que se está haciendo para saber cómo vamos a actuar en las regiones con la llegada de estas personas. Nos vamos a tener que preparar. Tendremos que poner algunos recursos para atender esa primera llegada, luego ellos van a tener unos subsidios por parte del Gobierno para el arriendo.

¿Cuál es la situación de las familias que ya llegaron a Cali?

Al no tener todavía la ruta, hay que esperar que se nos den los mecanismos de validación para comprobar que los que están en Cali sí se vinieron por la crisis, a partir del 21 de agosto.

Acá hay 160 personas, que están en casas de familias o conocidos, pero solo 38 de ellos pasaron por los controles. 

Hay un tema con el que quedé preocupado y es que todos deben estar en el registro único de damnificados y hay personas que pasan por las trochas y no se registran, es probable que se vayan a sus ciudades de origen sin pasar por las entidades del Gobierno que están acá, entonces pueden quedar por fuera de la atención. 

Y el otro tema, es que debemos tener los controles y las investigaciones a fondo para verificar que sí sean personas procedentes de Venezuela de esta crisis y no avivatos. 

Uno de los temas que manejó su oficina fue el retorno de los indígenas embera que vivían en una casa de El Calvario, ¿han regresado miembros de esa comunidad  a Cali?

De los 210 retornados no ha regresado ninguno a Cali. Dos se quedaron aquí porque estaban culminando sus estudios en unas carreras técnicas, en diciembre terminan. Hubo un caso de unos menores  que por conflictos familiares volvieron a Cali, el ICBF atendió la situación y volvieron. Mucha gente me pregunta cuando ve emberas en las calles si regresaron, pero no es así. Los embera son la segunda comunidad indígena más grande del país, están regados por todo el territorio. Los que se ven en la calle están aquí vendiendo sus artesanías, que está en el marco de la libre movilidad,  y eso es muy distinto a lo sucedido con ese grupo específico, que eran desplazados por la violencia.

Ese proceso de retorno fue exitoso, es un ejemplo nacional. 

Pero usted denunció que había sido politizado...

Fue un tema duro. Se mezcló el proyecto Ciudad Paraíso (recuperación del centro), se aprovecharon de esta comunidad, que no dominaba el español. Por unos intereses particulares que querían torpedear ese proceso y  utilizaron a los embera. Tuvimos unos momentos duros, como la muerte de la bebé por insuficiencia respiratoria.

Se criticó a la Alcaldía y se dijo que solo  actuó con la muerte de la bebé...

Eso es falso. Fueron los medios los que no actuaron sino hasta que se murió la bebé. Desde que yo llegué a la Asesoría, en enero del 2014,  fui al Calvario a ver su situación.  El Alcalde había hablado con el Ministerio del Interior sobre el tema. Yo denuncié para que se hiciera visible y el Gobierno Nacional le parara bolas. Me enfrasqué en peleas con la Unidad de Víctimas y con el Gobierno porque no estaban cumpliendo con su responsabilidad. Era evidente que los niños y las mujeres estaban en unas terribles condiciones.

Y el  gran logro fue trabajar de la mano con la Procuraduría y la Personería. Bienestar  Familiar abrió un CDI exclusivo para la comunidad embera, tuvo un programa de desayuno para los niños y acompañamiento a las madres gestantes. Hubo un momento en que se tomaron en protección a unos niños y  por ley tocó devolverlos. 

Las pandillas es   uno de los problemas más complicados para la ciudad y generan un gran porcentaje de homicidios. ¿Qué está haciendo la asesoría en este tema?

La violencia en Cali está asociado al tema de pandillas.Lo he tomado como un tema de prevención, hay que identificar el problema y con quiénes yo puedo trabajar.

Tenemos varias actividades como son ‘Yo no parí para la muerte’, que es un proyecto que nació al entender el respeto que los pelados tienen por sus mamás. Hicimos unos talleres con madres, les preguntamos  ¿qué pasa si su hijo llega con $20.000? hay un grado de permisividad de las mamás.

El año pasado fueron 80 mujeres, este terminamos con 500 mujeres capacitadas. Se logró que se le asignara recursos y hacemos talleres todos los días.  Se ha realizado en Siloé, Llano Verde, Mojica y Manuela Beltrán.  El mensaje es ‘mijo yo no lo traje a usted a la vida para que me lo mataran o para que usted matara’.

¿Estos talleres sí han tenido alguna repercusión en la disminución de la violencia? es que hemos visto cualquier cantidad de talleres y trabajos a los que no se les ven  resultados tangibles...

En Mojica, el barrio piloto del taller, se presentó una disminución en los homicidios. Aunque medir esto es muy difícil cuando lo llevas a un barrio, uno no puede pensar en la inmediatez, se debe pensar en prevención.

Nos toca invertir en prevención, aquí hacemos torneos de fútbol, campañas culturales…. Y cada quien trabaja por su lado, busca mostrar su nombre. Lo digo abiertamente, cada quien trabaja por su secretaría. Hace falta articulación entre nosotros y con las otras comunidades que intervienen en el trabajo con los jóvenes. Desde las ONG, la Arquidiócesis, las universidades y cada quien trabaja por su lado. A Cali le falta una ingeniería que permita pensar en los niños, jóvenes.

¿Quién debería articular a todas las secretarías y a las otras organizaciones?

Yo quería crear la Secretaría de Derechos Humanos y Paz en Cali. Me voy a ir en diciembre y ese va a ser mi sabor amargo, no haber logrado eso.

Las comunidades vulnerables deberían estar a cargo de una sola secretaría.

Usted trabajó con los desmovilizados, ¿cree que la ciudad está preparada para el posconflicto?

 No solo en Cali. Estuve en una reunión de ciudades capitales con Sergio Jaramillo y le dijimos que si el Gobierno no da la plata que se requiere en las regiones, el posconflicto se cae.

Cali va a ser el centro del posconflicto del Suroccidente. Medellín ha pedido casi tres millones de dólares de apoyo internacional y tiene varios proyectos, están mucho más adelante en este tema que nosotros...

Medellín nos lleva años por buenas y por malas cosas. Son expertos en ocultar, en tapar lo malo, han tenido unos problemas más grandes que nosotros con el tema de las autodefensas y de la guerrilla en su casco urbano, pero tiene  a EPM, con unos recursos enormes. Ellos tienen 500.000 víctimas, acá hay 162.000. La dinámica del conflicto fue más fuerte allá.

Tienen muy buena atención en el tema de víctimas y desmovilizados.  Nosotros estamos ahí pegados.

¿Y no teme que si se firma el acuerdo y se desmovilizan  se presente más violencia en la ciudades?

No creo eso. Te lo digo por mi experiencia de haber trabajado cuatro años en la ACR con los desmovilizados, proceso en el que creo. El proceso de reintegración en Colombia es el mejor en el mundo. 

¿Pese a las bandas criminales? 

La gente tiene el imaginario que las bandas criminales son los desmovilizados, eso no es cierto, hay pero no representa el 10 %. El proceso tuvo unos cambios y hoy en día una persona que se desmoviliza está en la obligación de tener un acompañamiento en la ACR. De estudiar, formación para el trabajo.

Qué es lo que pasa con esos reincidentes, en Colombia se han desmovilizado 50.000 personas y cerca de 20.000 no pasaron por ese proceso porque en su momento no se vieron obligadas. No tuvieron un acompañamiento de Estado. No es como antes, que cada mes le llegaba un cheque y  tenían como profesión ser desmovilizados.