Dura respuesta del Hospital Universitario del Valle al presidente Petro sobre acusaciones de presuntas irregularidades: “Discriminatorio”

El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó a la institución como un supuesto “centro de esclavitud” tras la visita oficial de la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección al centro asistencial en el sur de Cali.

Las palabras del mandatario se produjeron luego de que la funcionaria expusiera presuntas irregularidades en el modelo de vinculación laboral y señalara posibles desigualdades en las condiciones de trabajo dentro del hospital.

En entrevista con un medio radial, Torres rechazó de manera enfática esos señalamientos y los calificó como “desafortunados”, “prematuros” y “discriminatorios” frente al talento humano que, según afirmó, sostiene la atención médica en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud.

“Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un personal que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, expresó.

Trasfondo de la situación y declaraciones

La controversia surgió tras la inspección liderada por la viceministra Sandra Milena Muñoz, quien aseguró que cerca del 90 % del personal estaría vinculado bajo la figura de contrato sindical.

Según lo expuesto por la funcionaria, alrededor de 4.000 trabajadores prestarían sus servicios mediante esa modalidad, frente a aproximadamente 260 con contratación directa, lo que, indicó, evidenciaría una desproporción y posibles prácticas de intermediación laboral ilegal.

Torres sostuvo que las cifras divulgadas no corresponden con la realidad actual del hospital. De acuerdo con los datos entregados por la gerencia, 3.078 personas están vinculadas a través de agremiaciones sindicales autorizadas por el Ministerio de Trabajo, mientras que 475 trabajadores pertenecen a la planta oficial. El resto del personal corresponde a empleados contratados por empresas externas que prestan servicios de aseo y vigilancia.

El gerente defendió la legalidad del modelo adoptado por la institución y subrayó que las agremiaciones sindicales que operan en el hospital cuentan con aval del Ministerio de Trabajo.

“No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, afirmó, al tiempo que aseguró no haber recibido un informe oficial con hallazgos concluyentes derivados de la inspección preliminar.

Otro de los puntos expuestos por el Gobierno es la presunta brecha salarial entre quienes están en planta y aquellos vinculados por contrato sindical. De acuerdo con la información presentada por la viceministra, un trabajador directo podría devengar alrededor de 3.300.000 pesos mensuales, mientras que uno afiliado a una agremiación sindical recibiría aproximadamente 1.700.000 pesos por realizar funciones similares.

Frente a este aspecto, Torres reconoció que existen diferencias entre las modalidades contractuales, comparables a las que se presentan entre cargos de planta y contratos de prestación de servicios en otras entidades públicas.

No obstante, aclaró que el hospital no fija directamente la remuneración de los trabajadores vinculados mediante agremiaciones. Según explicó, la institución contrata servicios a través de procesos de licitación y son las organizaciones sindicales las que, de manera autónoma, establecen la compensación para su personal.

El gerente también contextualizó la situación financiera del hospital, recordando que la entidad se encuentra acogida a la Ley 550, mecanismo que restringe la creación de nuevas plazas en planta y obliga a utilizar las figuras contractuales disponibles para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.

A ello se suma, indicó, la dependencia de los pagos que realizan las EPS por los servicios facturados, ingresos que, según afirmó, actualmente no superan el 50 % de lo que se factura.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Trabajo se anunció la emisión de una medida preventiva para evitar posibles represalias contra los trabajadores que han entregado testimonios durante la inspección.

La viceministra advirtió sobre presuntas irregularidades relacionadas con jornadas laborales, pago de horas extras, vacaciones, condiciones de seguridad y riesgos químicos y ergonómicos.