Demandas contra el Municipio suman casi la mitad de su presupuesto del 2017

La oleada de demandas contra el Municipio no para. Hoy, en los despachos judiciales están activos 3827 procesos que suman $1,2 billones en reclamaciones, una cifra cercana a la mitad del presupuesto municipal del presente año, que fue tasado en 2,8 billones.

De acuerdo con el Departamento de Gestión Jurídica de la Alcaldía, este año se ha presentado una reducción en el número de demandas. Entre el 1 de enero y el 31 de agosto del 2017 se registraron 622 acciones por un valor de $157.491 millones, mientras que en el mismo periodo del 2016 se notificaron 697 procesos por $218.106 millones.

Las dependencias que afrontan más procesos son las secretarías de Educación (1761), Infraestructura (520) y Movilidad (439), seguidas de los departamentos de Desarrollo e Innovación (353) y Hacienda Municipal (294).

Cabe anotar que 1663 demandas contra el Municipio, que significan el
43 % de los procesos judiciales, son por nulidad y restablecimiento del derecho y han sido interpuestas por profesores y exempleados de la Secretaría de Educación que se sintieron afectados por un acto de la Administración; por este concepto las pretensiones de los demandantes suman $47.669 millones.

A renglón seguido hay 890 reparaciones directas (23 %) por hechos, omisiones u operaciones del Estado que generaron daños a los demandantes (accidentes por huecos, caídas de árboles sobre personas u objetos, entre otros), quienes pretenden $588.405 millones.

En lo que va corrido de año, la Alcaldía ha ganado 111 demandas por un valor de $6321 millones, siendo la mayoría acciones por nulidad y restablecimiento del derecho interpuestas por docentes y exempleados de la Secretaría de Educación que reclamaban primas y nivelaciones.

No obstante, el Municipio ha perdido 16 procesos judiciales cuyas indemnizaciones ascienden a $35.585 millones, radicando la mayor cantidad de recursos ($35.243 millones) en un tribunal de arbitramento que se perdió con un contratista de las megaobras. 

Ante este panorama, la concejal Clementina Vélez hizo hincapié en que la Dirección Jurídica del Municipio debe conformar un equipo de abogados dedicados exclusivamente a estos procesos judiciales. “La reforma administrativa se quedó corta. Seguimos con una planta externa por prestación de servicios que sobrepasa las 6000 personas. Allí hay personal no comprometido con la administración y su contratación es intermitente”.

Para Héctor Campuzano, abogado especialista en Gobierno Municipal, Cali “carece de un equipo que tenga la capacitación académica para afrontar los procesos legales, porque una cosa es saber derecho y otra muy diferente es conocer sobre el procedimiento”.

Y agrega el experto: “El Municipio debe reforzar su equipo jurídico porque atender más de 3000 procesos, con pretensiones multimillonarias requiere de una estrategia importante para resolver las demandas con oportunidad y evitar fallos adversos, porque hay abogados administrativos que son muy hábiles, trabajaron en la Alcaldía, saben dónde están las falencias del Estado y conocen cómo atacarlas”.

En esto coincide el concejal Roberto Rodríguez, quien advierte que “el Municipio nunca le ha puesto cuidado a las demandas y hay quienes se especializaron en ganar los pleitos. En algunos casos el Municipio maneja los procesos de forma lenta y toma muy tarde las decisiones, lo que crea un caldo de cultivo para que se generen las demandas”.

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Rodríguez insistió en que “el Municipio debe garantizar que el personal que se encarga de los procesos sea permanente, al menos, por dos periodos para garantizar la continuidad. El equipo jurídico, en el mejor de los casos, cambia cada cuatro años y los procesos judiciales pueden durar entre cuatro y ocho. Si no hay continuidad, se debe externalizar el manejo de los procesos para que no se pierda la historia y se blinde la defensa de los recursos públicos”.

Para ahondar más sobre el proceso de defensa del Municipio, El País intentó comunicarse con el director del Departamento de Gestión Jurídica de la Alcaldía, Nayib Yaber Enciso, pero no fue posible establecer contacto.

El tribunal de arbitramento que se perdió corresponde a un proceso con un contratista de las megaobras al que en dos administraciones pasadas no le pagaron los servicios prestados por un contrato celebrado en 2006.
En total, el valor que se perdió en dicho mecanismo de negociación fue de $35.243 millones.