Comienza batalla jurídica por liquidación de contrato entre Sicali y Municipio

Excontratista reclama $1,8 billones por perjuicios morales a socios y sus familias.

Con la reclamación de $1,8 billones por parte de la Unión Temporal Sicali al Municipio por daños y perjuicios económicos y morales ocasionados por la terminación unilateral del contrato de la gestión tributaria de los impuestos locales, se da inicio a una nueva batalla jurídica entre estas dos entidades. Como se recordará, actualmente Sicali y la Alcaldía local están enfrentadas en un tribunal de arbitramento (una instancia diferente), donde el excontratista reclama $48.692 millones por distintos conceptos. Entre ellos están el cobro de comisión por 109 rentas municipales (incluidos los giros de los desayunos escolares y las regalías por la extracción minera, la sobretasa bomberil), el no haber hecho la gestión de cobro de la valorización de las megaobras y un presunto desequilibrio económico por la rebaja en la tarifa del impuesto de industria y comercio de tres actividades comerciales y de servicios.Cabe anotar que en los seis años que duró el contrato, Sicali recibió $111.279 millones como pago a su gestión.Nuevo capítuloEn este nuevo capítulo, que inició formalmente el pasado jueves con el recurso de reposición que interpuso Sicali al Municipio para solicitar la anulación del acto administrativo que terminó unilateralmente el contrato entre las dos partes, el excontratista reclama $1,8 billones como indemnización “por daño irreparable en el nombre, prestigio comercial y empresarial de las cuatro empresas que conforman la Unión Temporal. Así mismo, el daño moral a los socios, representante legal y directivos extendido a sus familiares”.Hernando Morales, abogado de Sicali, dijo que esa suma no incluye lo que actualmente está en disputa en el tribunal de arbitramento. “Ese asunto comenzó cuando el contrato estaba vigente. Los $1,8 billones son por los daños causados por la terminación del contrato”. El abogado defensor de Sicali indicó que la Alcaldía de Cali no estaba facultada para terminar el contrato por objeto ilícito. “Ese es un tema que se resuelve únicamente en los estrados judiciales”, agregó el jurista.La posición del gobierno localJavier Pachón, director Jurídico del Municipio, indicó que aunque el recurso fue interpuesto hace pocos días, es claro que las pretensiones de Sicali no tienen una argumentación sólida. “En la liquidación lo que se reclama son los asuntos que tengan que ver directamente con el contrato. Son ajenas las indemnizaciones por perjuicios morales, como pretende Sicali incluir en las reclamaciones”, dijo Pachón.Además, anotó el funcionario, “cuando un contrato es suscrito con un objeto ilícito, no le cabe pedir perjuicios”.Cristina Arango, directora de Hacienda del Municipio, indicó que a su vez la Administración está reclamando $1,73 billones por situaciones imputables a Sicali. Entre ellas están la no realización de la actualización catastral de 17 comunas urbanas, lo que no permitió que se incorporara un valor catastral de $7,72 billones por los predios desactualizados, que le significó al Municipio dejar de percibir $296.000 millones por predial.Por prescripciones en el cobro de los impuestos, que según la Directora de Hacienda de Cali se presentaron por la falta de gestión de cobro de Sicali, la Alcaldía reclama $12.748 millones.De la cartera vencida, la Alcaldía reclama $1,40 billones y por no responder a los recursos interpuestos por los contribuyentes (denominado como silencios administrativos positivos), pide $1092 millones.Arango explicó que Sicali también debía haber conformado 625.000 expedientes de cobro de los contribuyentes, pero Sicali nos informó tener conformados cerca de 85.000 expedientes, según consta en el acta de recepción final del 6 de febrero de 2013 firmada por su representante legal. “Hacer la organización de 555.000 expedientes de los contribuyentes que reposan actualmente en 5.500 cajas y completar los que están conformados cuesta $1157 millones que deben salir del bolsillo de Sicali más la valoración jurídica, que suma $12.054 millones más”, explicó la funcionaria.También se reclama la falta de inversión publicitaria en los años 2008, 2009, 2010 y 2012 por valor correspondiente al 3 % de los pagos recibidos, que suma $607 millones.Paso a paso de Sicali en el MunicipioEl alcalde Apolinar Salcedo firmó un contrato con la Unión Temporal Sicali, el 11 de febrero del 2005 por un lapso de 15 años (hasta el 2020) para que adelantaran la modernización y optimización de la gestión tributaria. Este proceso se hizo aún cuando la Procuraduría advirtió sobre la inconveniencia de suscribir ese contrato. El contrato tiene dos otrosí firmados en el gobierno de Salcedo: uno que habla de la comisión extraordinaria y otro sobre la actualización catastral. La Unión Temporal Sicali estaba conformada por las firmas Sistemas y Computadores S.A. (3 % del total de la sociedad), CKCNet Ltda. (35 %), Ingos Ltda. (22 %) y Links S.A. (40 %). Tres meses después de suscrito el contrato, la Procuraduría demandó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle la nulidad de este por considerar que su objeto era ilícito. El fallo en primera instancia lo declaró nulo. El proceso está en el Consejo de Estado, que aún no ha proferido sentencia. La Procuraduría también abrió investigación disciplinaria (en marzo del 2006) contra Apolinar Salcedo y la directora de Hacienda, María del Rosario Peña. El 4 de diciembre del 2006 destituyó a Salcedo por la comisión de faltas graves en la suscripción del contrato con Sicali y lo inhabilitó durante 16 años para el ejercicio de cargos públicos. En septiembre de 2009, la Alcaldía inicia el cobro de la valorización para las 21 megaobras. Debido a los cuestionamientos, la Administración de Jorge Iván Ospina no le da esa tarea a Sicali. En abril del 2011, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito falló en primera instancia una acción popular que obligaba a suspender el contrato con Sicali por encontrar que atentaba contra la moralidad pública. La sentencia en segunda instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle (agosto del 2012) ordenó la suspensión definitiva del contrato. El 25 de octubre del 2011, Sicali y la Administración de Jorge Iván Ospina suscribieron un acta de compromiso para convocar un tribunal de arbitramento para dirimir las controversias del contratista. Sicali hizo la solicitud de convocatoria del tribunal el 15 de diciembre de 2011 en la Cámara de Comercio de Cali. La audiencia de instalación del arbitraje fue el 13 de febrero de 2012. La Administración de Rodrigo Guerrero terminó unilateralmente el contrato con Sicali el 13 de agosto de 2012. El jueves anterior, Sicali interpuso recurso de reposición donde pide la anulación del acto administrativo.