Alarma entre industria y sindicatos por sanción a ingenios azucareros

Tanto la Andi como las centrales obreras creen que la sanción de la SIC tendrá graves consecuencias económicas para el Valle y la región.

[[nid:434858;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/06/cana-de-azucar_0.jpg;full;{SIC dice que Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios incurrieron en acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar}]]

Como un grave golpe contra la industria azucarera y la economía vallecaucana, calificaron hoy gremios, empresarios y sindicatos, la multa de $324.000 millones que impuso la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, contra 12 ingenios y altos directivos del sector.

Según la Confederación General del Trabajo, CGT, la medida pone en riesgo la viabilidad del sector, en tanto que Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, dijo que la situación es preocupante para un sector que le ha aportado mucho a la economía colombiana.

Para el dirigente gremial, “cualquier multa que supere las utilidades del sector es una multa que evidentemente termina desbordando su capacidad coercitiva sancionatoria y además pone en peligro la estabilidad de un sector que por años ha producido una buena cantidad de empleos y de actividad industrial muy importante para el país”.

El exministro y abogado de los ingenios, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que la medida es ilegal ya que nunca se conformó o hubo un cartel para manipular y obstaculizar las importaciones de azúcar, tal como lo señaló la Superindustria en su decisión.

El presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, dijo que la medida es “una mortal estocada que sumirá en su peor crisis económica al sector azucarero colombiano y que afectará los puestos de trabajo de miles de operarios”.

Al solicitar la revocatoria de la sanción, la conducción política de la CGT advirtió que el titular de la SIC pasará a la historia como el liquidador de la industria azucarera colombiana en momentos en que el país afronta una grave crisis económica y amenaza con llevar al fracaso las políticas de generación de empleo.

El Comité Ejecutivo de la confederación sindical aseguró que “la sanción conlleva, además, una grave e histórica irresponsabilidad porque la economía de departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Risaralda dependen casi en su totalidad de la industria del azúcar. Así mismo, miles de familias quedan abocadas al hambre y a la más absoluta miseria porque sus sustentos dependen exclusivamente de la siembra, corte y producción de la caña de azúcar"

Los directivos de la CGT insistieron en su llamado a la sensatez del superintendente de Industria y Comercio frente a los alcances de la medida impuesta al sector azucarero y reiteraron su llamado al Gobierno para que se abstenga de desmontar el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, tal como lo ha solicitado la SIC porque sería la otra estocada final a la industria del azúcar en Colombia.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, dijo que en desarrollo de las investigaciones aparentemente no se tuvo en cuenta por parte de la Superintendencia una información que los ingenios presentaron oportunamente y por tanto esperamos que todo se solucione de la mejor forma posible”.

Expresó “que ni las empresas, ni el sector tiene la facultad Incluyendo a la SAC de autorizar o de prohibir la importación de productos como el azúcar”.

"Es una sanción que no hemos logrado entender", dijo Francisco Lourido, presidente de la Sociendad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca. 

Agregó que "nos parece que es una sanción confiscatoria, porque definitivamente de darse, dejaría al sector azucarero en condiciones precarias, se llevaría las utilidades de tres años de todo el sector azucarero. Tampoco entendemos por qué empresarios y gerentes se ven involucrados en saciones de este tipo, para nosotros es una situación anómala, no sabemos dónde está el delito. No entendemos qué hace y en qué se basa el superintendente para emitir esta sanción".

Indicó que el sector azucarero ha sido un líder en el desarrollo económico y social del Valle del Cauca y "nos sentimos muy transtornados y molestos, sin la claridad del delito y contravención que se ha cometido para que un sector como este se haga merecedor de una multa desproporcionada".

Las multas de la SIC son contra Asocaña, Ciamsa (CI Azúcares y Mineles), Dicsa (Desarrollos Industriales y Comerciales), Manuelita, Riopaila Castilla, Central Tumaco y los ingenios del Cauca, Providencia, La Cabaña, Pichichi, Risaralda, Carlos Sarmiento - Ingenio San Carlos, Carmelita y María Luisa.

¿Qué dicen los ingenios?

A través de comunicados oficiales el Ingenio La Cabaña, Manuelita S.A. y Riopaila Castilla han informado que no han sido notificados oficialmente de la decisión de las SIC.

El Ingenio La Cabaña aclaró que todos los años las importaciones de azúcar se han incrementado de forma sustancial, razón que desvirtúa la existencia de un acuerdo para impedir las importaciones a Colombia.

"La única vez que el Ingenio La Cabaña S.A. decidió comprar azúcar en otros países, fue para poder atender a sus clientes como consecuencia del paro de corteros ocurrido en el año 2008, conducta absolutamente legal y en favor de los consumidores colombianos".

El comunicado reitera que "durante la investigación adelantada en contra del Ingenio La Cabaña se han presentado muchas irregularidades que han obstaculizado su derecho de defensa y han vulnerado su derecho constitucional al debido proceso (...) Una vez sea notificada la decisión en legal forma, interpondrá el correspondiente recurso de reposición".

"En el transcurso del proceso, Manuelita S.A. no ha conocido oportunamente las pruebas del expediente y se ha enfrentado a modificaciones de hechos y cargos, lo que afecta el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa", dice la empresa.

Agregan que "Manuelita S.A. es una empresa respetuosa del ordenamiento jurídico en general y de la legislación de competencia en particular, razón por la cual dentro de su estructura de gobierno corporativo cuenta con una política de estricto cumplimiento a la normatividad de libre competencia que aplica a toda su organización".

Riopaila Castilla rechaza que haya sido filtrado un informe intermedio "pues viola el debido proceso y el derecho legítimo a la defensa y atenta contra el buen nombre".

La firma aclara que "sus actuaciones siempre han sido respetuosas de la ley de competencia, dentro de un mercado como el colombiano donde hay libertad para la importación de azúcar bajo las políticas públicas vigentes".

El sector azucarero genera cerca de 188 mil empleos directos e indirectos en la región.