Ante reiteradas denuncias ciudadanas por la presunta distribución de agua no apta para el consumo humano en Candelaria, Valle del Cauca, la Procuraduría General de la Nación intensificó su vigilancia preventiva sobre la calidad del servicio de acueducto en varios corregimientos del municipio.
Con estas medidas, el Ministerio Público busca verificar posibles vulneraciones al derecho fundamental al acceso al agua potable y exigir medidas correctivas a autoridades y operadores del sistema.
Situación en Candelaria
La intervención de la Procuraduría se activó a raíz de numerosas quejas presentadas por habitantes de zonas urbanas y rurales de Candelaria, quienes aseguran estar recibiendo agua de fuentes subterráneas sin tratamiento adecuado.
Estas denuncias advierten riesgos sanitarios para la población, especialmente en los sectores de El Carmelo (Urbanización Belerofonte), Buchitolo, Cabuyal, El Arenal y Juanchito-Socavón.
Durante una mesa técnica convocada en la sede provincial del Ministerio Público en Cali, se abordaron las principales deficiencias del servicio.
En esta reunión se evidenció una preocupante combinación de fallas en la calidad del agua, baja cobertura, operadores en situación jurídica incierta y proyectos institucionales detenidos.
Por instrucción del procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, se ordenó un seguimiento minucioso al cumplimiento del marco normativo vigente en la prestación del servicio público domiciliario de agua.
La entidad señaló que el suministro de agua en condiciones no aptas no solo vulnera estándares sanitarios, sino también derechos fundamentales, como el acceso al agua potable y la salud pública.
Según informaron, este monitoreo se adelanta bajo un enfoque preventivo, no sancionatorio, con el objetivo de que las autoridades locales y los operadores implementen correctivos de fondo.
Además, revelaron que buscan articular acciones entre entidades nacionales y territoriales para acelerar soluciones integrales, al igual que sostenibles en la región.
Uno de los aspectos críticos revelados durante el encuentro técnico es la falta de avances en iniciativas coordinadas entre diferentes entidades públicas.
Pues según la directiva, la ausencia de ejecución en proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura de temas como el acueducto, en Candelaria, refleja un vacío de gestión que prolonga las condiciones precarias en que viven miles de personas.
La Procuraduría alertó sobre la necesidad urgente de definir responsabilidades institucionales y avanzar en la legalización de operadores que actualmente prestan el servicio sin la debida habilitación, lo cual compromete la eficiencia y legalidad del sistema.
Finalmente, el propósito es garantizar que los municipios afectados cuenten con condiciones aptas, incluyendo el acceso regular y seguro al agua potable.