Bienes de los capos del narcotráfico quedaron hechos ruinas; buscadores de caletas le ganaron la partida al Estado

El modelo fue tan mal concebido que, en la época más aciaga y riesgosa de la lucha contra el narcotráfico, los fiscales especializados, para entonces ‘fiscales sin rostro’, terminaron en medio de su trabajo saliendo a comprar comida para caballos de paso fino, cotizando el mantenimiento de vehículos importados o con sus oficinas convertidas en bodegas en las que guardaban dinero, oro, relojes y obras de arte, entre muchos otros.

Y si a mediados de los años 90, cuando apenas tomaba fuerza la lucha contra las estructuras del narcotráfico, especialmente contra el Cartel de Cali, los jueces y fiscales no hallaban qué hacer con apenas un puñado de bienes confiscados y en procesos de extinción de dominio, ni qué decir cuando, con el pasar del tiempo, ya no eran 500 ni 1000 propiedades, sino más de 36.000, como ahora.

La demostración más diciente de esa ineficiencia y lo mal preparado que estaba el Estado para asumir la custodia de esos bienes es que muchos de los caballos que paseaban orgullos los capos de la droga en ferias y fiestas ganaderas terminaron muriendo subvalorados en sectores rurales o, aunque parezca un chiste, enganchados como caballos carretilleros en galerías y mercados de la ciudad.

Pero la amenaza a los fiscales no la representaban solo las mismas estructuras criminales que investigaban. El temor de los fiscales a una acción de repetición los obligaba a tener que garantizar el mantenimiento de los bienes incautados porque, en caso de que el investigado fuera absuelto por la justicia, debían devolver lo decomisado en las mismas condiciones en que lo tomaron, so pena de tener que responder a los dueños con su propio patrimonio.

La conclusión es que el Estado es ineficiente y no fue creado para administrar ni para hacer producir bienes, explica Eduardo Castillo, quien fue uno de los fiscales sin rostro en la época fuerte de la lucha contra los carteles de la droga.

“Te voy a poner un ejemplo: en los años 90, cuando los carteles de Cali y Medellín aún no estaban enfrentados, Fabio Ochoa se vino desde Medellín en un Porsche y lo paran en una carretera del Valle, lo capturan y le inmovilizan ese vehículo. Para hacerle el mantenimiento había que traer un mecánico de la Porsche desde Inglaterra y eso costaba millones; imagínate lo impresentable de eso al momento de rendir un informe al Ministerio de Hacienda sobre gastos de la entidad pública. Eso era una cosa absurda”, recuerda el exfiscal.

Con el paso del tiempo elementos de valor como lingotes de oro, monedas, joyas y cuadros fueron puestos a disposición del Banco de la República o llevadas a bodegas bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación, pero los bienes inmuebles permanecieron, sin una política clara, en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), manchada luego por escándalos de corrupción y favorecimiento político.

Garantizar al menos la seguridad de las propiedades incautadas le representaba al Estado invertir miles de millones de pesos en bienes que no generaban ninguna rentabilidad al erario y, luego, dejados a su suerte, se convirtieron en el anhelo de cazafortunas que llegaban a cualquier hora del día a romper paredes y pisos en busca de supuestas caletas construidas por los capos de los carteles de Cali o el Norte del Valle.

Era imposible que el Estado garantizara la seguridad de esas propiedades, explica el analista Diego Luis Sánchez: “Si usted multiplica 36.000 bienes por diez millones de pesos, promediando por lo bajo lo que cuesta tener una o dos personas de seguridad vigilándolas, estamos hablando de $ 360.000 millones mensuales, que es imposible que el Estado pueda destinar”.

“Pero el asunto no es que el Estado no hubiera tenido los recursos para garantizar la custodia y sostenimiento de esas propiedades, sino que 30 años después no haya hecho el esfuerzo por diseñar una política que permitiera darles un uso o la venta bajo ciertas condiciones de unos bienes improductivos, como lo hacen otros países”, sostiene.

Esa falta de normatividad llenó al Valle del Cauca, donde está más del 35 % de los bienes incautados en el país, con una postal de mansiones en ruinas u ocultas entre árboles y maleza.

Así permanece a un costado del Lago Calima el conjunto de viviendas otrora lujosas que edificó el extinto Hélmer ‘Pacho’ Herrera o la réplica del Club Colombia que mandó a construir José ‘Chepe’ Santacruz luego de que le fuera negado su ingreso al sitio original.

También en ruinas ha quedado la casa de Santa Mónica en la que permaneció ocultó en los últimos años, mientras huía de la justicia, Gilberto Rodríguez Orejuela y el edificio de la Calle 5 con Carrera 66 del que se llevaron hasta el ascensor y que fue otra de las joyas de Herrera.

“Nosotros llevamos todos esos procesos hasta el año 99 y la gran mayoría de ellos contaba con diligencias de allanamiento y registro que por lo general terminaban en la ocupación de bienes”, indicó el exfiscal especializado Eduardo Castillo.

“Primero era la ocupación como tal en procesos donde todavía no se había definido puntualmente la responsabilidad o no de los procesados, pero eran cantidades de bienes, y eso pasaba a la Dirección Nacional de Estupefacientes, pero siempre se buscaba la asignación provisional de esos bienes, pero esto ha tenido históricamente cualquier cantidad de problemas”, indicó.

La asignación provisional de bienes era la entrega en custodia de muchas de esas propiedades a fundaciones u organizaciones que garantizaran su sostenimiento y cuidado, a cambio de arrendamientos muy bajos.

Pero pronto la figura fue permeada por la corrupción y, en hechos sin precedentes, terminaron los mismos jueces, fiscales, familiares o amigos y hasta dirigentes políticos viviendo en las que fueron las mansiones de los capos de la droga y pagando unas cifras irrisorias de arrendamiento e intentando obtener la propiedad de los mismos.

De Estupefacientes a la SAE

Tras arrastrar el desprestigio por los sonados casos de corrupción que involucraron a varios de sus jefes, la Dirección Nacional de Estupefacientes fue liquidada en el 2010 y en su lugar se creó la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que en la actualidad tiene a su cargo el cuidado de lo poco que ha quedado de casas, edificios, lotes, oficinas o fincas de esta procedencia.

Pero, de acuerdo con los expertos consultados, lo que Colombia demandaba no era un lavado de cara ni cambiarle el nombre a una entidad para seguir por el mismo camino, sino una reestructuración a fondo de todo el sistema.

El tema de bienes en poder de la Dirección de Estupefacientes y ahora de la Sociedad de Activos Especiales, señala Willy Valdivia, especialista en inteligencia artificial aplicada a la defensa, la salud pública y la seguridad nacional, “está íntimamente relacionado con el nivel de impunidad dentro del sistema judicial colombiano”.

“Gran parte de esos narcotraficantes y personas vinculadas al lavado de activos que son detenidas, y a quienes se les ha intervenido este inmenso número de propiedades, quedan incautados en el papel, pero realmente los narcotraficantes o criminales todavía ejercen poder efectivo sobre esas propiedades. El tema del Valle del Cauca es tan grande, que solo el 20 % de todas las propiedades que tiene la SAE está ubicado en Cali”, explica Valdivia, quien también es el director ejecutivo de Orion Integrated Biosciences.

Basado en la misma información de la SAE, asegura que, en promedio, cada barrio de Cali tiene entre dos y tres bienes abandonados que están bajo custodia de la Sociedad de Activos “y este es un problema gravísimo dentro de la ciudad”.

Y ni qué decir, coinciden los expertos, con lo que ha pasado con embarcaciones, avionetas, helicópteros y empresas también tomadas por el Estado.

De acuerdo con el exfiscal Castillo, hay que ser objetivos y conscientes de que el Estado ha hecho todos los ensayos intentando buscar soluciones. Sin embargo, un exdirector de la SAE le aseguró a El País que no ha existido voluntad política para dar una solución definitiva a este tema de los bienes incautados.

“Es obvio que hay que cambiar la norma, porque el modelo fue diseñado para que no funcionara. Pero hay ejemplos exitosos en otros países de América Latina que se pueden ajustar al sistema en Colombia, si hay voluntad”, concluyó.

Monetización inmediata de bienes incautados

Entre los cambios necesarios en la politica de drogas, sin duda un punto estrategico es la gestión de los bienes incautados a las economias ilegales, explica Felipe Tascón Recio, economista y doctor en ciencia política. “La forma en que está estructurado su manejo público -tanto los extintos, como aquellos en proceso- es lenta, costosa y proclive a corromperse”.

“Se realiza a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO, una cuenta especial administrada por la Sociedad de Activos Especiales SAE, duplicación institucional para repartir lo recaudado entre los entes que combaten al crimen organizado, proyectos de rehabilitación de drogas y otros sociales”, agregó Tascón Recio.

Agrega que “en la medida que no existe un mecanismo para la venta inmediata del bien incautado, hay que esperar que avance el proceso de extinción y que trascienda a la confiscación definitiva cuando ya este extinto, la acumulación de bienes a administrar ha crecido exponencialmente, lo que se traduce también en acumulación de deudas prediales y administrativas (en solo Cali bordea el billón de pesos lo causado en el ultimo lustro)”.

“Tal volumen conlleva lentitud y sobrecostos administrativos, además de aparecer condiciones perpetuas para la corrupción, lo mas grave es que no existe capacidad institucional para administrar at infinitum propiedades en manos de la SAE, por procesos judiciales lentísimos, así, el deterioro de las bienes se convierte en norma”, señala.

De acuerdo con Tascón, “hay casos extremos, dos ejemplos: 1. Los parqueaderos de vehículos incautados, donde en espera -al sol y al agua- del fallo judicial se convierten en chatarra, mientras, eso sí, la SAE paga regularmente por cada placa de vehículo parqueado a los estacionamientos, propiedad de los grandes grupos financieros del país. 2. Las incautaciones a personas jurídicas, se concentran en una sola oficina, llamada vicepresidencia de sociedades, hoy más de 7000, y cada una puede tener desde uno hasta cientos de bienes; además, si consideramos que quien ejerce tal vicepresidencia tiene un contrato laboral privado, entonces, desde la presidencia de la SAE, se nombra -con poderes similares a Sarmiento Angulo- a un empleado sin ningún control público”.

La única forma de impedir esto, advierte, es crear las condiciones para la monetización o traslado rápido a reforma agraria de los bienes incautados. Vale considerar la experiencia del Uruguay, un país con menos problemas de narcotráfico, pero más avanzado en las leyes al respecto. Así el artículo 48 de su Ley 19.574 de 2017, dice:

“El tribunal penal competente adoptará, como medida provisional o anticipada, la enajenación mediante remate o cualquier otro medio que asegure la transparencia de la operación de los bienes que se hubieran embargado o, en general, se encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor. Dentro del plazo de seis meses de trabado el embargo, el tribunal penal competente deberá determinar si los bienes embargados se encuentran en la situación señalada en el inciso anterior. En estos casos, una vez efectuada la enajenación, el tribunal penal competente depositará el producto en unidades indexadas u otra unidad de medida que permita asegurar la preservación del valor, a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos.”

Es decir que a los seis meses de la incautación -si el afectado no demuestra su buena fe- el Estado tiene la obligación de rematar todo bien incautado. De esta forma los bienes no se desvalorizan, ya que el recaudo de la venta debe depositarse en valores financieros ajustados por el IPC, conservando su poder adquisitivo. Si el fallo favorece al Estado, este valor va a programas sociales, si no se devuelve al afectado. Por esto solo existe administración financiera.

Otra herramienta uruguaya digna de ser copiada, en la capacidad del Fondo de Bienes Confiscados, de “dar seguimiento a los procesos penales que dieron origen a la incautación de los bienes de interés económico procediendo al registro de la información correspondiente”. Es decir que debe existir un canal institucional para monitorear -en tiempo real- el avance de los procesos de extinción, algo que en Colombia no rebasa lo anecdótico. La institución uruguaya se maneja con cerca de 50 personas repartidas en las tres áreas: seguimiento judicial, venta de bienes y gestión financiera. Que diferencia con los 1054 funcionarios SAE que nunca serán suficientes para administrar bienes, cuyo numero en Colombia siempre crece.