Durante las primeras semanas de 2026, habitantes de la zona rural de Cali y poblaciones vecinas han manifestado su inconformidad frente a los recientes incrementos en las tarifas del transporte intermunicipal.
Las quejas, elevadas ante entidades nacionales y locales, apuntan a aumentos que oscilan entre el 11 % y el 71 %, sin que las empresas hayan socializado estudios de costos ni actos administrativos que respalden dichos ajustes.
Las denuncias radicadas el pasado 7 de enero dan cuenta de que los incrementos afectan rutas clave para la movilidad diaria de miles de personas que se desplazan entre Cali, el área metropolitana y sus alrededores.
Uno de los aumentos se presentó en la ruta Cali–Jamundí, donde el pasaje pasó de $ 7000 a $ 7800, lo que representa un alza del 11,4 %.
Una situación similar se registró en el tramo Cali–Palmira, cuyo costo aumentó en $ 1200, equivalente a un alza del 20,7 %, al pasar de $ 5800 a $ 7000.
En el corredor Cali–Pradera, el incremento fue cercano al 18%, con un ajuste de $ 8900 a $10.500.
Las mayores afectaciones, sin embargo, se concentran en los trayectos hacia la zona rural de la capital del Valle.
Comunidades de corregimientos como Los Andes y de sectores como el Kilómetro 12 han denunciado incrementos que califican como desproporcionados.
En el último caso, el pasaje subió un 45 %, de $ 4000 a $ 5800, mientras que hacia Los Andes el aumento alcanzó el 71,1%, al pasar de $ 5200 a $ 8900, uno de las mayores alzas reportadas en el departamento.
Sobre la vía al mar, el trayecto Cali–Dagua también registró ajustes significativos para el 2026: la tarifa aumentó $ 1500, de $ 12.000 a $ 13.500, lo que equivale a un 12,5 %.
Libertad tarifaria y vacíos de control
El transporte intermunicipal de pasajeros en Colombia opera bajo un esquema de libertad tarifaria.
De acuerdo con la normativa vigente, entre ella la Resolución 4350 de 1998 y la Resolución 3600 de 2001, las empresas están facultadas para fijar sus tarifas, siempre y cuando sustenten los incrementos con estudios técnicos de costos que deben ser reportados al Ministerio de Transporte y vigilados por la Superintendencia de Transporte.
Wilmer Tabares Marín, coordinador de Movilidad del equipo del Área Metropolitana del Suroccidente, Amso, explicó que, a diferencia del sistema masivo urbano, el transporte intermunicipal no recibe subsidios estatales.
“No es necesario que el Ministerio de Transporte apruebe o desapruebe una tarifa. Lo único que deben hacer (las empresas) es informar al Ministerio esa canasta de costos”, señaló.
El problema, según líderes comunitarios y expertos en el tema, radica en que muchos de esos estudios no han sido socializados ni puestos a disposición de los usuarios, lo que impide verificar si los incrementos cumplen con los parámetros legales.
Adicionalmente, muchas rutas que prestan servicio a la zona rural de Cali siguen regidas por resoluciones antiguas del extinto Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intra. Esto significa que, aunque operan dentro del territorio distrital o metropolitano, siguen bajo la competencia del Ministerio de Transporte y no de la Secretaría de Movilidad.
El abogado y asesor en transporte Néstor Herrera, quien acompaña a las comunidades en sus trámites ante las autoridades, cuestionó la falta de control sobre las empresas intermunicipales que operan en Cali.
Señaló que en la práctica varias de estas empresas estarían realizando servicio de ‘urbaneo’ dentro de la ciudad, y no de terminal a terminal.
Herrera advirtió que esta situación genera un vacío de responsabilidad entre el Ministerio y la Secretaría de Movilidad y deja a los usuarios “desamparados”.
Angie Vanessa Cadena, edil del corregimiento de Los Andes, mencionó que la empresa Sultana del Valle no ha atendido los llamados de las juntas de Acción Comunal ni ha asistido a reuniones convocadas en Pichindé.
Según explicó, el único acercamiento se dio con un sector de la comunidad de Felidia, donde la empresa planteó mantener la tarifa actual o reducir levemente el incremento, propuesta que también fue rechazada por los habitantes.
Funcionarios se pronuncian
En medio de las quejas ciudadanas, el Ministerio de Transporte anunció la apertura de investigaciones contra empresas de transporte intermunicipal por incumplir el reporte obligatorio de información tarifaria.
Según la cartera, de las 519 empresas habilitadas que operan cerca de 16.000 rutas en el país, solo 52 reportaron su estructura de costos, requisito indispensable para justificar cualquier alza en el valor del pasaje.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se pronunció tras la solicitud de intervención elevada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien advirtió incrementos cercanos al 30 % en algunas rutas intermunicipales de ese departamento.
“Si se encuentra que las alzas han sido exorbitantes, la Superintendencia pedirá que se reduzca la tarifa”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.
“No vamos a permitir aumentos de tarifas sin sustento técnico ni transparencia. Los usuarios tienen derecho a saber quién cumple y quién no”, señaló la Ministra.
Como parte de las medidas, la Superintendencia de Transporte habilitará un módulo público para consultar desde cuándo cada empresa ha reportado tarifas y cuál era el valor registrado.
La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, señaló que, aunque el transporte intermunicipal no es competencia directa de las alcaldías, su administración ha venido adelantando gestiones para mitigar el impacto en la ciudadanía.
“Desde este Gobierno venimos haciendo las gestiones necesarias ante la Superintendencia y el Ministerio de Transporte y también con las empresas de transporte público para que se logre conciliar y estas generen el menor impacto posible a la comunidad. Estamos atentos a las respuestas”, afirmó.
Aumentos antes del salario mínimo
Uno de los puntos que más inquieta a los usuarios es que varias tarifas se incrementaron a mediados de diciembre de 2025, antes de que se conociera el ajuste del salario mínimo para este año.
En ventanillas de Transur, por ejemplo, se observó un aviso informando que desde el 16 de diciembre el pasaje Cali–Jamundí subiría a $ 7800 y el de Cali–Puerto Tejada a $ 9000, en ambos sentidos.
Ante la falta de respuestas claras, representantes de corregimientos de Cali y de municipios vecinos han solicitado la instalación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Entre las principales exigencias se encuentran la revisión de los estudios tarifarios, el control sobre horarios, frecuencias y sobrecupos, y la integración técnica y tarifaria con el sistema MÍO para reducir la carga económica sobre los usuarios.
David Navarrete, integrante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, advirtió que los aumentos afectan de manera desproporcionada a poblaciones campesinas: “Hay personas que deben pagar dos o hasta tres pasajes para llegar a su lugar de trabajo o estudio”.
También indicó que las comunidades se encuentran a la espera de una coordinación con las autoridades para la instalación de una mesa de trabajo y advirtió que, si no hay respuestas por parte del Gobierno Nacional, podrían recurrir al ejercicio del derecho a la protesta pacífica como mecanismo para exigir la revisión de las tarifas.
El País intentó contactar a Sultana del Valle y Transur, dos de las compañías sobre las que los usuarios han expresado más quejas en cuanto al incremento de los precios.
Sin embargo, los números telefónicos publicados en sus páginas web no funcionan.
También se intentó ubicarlas a través de contactos proporcionados por la Secretaría de Movilidad de Cali, pero tampoco se logró obtener respuesta.
Finalmente, este medio de comunicación realizó una visita a la Terminal de Transportes de Cali, pero las oficinas de Sultana del Valle de allí se encontraban cerradas en las horas de la tarde.
En el caso de Transur, el personal solicitó los datos del equipo periodístico e indicó que la gerente se comunicaría posteriormente para evaluar la posibilidad de una reunión, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta oficial.