Gobierno radica proyecto de ley para modernizar sanciones y supervisión del transporte terrestre

El Ministerio de Transporte radicó en el Congreso el proyecto de ley del Régimen de Supervisión y Sanciones del transporte terrestre, que tiene como objetivo la modernización de las reglas de control y sanción de este sector.

Sobre la iniciativa, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, detalló que se quiere impulsar la actualización de un marco normativo que, en algunos puntos tiene cerca de 40 años de antigüedad.

Además, aseguró que el Ejecutivo ha cumplido en su totalidad los compromisos adquiridos con el sector de transportadores terrestres, por lo que se debe establecer un marco de reglas que se ajuste a las actualizaciones y los nuevos acuerdos.

Estos cambios estarían enfocados en el cuidado de la vida y la seguridad vial, por lo que exige una supervisión más rigurosa que garantizaría menor porcentaje de accidentalidad y que las empresas transportadores cuiden más los vehículos, a los conductores y a los usuarios.

¿Qué plantea la iniciativa?

La reducción de los tiempos para abrir investigaciones sancionatorias, ya que actualmente se contempla un plazo de tres años para estos procesos.

Ajustar los esquemas de multas por infracción, que hoy rondan entre 1 y 700 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Por ello, se propone la dosificación de las sanciones.

La propuesta se da en medio de las críticas por el alza en el valor del transporte público, justificado en el incremento del salario mínimo, que, según ha dicho el Gobierno, no constituye una justificación válida para trasladar dicho cobro a los usuarios.

Uno de esos es el Transmilenio, que elevó su pasaje a 3550 pesos, razón por la que el Ministerio de Transporte anunció una vigilancia estricta sobre la estructura de costos.

El Gobierno refutó la tesis de la administración distrital en su momento, la cual vinculó directamente el alza de 350 pesos con el decreto de aumento salarial del 23 % para 2026.

“Los costos laborales corresponden únicamente a una de las variables estructurales del sistema y deben ser abordados a partir de un análisis integral”, explicó el ministerio, tras advertir que el aumento de esta variable, de forma aislada, “no habilita un traslado inmediato y total a la tarifa sin un análisis técnico y financiero riguroso, debidamente sustentado”.

El Ejecutivo insiste en que los diferentes sectores deben evaluar de manera diferenciada qué componentes se indexan al IPC y cuáles al salario mínimo, así como su interacción con la eficiencia operativa y los subsidios.