La tensión administrativa entre las comunidades sociales y las autoridades regionales ha tomado un nuevo rumbo tras las recientes declaraciones oficiales. La Gobernación del Valle del Cauca fue enfática al aclarar que no posee la facultad legal ni ha suscrito acuerdos para la ejecución de proyectos habitacionales con la denominada Minga Cali.
Esta precisión surge como respuesta a las crecientes exigencias de dicho movimiento, que reclama supuestos incumplimientos en materia de soluciones de vivienda.
El trasfondo de esta controversia radica en la interpretación de las funciones que desempeña el ente seccional frente a las políticas de tierras.
Según se ha informado, los manifestantes han señalado una parálisis en los compromisos; sin embargo, la administración departamental sostiene que su participación ha sido malinterpretada por algunos sectores de la comunidad social, quienes ven en la Gobernación una instancia ejecutora directa en este ámbito.
Para dar claridad técnica a la situación, Gustavo Roa, secretario de Vivienda y Hábitat del Valle, explicó detalladamente por qué la institución no puede cumplir con las demandas específicas de la Minga Cali.
El funcionario puntualizó que el departamento no cuenta con un banco de tierras propio ni tiene bajo su responsabilidad la generación de procesos constructivos dentro del área urbana de la capital vallecaucana.
En este sentido, la labor de la oficina de vivienda se ha limitado a actuar como un puente de comunicación. Se han llevado a cabo mesas de trabajo con entidades de alto nivel como el Ministerio de Vivienda y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).
El objetivo de estos encuentros ha sido facilitar el diálogo entre los voceros del movimiento y los verdaderos responsables de asignar recursos y terrenos aptos para la edificación.
La postura oficial subraya que la competencia de respuesta reside en el Gobierno nacional, en estrecha coordinación con la Alcaldía de Cali.
Desde la Gobernación se ha ejercido una labor articuladora que busca que los reclamos lleguen a las instancias adecuadas, sin que esto implique que la administración de turno pueda disponer de presupuestos destinados a otros fines para suplir carencias de índole nacional.
Este esfuerzo de gestión técnica y social pretende evitar que los bloqueos o manifestaciones escalen, proporcionando una hoja de ruta clara para las comunidades sociales.
El compromiso del equipo liderado por Roa se mantiene firme en el acompañamiento, pero siempre bajo el marco de la legalidad vigente, que impide que la Gobernación actúe más allá de sus facultades como ente coordinador.