Tensión en la Cancillería: integrantes de la minga indígena intentaron ingresar durante protesta

Una protesta del pueblo indígena Misak en el centro de Bogotá obligó este 21 de abril a evacuar el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, luego de que un grupo intentara ingresar por la fuerza a una de las instalaciones del edificio.

La situación activó una serie de protocolos de seguridad, lo que generó el cierre temporal de accesos y llevó a reforzar la vigilancia en todo el lugar mientras se instalaba un espacio de diálogo con delegados del Gobierno nacional y autoridades distritales.

Desde las primeras horas del día, cerca de 800 indígenas provenientes de Silvia, en el departamento del Cauca, se concentraron en las inmediaciones del sitio, especialmente en el sector cercano al Teatro Colón en la capital del país.

Mientras una parte de la Minga permanecía en el exterior, otro grupo buscó entrar a la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, hecho que provocó la evacuación preventiva del personal que se encontraba laborando en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los voceros de la minga explicaron que el plantón se da por causa de resoluciones expedidas en 2023 y 2024 por la Agencia Nacional de Tierras, que, según la comunidad, desconocen la escritura 1149 de 1966, documento con el que el Cabildo Indígena de Guambía sustenta la propiedad sobre los predios que hoy están en medio de una discusión administrativa y jurídica.

Esteban Ussa, vicegobernador del Cabildo, señaló que estas decisiones no solo afectan el territorio Misak, sino que han generado tensiones con el pueblo nasa de Pitayó. También afirmó que la comunidad ha agotado las vías jurídicas disponibles y que esta movilización busca una respuesta institucional de fondo que permita resolver el conflicto de tierras.

La petición de ellos es que la Agencia anule las resoluciones y reconozca la validez de las escrituras históricas. Según los líderes, alrededor de 9.600 hectáreas estarían en disputa tras esas determinaciones, situación que incrementó el malestar dentro del resguardo y con las comunidades vecinas.

Ante la tensión, acudieron delegados de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior y autoridades del Distrito para mediar. En el interior del complejo se instaló una mesa técnica con representantes indígenas y funcionarios, con el propósito de abrir un canal de diálogo que permita desescalar la situación.

Mientras avanzaban las conversaciones, la Cancillería mantuvo cerradas sus entradas y bajo monitoreo permanente el sector. La comunidad indígena anunció que permanecerá en Bogotá hasta recibir una respuesta oficial frente a sus exigencias.