Una situación dramática atraviesa el departamento del Valle del Cauca tras confirmarse el cierre de cerca de 2.000 servicios de salud y una alarmante sobreocupación que alcanza el 220.7% en unidades de alta complejidad y urgencias.
Ante este panorama, la gobernadora Dilian Francisca Toro expidió la circular 1.220-1101-128, declarando formalmente la emergencia humanitaria en 40 municipios, con el objetivo de implementar contingencias inmediatas que permitan preservar la vida de los ciudadanos y evitar que el sistema de atención se desmorone por completo en el corto plazo.
La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, fue enfática al señalar que la crisis tiene un profundo componente financiero que ha derivado en una cadena de fallas críticas, falta de entrega de medicamentos, reducción de la oferta de servicios y, consecuentemente, un incremento preocupante en la mortalidad esperada y el deterioro de pacientes con patologías crónicas.
“La desatención de las personas produce un empeoramiento de la enfermedad y un incremento de la mortalidad. La situación de prestación de servicios de los vallecaucanos en la actualidad es verdaderamente dramática”, advirtió la funcionaria tras evaluar los datos de la red prestadora en todos los niveles.
Como respuesta legal y contundente a esta parálisis administrativa y operativa, la administración departamental anunció que en las próximas horas se interpondrá una acción popular contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, la ADRESS y la Superintendencia Nacional de Salud. Esta medida busca exigir una intervención urgente del Gobierno Nacional para estabilizar el sistema.
Actualmente, el departamento se mantiene bajo alerta amarilla, mientras el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) coordina activamente la liberación de camas y la optimización de procesos de referencia y contrarreferencia que presentan demoras injustificadas por el bloqueo del sistema.
Para mitigar el impacto inmediato en los usuarios, la Gobernación ha comenzado a articular acciones conjuntas entre el sector público y privado, buscando fortalecer la atención primaria en hospitales de baja complejidad para que estos tengan mayor capacidad resolutiva.
La estrategia apunta a garantizar la asignación efectiva de citas prioritarias y la entrega oportuna de oxígeno domiciliario, elementos vitales que han presentado fallas constantes. Según la Gobernación, este trabajo coordinado es la única vía para descongestionar los servicios de urgencias, que hoy operan peligrosamente al límite de su capacidad operativa y técnica.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana en este momento crítico. Se solicitó encarecidamente a los vallecaucanos acudir a las salas de urgencias únicamente cuando la vida se encuentre en riesgo inminente, priorizando siempre la consulta médica general y los servicios prioritarios.
La secretaria Lesmes subrayó que el fortalecimiento de las instituciones requiere serenidad, respeto estricto por las reglas claras y una actuación conjunta que priorice, por encima de cualquier coyuntura política, el bienestar y la seguridad jurídica de los pacientes en todo el departamento.