La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establecida en 2016 y que expira en 2028, se modificará con un proyecto de Ordenanza aprobado por la Asamblea Departamental. Esto permitirá que se cobre y recaude hasta el 31 de diciembre de 2032.

El impuesto a la seguridad dejaría $15.000 millones anuales. Dichos recursos se invertirán en CAI móviles y cámaras de seguridad. Con cerca de $2000 millones de esta tasa se está conformado un grupo de fuerzas especiales para el Valle.

Según la propuesta, que tendrá su segundo y último debate este miércoles 20 de marzo, la Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ana María Sanclemente Jaramillo, indicó que “el Gobierno Departamental ha planteado una intervención en la seguridad del territorio, lo que conlleva que sus acciones permanezcan en el tiempo y permitan realizar una consolidación efectiva, que garantice la seguridad y la prevención del delito, lo cual hace necesaria la prórroga por 4 años”.

La directiva de la Asamblea del Valle, liderada por Manuel Torres, es la encargada de coordinar la elección de quien estará al frente de la Contraloría Departamental por los próximos cuatro años.

Desde el Consejo de Seguridad Regional del 1 de Enero de 2024, se determinó la necesidad de reforzar las instituciones de seguridad y justicia en el Valle del Cauca, ya que son entidades que juegan un papel importante en la lucha contra problemas como homicidios, extorsión, secuestro, minería ilegal y narcotráfico. Sin embargo, existen deficiencias en cuanto a tecnología, infraestructura y movilidad, las cuales podrían reducirse para mejorar la calidad de vida de los habitantes

Las instituciones que componen la Policía Nacional (Regional 4), las Fuerzas Militares del CCON2, Migración Colombia Regional Occidente, la Fiscalía General de la Nación han presentado necesidades por un total de $463.895 millones, según un diagnóstico realizado por cada uno de los organismos y entregado a la Gobernación.

Cali es la ciudad de Colombia con más cámaras de seguridad: 1450. Se busca ampliar los centros de monitoreo y capacitar y contratar a personas con dificultades de movilidad, en condición de discapacidad, para que hagan la labor de monitoreo.