La entrada en vigencia del Decreto 1474, a través del cual el Gobierno Nacional incrementó el impuesto al consumo de licores, ha generado una profunda preocupación en la Gobernación del Valle del Cauca.
La administración departamental advirtió que esta medida no solo golpeará el bolsillo de los consumidores, sino que pone en grave riesgo las rentas destinadas a sectores fundamentales como la salud, la educación y el deporte.
Según las proyecciones técnicas de la administración, el alza impositiva tendrá un efecto directo y negativo en el precio final de venta.
El análisis sugiere que este encarecimiento derivará en una reducción inminente de los recursos que el departamento percibe para la inversión social, afectando directamente a las poblaciones más vulnerables de la región.
Precios podrían duplicarse
Las estimaciones de la Industria de Licores del Valle (ILV) son alarmantes.
De acuerdo con José Moreno, gerente de la entidad, el incremento por cada botella de aguardiente podría rondar los 30 mil pesos.
Este ajuste transformaría drásticamente el mercado: una botella que antes del decreto oscilaba entre los $39.000 y $42.000, pasaría a costar hoy entre $68.000 y $75.000.
Moreno calificó el panorama como crítico para las finanzas públicas y para la estabilidad de las licoreras regionales.
“De verdad que es una situación muy preocupante, tanto para las rentas del departamento como para las licoreras. Las empresas estatales van a enfrentar un escenario muy complejo”, aseguró el directivo.
La amenaza del contrabando
Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lanzó una advertencia sobre las consecuencias sociales de este incremento.
Para la mandataria, un aumento de tal magnitud en los productos legales abre de par en par la puerta al mercado ilícito y a la adulteración de licores.
“Si se va a aumentar el doble del precio, lógicamente vamos a tener mayor contrabando. Esto generaría una disminución de nuestras rentas cedidas y, lógicamente, no vamos a poder garantizar ese derecho fundamental para nuestros ciudadanos en salud y educación”, señaló de manera enfática la mandataria regional.
Ante este nuevo escenario tributario, que se suma a la apertura de fronteras y al alza en los costos operativos, las licoreras oficiales de todo el país han cerrado filas en apoyo a la postura de los gobernadores.
El gremio sostiene una lucha legítima y constitucional para proteger las rentas departamentales que sostienen el bienestar de los colombianos.
Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.