Por Pavel Vidal, profesor titular, Pontificia Universidad Javeriana Cali, especial para El País
Las medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano en junio de este año constituyen el paquete de reformas más amplio desde el inicio de la Revolución. En términos generales, apuntan a abrir más espacio al sector privado, permitir que las actuales Mipymes evolucionen hacia empresas privadas de mayor escala y participen en la mayoría de los sectores económicos.
También se propone liberalizar la agricultura, permitir operaciones de comercio exterior más directas para privados y cooperativas, facilitar la inversión extranjera, abrir espacios a la inversión de la diáspora, modificar el sistema financiero y crear mecanismos cambiarios más flexibles. Se plantea transformar empresas estatales en sociedades mercantiles y habilitar distintas formas de arrendamiento o venta de activos estatales.
Por ahora, se trata solo de anuncios, su alcance real dependerá de la secuencia, la profundidad y del marco institucional que defina su implementación. Si se ejecutan a cabalidad, van a cambiar de manera importante la estructura del empleo y de la producción en Cuba. El país podría moverse hacia una economía más mixta, con un sector privado con mayor capacidad de generar empleo, ingresos, oferta de bienes y servicios, y encadenamientos productivos.
Las reformas de mercado anunciadas recogen recomendaciones que economistas, empresarios y gobiernos de otros países han planteado durante años al gobierno cubano. Si se aplican de manera efectiva, podrían alejar a la economía de los rasgos más rígidos del modelo estatal centralizado que por décadas ha empobrecido al país.
Para los ciudadanos, el beneficio potencial estaría en disponer de mayores espacios para invertir, emprender y generar ingresos fuera de la dependencia directa del Estado.
Las reformas se anuncian en una situación interna extremadamente crítica. La economía cubana lleva varios años de contracción productiva, inflación elevada, depreciación del peso y extendidas limitaciones para el acceso a alimentos, medicinas y transporte.
Se ha venido acumulando un notable deterioro de los servicios públicos que afecta en gran medida la cobertura y calidad de los servicios médicos y que ha llevado a una crisis energética que provoca apagones de días.
El deterioro de la vida cotidiana y el empobrecimiento social lleva años, pero en 2026 se ha agravado debido a la pérdida de las alianzas comerciales con Venezuela (una vez que Maduro pierde el poder), y debido a la imposición de más sanciones por parte de la administración Trump.
Las sanciones de Estados Unidos han aumentado el aislamiento financiero, comercial y energético de Cuba. Las nuevas medidas de Washington han ampliado la presión sobre sectores estratégicos de la economía cubana y han aumentado el riesgo para empresas, bancos e inversionistas internacionales que operen con entidades cubanas.
En esas condiciones, las reformas internas pueden mejorar incentivos, pero difícilmente producirán resultados suficientes si no se acompañan de algún tipo de negociación con Estados Unidos que flexibilice sanciones, abra canales de financiamiento y entrada de petróleo, facilite viajes, remesas e inversión de la diáspora y reduzca los obstáculos legales que hoy limitan la llegada de capital externo.
Reconocer los beneficios potenciales de las medidas no implica asumir que sus resultados están garantizados. El impacto real del paquete dependerá de condiciones que hoy siguen siendo inciertas. Tres limitaciones resultan especialmente importantes: la credibilidad política de quienes anuncian las reformas, la secuencia con que se apliquen las medidas y la disponibilidad de financiamiento.
Las reformas anunciadas pueden generar incentivos económicos y abrir espacios al mercado, pero su implementación requiere recursos. Cuba no es miembro de las principales instituciones financieras internacionales como el FMI, el Banco Mundial o el BID, no cuenta con un paquete de ayuda y financiamiento para apoyar el ajuste estructural de su economía.
Sin duda, la principal limitación es la credibilidad. Al gobierno cubano le creen poco dentro y fuera de Cuba. La experiencia previa pesa: en otros momentos se anunciaron cambios que luego no se aplicaron, se ejecutaron parcialmente o fueron revertidos cuando comenzaron a generar efectos incómodos para el control político y administrativo. Por eso, la pregunta central no es solo si las medidas son correctas en el papel, sino si serán sostenidas en el tiempo.
Esa duda aumenta porque las reformas se anuncian, por ahora, sin cambios políticos ni institucionales visibles. No se ha modificado la Constitución, no se ha definido con claridad un nuevo modelo económico, no se ha renovado suficientemente el discurso oficial ni se han creado garantías suficientes de transparencia, rendición de cuentas, seguridad jurídica y protección frente a decisiones discrecionales.
Es probable que en el corto plazo lleguen capitales familiares, inversiones pequeñas y recursos de la diáspora para aprovechar oportunidades puntuales. Pero para atraer capital institucional, inversión extranjera de mayor escala y proyectos de largo plazo, harán falta cambios jurídicos, políticos e institucionales más profundos, capaces de ofrecer garantías, previsibilidad y confianza.
Un punto especialmente sensible será la forma en que se organicen los procesos de venta de activos estatales, la conversión de empresas públicas en sociedades mercantiles y la eventual privatización de empresas. Estas transformaciones tocan el núcleo de la propiedad y, por tanto, pueden definir quiénes acumularán capital en la nueva etapa.
Sin reglas claras, valoración transparente de activos, licitaciones abiertas, supervisión independiente y garantías de competencia en igualdad de condiciones, existe el riesgo de que el proceso derive en corrupción, tráfico de influencias o captura de activos por parte de potenciales oligarcas.
También habría que evitar que, en el marco de una eventual negociación con Estados Unidos, esos activos terminen concentrándose exclusivamente en capitales estadounidenses o en grupos con ventajas de acceso.
Una reforma de propiedad de esta magnitud requiere transparencia y mecanismos que permitan una participación amplia, competitiva y fiscalizable de distintos actores nacionales, de la diáspora e internacionales.
En las próximas semanas habrá que seguir dos procesos decisivos. El primero será la publicación de los decretos, regulaciones y leyes que deberán convertir estos anuncios en reglas concretas de funcionamiento económico. Solo entonces podrá evaluarse con mayor precisión hasta dónde llega la apertura, qué límites se mantienen y qué garantías reales tendrán los nuevos actores económicos.
El segundo, será la evolución de las conversaciones con Estados Unidos, especialmente en materia de sanciones a empresas extranjeras, inversión de la diáspora y restricciones a la entrada de petróleo. La combinación entre implementación interna y entorno externo determinará el impacto efectivo de las medidas.