Con 73 votos a favor y 11 en contra, la plenaria del Senado de la República aprobó la solicitud del expresidente Gustavo Petro para ausentarse del país durante el año posterior a la finalización de su mandato.
La decisión se tomó a través de una proposición alternativa presentada por la bancada del Centro Democrático, la cual establece que el exmandatario deberá notificar previamente a la corporación sobre las fechas y destinos específicos de cada uno de sus viajes.
La petición formal había sido radicada por el exjefe de Estado el pasado lunes 10 de agosto.
En la misiva, el exmandatario argumentó que sus desplazamientos al exterior responden a compromisos de carácter personal, social, político y académico.
Este trámite obedece a la figura del “arraigo constitucional”, mecanismo que exige a los expresidentes contar con la autorización previa del Congreso para abandonar el territorio nacional durante los 12 meses siguientes a la entrega del cargo, evitando así incurrir en un eventual abandono de funciones.
“¿Dónde está Carlos Ramón González? Está prófugo de la justicia; ¿dónde está César Manrique? Prófugo de la justicia... Gustavo Petro tiene múltiples procesos en la Comisión de Acusación”, cuestionó el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, al justificar su voto en contra de la proposición.
El debate de la solicitud, programado inicialmente en el quinto punto del orden del día de la sesión de este miércoles 12 de agosto, fue adelantado a petición de la bancada del Pacto Histórico tras la elección de Jorge Eliécer Laverde como nuevo contralor general.
La jornada estuvo marcada por intensas discusiones entre los sectores de oposición que exigían la permanencia de Petro en el país para responder por las indagaciones en su contra, y parlamentarios que apelaron a la equidad frente a permisos concedidos a otros exmandatarios.
“Si es por denuncias, ningún expresidente habría podido salir del país”, afirmó el senador liberal Héctor Olimpo Espinosa durante su intervención, al defender que se le otorgue el permiso al exjefe de Estado tal como se ha realizado históricamente con otros exgobernantes.
Con la aprobación de la medida y el requisito fijado de detallar su agenda internacional, el Senado dio trámite a la norma constitucional, mientras que sectores políticos vincularon los consensos de la jornada con los apoyos registrados durante la previa elección del Contralor General.