Este lunes se dio a conocer que desde el Consejo Gremial se radicó un documento de 45 páginas pidiendo a la Corte Constitucional el hundimiento total del decreto de Emergencia Económica, firmado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Dicho documento, que fue firmado por Natalia Gutiérrez Jaramillo, en calidad de Presidente y representante legal del Consejo Gremial Nacional, solicitó la inexequibilidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”.
En la misiva, la funcionaria estructuró en tres partes su postura, reconstruyendo los antecedentes fácticos y jurídicos del decreto legislativo, así como las razones expuestas por el Gobierno Nacional para declarar el estado de emergencia económica y social.
“Como síntesis de mi intervención, esta se enfocará en demostrar que el Decreto 1390 de 2025 (i) no satisface exigencias formales (firma válida de todos los ministros competentes), y (ii) no cumple los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia, al fundarse en circunstancias estructurales, previsibles o atribuibles a la gestión ordinaria del Estado, impropias del estándar estricto del artículo 215 de la Constitución”, destacó Gutiérrez en el documento.
Cabe decir que la medida otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo para dictar decretos con fuerza de ley que permitieran y permitan conjurar una supuesta crisis económica y fiscal.
Dicha decisión, se tomó tras la no aprobación en el Congreso de los proyectos de Ley de Financiamiento para las vigencias 2025 y 2026, los cuales buscaban recaudar $12 billones y $16.3 billones, respectivamente.
Por ello, el Gobierno anunció en días pasados, que tal emergencia económica incluiría un IVA del 19 % para licores y juegos de suerte y azar en línea. Asimismo, un impuesto del 1 % para la extracción del carbón. También contemplaría un impuesto al patrimonio, un incremento en la contribución por ganancias ocasionales y nuevos gravámenes a la gasolina. Además del gravamen de movimientos financieros de 5x1000.
Así, y según Gutiérrez Jaramillo, “la renuncia del Ejecutivo a activar estas herramientas no obedece a una imposibilidad jurídica o material, sino (como resulta evidente) al costo político y social que implicaría reconocer la inviabilidad fiscal de ciertas metas, ajustar prioridades del Plan Nacional de Desarrollo o asumir públicamente la necesidad de recortes. No obstante, el régimen de los estados de excepción no está diseñado para relevar al Gobierno de los costos propios de la deliberación democrática ni para sustituir decisiones impopulares por decretos legislativos, sino para enfrentar situaciones extremas que no puedan ser conjuradas dentro del orden institucional ordinario”.
En el texto, la representante legal del Consejo Gremial Nacional, también afirma que, la tesis de la insuficiencia resulta internamente contradictoria si se considera que el propio Gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal, ampliando deliberadamente sus márgenes de déficit y endeudamiento.
“No es jurídicamente sostenible afirmar, de un lado, que el ordenamiento permitió flexibilizar las reglas fiscales estructurales y, de otro lado, que no existían instrumentos ordinarios para enfrentar la situación”, acotó Gutiérrez.
Y añadió, “resulta cuando menos contradictorio que el Gobierno invoque una situación de insuficiencia fiscal extraordinaria y, de manera simultánea, haya decretado en diciembre de 2025 un incremento del salario mínimo sustancialmente superior al que se encontraba en discusión, decisión que, según el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), generará un déficit fiscal adicional para 2026 estimado en al menos $5,3 billones”.