El nombre de Juliana Guerrero irrumpió con fuerza en la escena pública colombiana cuando, a sus 23 años de edad, emergió como una prometedora líder estudiantil del departamento del Cesar.
Su vertiginoso ascenso la llevó a desempeñarse rápidamente como jefa de despacho en el Ministerio del Interior, contando en su momento con el respaldo explícito de la jefatura de Estado, que la presentó ante el país como un símbolo de liderazgo para la juventud dentro del proyecto del progresismo político.
Sin embargo, su carrera comenzó a quedar empañada por recurrentes episodios de controversia mediática e institucional.
Una de sus primeras polémicas surgió tras revelarse el presunto uso irregular de aeronaves pertenecientes a la Policía Nacional, en las cuales se habría desplazado junto a su hermana Verónica para participar en sesiones del consejo superior de la Universidad Popular del Cesar, institución educativa donde ejercía representación oficial en nombre del Gobierno.
El escenario para la excolaboradora empeoró a mediados de 2025, cuando su postulación para asumir el cargo de viceministra de las Juventudes desató fuertes cuestionamientos sobre su idoneidad académica.
En cuestión de días, su hoja de vida sufrió modificaciones sospechosas, transitando de un nivel técnico a certificar títulos profesionales expedidos por la Fundación San José, los cuales no cumplían con los requisitos legales exigidos. Ante estas anomalías, la Fiscalía General de la Nación le imputó formalmente el delito de fraude procesal.
La crisis en torno a su perfil alcanzó un nuevo pico tras las recientes revelaciones formuladas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia.
La funcionaria denunció públicamente que la joven continuaba ejerciendo presiones indebidas en los pasillos de la Casa de Nariño, actuando como una figura de influencia para nombrar o remover personal en distintas dependencias del Estado a pesar de carecer de vinculación formal.
A este expediente judicial y político se sumó una investigación periodística que salpica a la exasesora y a su hermana en una presunta red de tráfico de influencias. Según los testimonios y chats revelados, ambas habrían exigido sumas millonarias a empresarios de Santander, Norte de Santander y Valle del Cauca a cambio de la adjudicación de contratos en carteras clave como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda, cobrando anticipos de hasta 200 millones de pesos.
Frente a la cascada de pruebas divulgadas por los medios de comunicación, el propio presidente Gustavo Petro reaccionó de manera pública exigiendo que, de comprobarse la recepción de dineros ilícitos, los recursos sean devueltos de inmediato a los particulares afectados.