El presidente del Consejo de Estado, magistrado Alberto Montaña Plata, advirtió que la gente tiene derecho a opinar sobre las decisiones judiciales, siempre y cuando no se atente contra la independencia judicial.
Así lo manifestó al expresar su preocupación por la seguridad física de los togados en medio de la agitación política desatada tras la suspensión provisional del decreto presidencial que aumentó el salario mínimo.
En diálogo con Noticias RCN, el jurista, quien acumula más de siete años en la corporación, explicó que la Comisión Interinstitucional se vio obligada a emitir un pronunciamiento conjunto al identificar un escenario hostil contra la rama, pues desde las altas cortes “percibimos no solo irrespeto, sino manipulación de las decisiones judiciales”.
Aunque el magistrado reconoció que los fallos tienen inevitables impactos políticos, económicos y sociales que generan reacciones naturales en un Estado democrático, trazó una línea roja frente a la instrumentalización de la justicia.
Montaña Plata señaló que existen vías legales para impugnar las sentencias sin presionar a los jueces. Aunque admitió que los fallos generan debate natural, advirtió que esas reacciones “no deben interferir en la independencia judicial” ni usarse para manipular la opinión pública con intereses ajenos al derecho.
Ante la molestia de gremios y sindicatos, el magistrado aclaró que el alto tribunal “no atenta contra trabajadores ni contra empleadores”. Montaña explicó que la suspensión del decreto obedeció a razones técnicas y que la discusión “ni siquiera tuvo que ver con la disminución” del monto del salario, sino con la forma en que se expidió la norma.
La tensión escaló luego de que el presidente, Gustavo Petro, convocara a manifestaciones en respuesta a la decisión judicial. Aunque Montaña Plata reiteró el respeto de la corporación por el derecho constitucional a la protesta, advirtió sobre los peligros de trasladar la presión a los estrados. “Cuando esas manifestaciones afectan la independencia judicial, afectan la seguridad de los jueces, entonces ahí tenemos que reaccionar”, afirmó.
El magistrado ilustró la gravedad de la situación revelando un incidente reciente que puso en riesgo la integridad de los funcionarios judiciales, situación que motivó la reacción de la Comisión Interinstitucional, la cual agrupa a los presidentes de las altas cortes y a la Fiscal General.
“El lunes amanecimos con unas marchas de algunos grupos étnicos que protestaron, eso tuvo implicaciones en jueces de los contenciosos administrativos, que no pudieron salir de sus lugares de trabajo, en magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no pudieron salir”, denunció Montaña.
Finalmente, el presidente del Consejo de Estado hizo un llamado a la ciudadanía para comprender que “los jueces actuamos con fundamento en la independencia” y solicitó que la movilización social, aunque legítima, no se convierta en un mecanismo de coacción contra los tribunales superiores del país.