Este martes, la Cámara de Representantes se reunió para avanzar en el segundo debate del proyecto de ley de sometimiento a la justicia, una iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella que busca reforzar una ofensiva contra las organizaciones criminales.
En ese sentido, el presidente del Congreso, Honorio Henriquez, se pronunció sobre el desarrollo del debate y aseguró que el proyecto ha contado con garantías para la participación de los congresistas, incluidos los integrantes de las bancadas de oposición.
Durante su intervención, el senador indicó que entre las jornadas del viernes y la sesión actual se han acumulado cerca de 10 horas de discusión, en las que han participado alrededor de 40 senadores.
Según explicó, varios de ellos han intervenido en más de una ocasión, principalmente congresistas de la oposición, por lo que afirmó que han existido espacios para expresar sus posiciones frente a la iniciativa.
“Si esas no son garantías, que me expliquen qué son las garantías. Y aquí estamos para un debate franco, directo a los colombianos. Aquí no estamos tapando nada, aquí estamos debatiendo como se tiene que debatir, e insisto, añoro que nos hubiesen dado en el pasado las mismas garantías”, reiteró Henriquez.
Mientras tanto, el proyecto de ley de sometimiento entra en su recta final, con solo dos jornadas para ser aprobado en sus dos últimos debates.
El lunes festivo, la Cámara de Representantes sesionó y aprobó por 99 votos a favor y 39 en contra la ponencia a favor de la aprobación de la ley.
La aprobación se dio, sin embargo, en medio de una controversia entre la bancada de gobierno y la de oposición, por un supuesto vicio de procedimiento, pues el representante ponente Daniel Briceño no habría hecho la exposición de su ponencia ante la plenaria, como lo exige la Ley 5 de 1992.
Por ese motivo, la ponencia tuvo que ser votada dos veces, para subsanar el posible vicio de procedimiento. En la primera votación, el resultado había sido de 90 votos por el sí y 44 votos por el no.
Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser aprobada por las plenarias de Cámara y Senado y tendrá que ser sometida a conciliación en caso de que haya discrepancias entre los textos aprobados en ambas corporaciones. Y todo esto deberá llevarse a cabo antes de que pierda vigencia la actual Ley de Orden Público, que rige hasta el 4 de noviembre.
*Con información de Colprensa.