Ley de sometimiento avanza a contrarreloj en la Cámara: estos son los cambios que plantea frente a la ‘Paz Total’ de Petro

La Cámara de Representantes se reunió una vez más para avanzar en el segundo debate del proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, una iniciativa que busca modificar la estrategia del Estado frente a las organizaciones criminales y que ha sido presentada como una alternativa al modelo de ‘Paz Total’ impulsado durante el gobierno de Gustavo Petro.

El proyecto, que fue presentado por el Gobierno con mensaje de urgencia, tiene un calendario ajustado para completar su trámite en el Congreso.

La intención, es crear un régimen de sometimiento individual o colectivo de actores armados ilegales, con entrega de armas, información y bienes.

Cabe decir que, de ser acogida, esta ley contemplaría rebajas de penas de hasta el 50% para integrantes de base y del 30% para quienes ejercieron posiciones de liderazgo en estructuras criminales, claro que, rebajas condicionadas a aportes de verdad, reparación a las víctimas y entrega de bienes.

Eso, además de obtener beneficios como ingresar a centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas para quienes se acojan al mecanismo. Aunque nada de esto implicaría suspensión de órdenes de captura o procesos de extradición.

Ante ello, el representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, defendió esta diferencia durante la discusión y calificó el mecanismo como un proceso de “sometimiento puro y duro”.

“La propuesta a cuatro años de negociaciones ampliaron la presencia territorial de esos grupos y el reclutamiento. La ley busca que los delincuentes acepten las condiciones del Estado, y no al revés”.

No obstante, aunque la iniciativa ha conseguido avanzar en el Congreso, su discusión también ha dejado en evidencia las diferencias entre los sectores políticos sobre la manera en que el Estado debe enfrentar a las estructuras criminales.

Durante el debate, la representante Catherine Juvinao, de Alianza Verde, pidió no asumir que cualquier proceso que se presente bajo el concepto de paz debe recibir automáticamente el respaldo de la ciudadanía.

“Cualquier diálogo o cualquier proceso de paz, por contener la palabra paz, ya merece nuestra confianza automática. Y eso no es así”, expresó.

Sin embargo, la congresista también advirtió sobre el riesgo de que los fracasos de anteriores negociaciones lleven al país a renunciar a la búsqueda de soluciones al conflicto armado.

“La paz no es de la izquierda o de la derecha. La paz ni siquiera es un proceso. La paz es una decisión obstinada y terca de una sociedad que no está dispuesta a aceptar que la guerra es nuestro destino”, sostuvo.

Desde el Pacto Histórico también se escucharon cuestionamientos. La senadora Carolina Corcho puso en duda la capacidad de la iniciativa para conseguir que las organizaciones criminales efectivamente abandonen sus actividades ilegales. “El problema de este proyecto de ley es que no somete a nadie”, afirmó durante la discusión en el Senado.

Las objeciones también se han concentrado en los alcances de las facultades que tendría el Gobierno para desarrollar los mecanismos de sometimiento y en las garantías necesarias para evitar que los beneficios judiciales terminen favoreciendo a quienes no cumplan sus compromisos.

Hay que decir que, el calendario legislativo es uno de los principales obstáculos para la aprobación de la propuesta. El proyecto debe completar su trámite antes del 4 de noviembre, cuando vence la vigencia de la Ley 418 de 1997.