La excandidata presidencial y senadora Paloma Valencia cuestionó este jueves 23 de julio el Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Gobierno Nacional, al considerar que la norma representa un riesgo para la propiedad privada en Colombia y excede las facultades otorgadas por la ley.
A través de su cuenta en X, la congresista afirmó que el decreto, firmado por el Ministerio de Agricultura cuando restan 16 días para la finalización del gobierno del presidente Gustavo Petro, otorga nuevas facultades a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que, en su concepto, vulneran el marco legal vigente.
Según Valencia, la norma “le permite a la ANT cancelar gravámenes, tomar ‘posesión inmediata’ de predios en el papel sin entrega física y producir efectos registrales con una simple promesa de compraventa”. A su juicio, estas disposiciones implican una modificación del Estatuto Registral mediante un decreto y desconocen las competencias de jueces y registradores.
“El Gobierno acaba de expedir un decreto que pone en riesgo la propiedad privada en Colombia”, escribió la senadora en su red social X.
El Decreto 0765 de 2026 adiciona disposiciones a los decretos 1071 de 2015, del sector Agropecuario; 1069 de 2015, del sector Justicia; y 1068 de 2015, del sector Hacienda, con el propósito de reglamentar aspectos relacionados con el saneamiento de predios adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras para los fines previstos en el artículo 31 de la Ley 160 de 1994.
Entre sus disposiciones, el decreto establece que la Superintendencia de Notariado y Registro deberá crear, antes del 25 de julio de 2026, un código registral especial de carácter exclusivamente publicitario y sin efectos de limitación del dominio para los predios declarados de utilidad pública con fines de reforma agraria y administración anticipada por parte de la ANT.
El documento también señala que la Agencia Nacional de Tierras podrá solicitar esas inscripciones respecto de predios que haya declarado de utilidad pública o sobre aquellos respecto de los cuales exista una promesa de compraventa y el acta de entrega correspondiente.
Valencia también criticó el proceso de expedición de la norma. Señaló que el proyecto estuvo disponible para comentarios en el portal SUCOP únicamente entre el 2 y el 8 de julio y que fue firmado el 15 de julio por ministros encargados.
“Un decreto ilegal e inconstitucional terminará cayéndose en el Consejo de Estado, pero, mientras tanto, provocará afectaciones a la propiedad y transferencias de tierras sumamente difíciles de revertir”, manifestó.
Finalmente, la senadora sostuvo que, si la norma es anulada en el futuro, el Gobierno intentará responsabilizar a terceros por sus efectos. “La reforma agraria no puede construirse destruyendo el Estado de derecho”, concluyó.