El expresidente Gustavo Petro firmó, en los últimos días de su mandato, una serie de nombramientos en notarías que generaron polémica pública y cuestionamientos sobre criterios y afinidades políticas.
Entre esas designaciones figura la entrega de la Notaría 78 de Bogotá a Efvanni Paola Palmariny Peñaranda, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidenta comercial de Colpensiones, entidad dirigida por Jaime Dussán.
La coincidencia no es menor: Dussán fue el director de Colpensiones durante buena parte del gobierno anterior y es señalado en la prensa como un aliado político cercano al entorno que, en distintos momentos, ha tenido vínculos con el actual gobierno.
Palmariny llegó a Colpensiones en 2023, inicialmente nombrada por Dussán como vicepresidenta de Riesgos, y en 2024 fue trasladada a la Vicepresidencia Comercial. Su paso por la entidad estatal no estuvo exento de controversia: la Procuraduría abrió en 2024 una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el cumplimiento de requisitos para ocupar el cargo y por una posible inhabilidad o conflicto de intereses derivado de su condición de miembro de la junta directiva de Colpensiones; en 2025 se conoció otra indagación por supuestas irregularidades en procesos de contratación pública. Hasta ahora no hay registros públicos claros sobre el avance o las conclusiones de esos procesos.
La relación personal entre Dussán y Palmariny también fue objeto de atención mediática: en agosto de 2024 se difundió un video en el que ambos aparecen en un gesto afectuoso en una discoteca, lo que motivó cuestionamientos sobre la conveniencia de la relación en el marco de una relación jerárquica entre presidente de la entidad y su vicepresidenta.
Ese episodio llevó al sindicato de trabajadores del sector pensional a exigir investigaciones y a pedir claridad sobre posibles conflictos de interés y la idoneidad de los nombramientos.
La entrega de la Notaría 78 a Palmariny se inscribe en lo que la prensa ha llamado una “decretatón” de notarías: en los últimos días de su gobierno Petro firmó múltiples nombramientos en notarías, algunos de ellos a personas con perfiles políticos o con vínculos con sectores afines al oficialismo, entre ellos excongresistas y dirigentes locales.
Ese paquete de nombramientos ha sido criticado por opositores y analistas que consideran que la asignación de notarías debería regirse por criterios técnicos y de mérito, y no por afinidades políticas o personales.
Desde el punto de vista institucional, la designación de un notario implica la transferencia de una función pública con responsabilidades civiles y administrativas relevantes: las notarías son oficinas encargadas de dar fe pública, tramitar escrituras, registros y actos jurídicos que afectan derechos de terceros.