El Libro de la Verdad, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, pone en el centro de la atención pública un hallazgo que exige explicaciones y acciones concretas: el Ministerio de la Igualdad, actualmente en proceso de liquidación, habría comprometido recursos por $1,7 billones sin dejar registro de obligaciones ni pagos formales, mientras realizaba traslados de fondos sin actos administrativos que los respaldaran.
Esa cifra, que supera ampliamente el umbral de un billón de pesos señalado en el encargo informativo, no solo representa un posible desorden contable, sino que plantea dudas sobre la trazabilidad de los recursos, la existencia de controles internos y la responsabilidad administrativa de quienes autorizaron esos movimientos.
El informe, de 135 páginas, documenta además presuntas irregularidades por más de cinco billones de pesos en la administración anterior, y ha sido remitido a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para que adelanten las investigaciones correspondientes.
La gravedad del hallazgo en el Ministerio de la Igualdad radica en varios puntos: primero, la ausencia de actos administrativos que justifiquen el traslado de recursos impide verificar si hubo cumplimiento de la normativa presupuestal y contractual.
En segundo lugar la falta de registro de obligaciones o pagos sugiere que los compromisos financieros no fueron formalizados en los sistemas contables, lo que dificulta auditar el destino final del dinero; tercero, el hecho de que la entidad esté en liquidación complica la recuperación de información y la rendición de cuentas, y obliga a las autoridades a actuar con rapidez para preservar pruebas y evitar la dispersión de activos o documentos clave.
En conjunto, estos elementos configuran un escenario en el que la transparencia y la legalidad parecen haber sido vulneradas, y donde la fiscalización externa se vuelve indispensable para determinar responsabilidades.
El contexto que aporta el Libro de la Verdad muestra además un patrón de alertas en otras áreas del Estado que refuerzan la necesidad de una investigación integral.
En salud, por ejemplo, la intervención de ocho EPS que agrupaban 27,8 millones de afiliados dejó un saldo de más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos entre 2022 y 2026, con 640.000 casos relacionados con medicamentos no entregados.
En el Fondo de Tierras, se reportaron 351.000 hectáreas entregadas, pero solo el 7 % de la meta entre 2022 y 2026 cuenta con registros, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de campesinos que creen tener títulos. Y en el sector energético, Air-e pasó de un patrimonio positivo en 2023 a pérdidas millonarias en 2025, según el documento.